EL MUNDO 11/04/13
· Pese a la inusitada contundencia del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a introducir el castellano en la clase del alumno que lo pida, la Generalitat vuelve a la desobediencia y desoye una instrucción que avala el bilingüismo en las aulas y rechaza el modelo de inmersión con el catalán como única lengua vehicular.
«No contemplamos la posibilidad de ejecutar esta resolución en sus propios términos». Así de clara y sin matices fue ayer la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, que defendió la validez de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) por encima de los dictámenes judiciales. El fallo, con fecha de 6 de marzo, da la razón a 10 familias que habían pedido la escolarización en castellano para sus hijos entre finales de 2012 y principios de este año pese a las trabas administrativas y los recursos interpuestos por el Ejecutivo de CiU.
Con que sólo haya un alumno que lo reclame, las clases deberán impartirse en castellano. Así de claro lo fija un auto hecho público ayer por el TSJC en relación a los casos de 10 familias que reclamaron el español como lengua vehicular para sus hijos. «El sistema ha de adaptarse a toda la clase (o unidad escolar) de la que forma parte ese alumno. Lo acordado afecta al alumno juntamente con sus compañeros».
Esta resolución ratifica el fallo del Supremo de finales de febrero, que instaba a la Generalitat a «proceder a la entera transformación» del sistema de enseñanza para introducir el español en las aulas.
Eso sí, la proporción entre catalán y castellano queda en manos de la propia Generalitat, aunque debe ser equitativa y «sin desequilibrios», según se desprende de la resolución del TSJC. El fallo no sólo da la razón a esas 10 familias que han pedido la educación en castellano para sus hijos, sino que también supone un varapalo para el Govern, al que ordena que «tome cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza lingüística». De hecho, la sentencia de febrero de este mismo año ya introducía la figura de los «condiscípulos». Es decir, que debe adoptarse el español en la clase, el curso y colegio del alumno que lo solicite.
Después de la sentencia del Supremo, el matiz del TSJC cobra aún más importancia: la atención personalizada con la que se escuda la Generalitat frente a aquellos alumnos que pidan ser educados en español carece de validez, ya que supondría separar a los estudiantes por razón de lengua. A partir de ahora, la enseñanza en castellano deberá ser para toda la clase y no sólo para la persona que lo solicite. Por si fuera poco, el fallo conocido ayer también recuerda que el Supremo ya estableció en junio de 2012 el derecho del alumno «a recibir la enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano», además de subrayar que «la atención individualizada en castellano conduce a una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos clase por razón de lengua habitual».
Este último punto, el más importante, es a su vez el que más ha irritado al Ejecutivo catalán, que sigue en sus trece de orillar las sentencias judiciales con la imposición de un modelo de atención personalizada. Esto supone que los profesores se dirijan al alumno que lo ha pedido en castellano y refuercen su aprendizaje en esta lengua mediante ejercicios y explicaciones complementarias, a pesar de seguir impartiendo las clases sólo en catalán.
Con un voto particular, la resolución también estima que debe ser la Generalitat la que decida cómo y en qué proporción introducirá el castellano en las aulas. No es función del tribunal «sustituir a la Administración en el ejercicio de una potestad propia».
Sin embargo, también apunta que el Govern debe modificar puntualmente el sistema si así lo establecen los tribunales que «controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa», y recuerda que el derecho fundamental a la educación que recoge la Constitución no se refiere a que se reciba la enseñanza sólo en una de las lenguas oficiales. Según el TSJC, lo normal es que se imponga una «enseñanza bilingüe, conjunta en las dos lenguas oficiales de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas».
Los 10 padres que han reclamado la escolarización en castellano para sus hijos proceden de cinco centros de la provincia de Barcelona, tres de Tarragona y dos de Gerona.
A pesar del mazazo judicial a favor del bilingüismo y en contra del modelo de inmersión catalán, la Generalitat ha lanzado una ofensiva en toda regla al oponerse frontalmente a aplicar esta sentencia. «La lengua de una clase no se puede cambiar porque un padre lo pida», resumió ayer la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, en una comparecencia urgente, programada nada más conocerse el fallo.
Según su propia versión, la lengua vehicular de los centros deriva de un proyecto educativo y lingüístico propio aprobado por el Consejo Escolar y avalado por la Ley de Educación de Cataluña (LEC).
Por tanto, el Ejecutivo catalán defiende que las peticiones individuales de familias catalanas no cambien el idioma con el que se enseña en la escuela. «La lengua de una aula no puede cambiar porque un solo alumno lo pida. La voluntad de un padre no puede incidir sobre el programa y el proyecto solicitado por el resto de familias», sentenció ayer Irene Rigau.
Es por ello que el Govern continuará haciendo de la lengua su cruzada particular y seguirá «exprimiendo al máximo una política de defensa total del modelo lingüístico». «Lamentamos tener que defender continuamente nuestro modelo, pero no nos cansaremos de hacerlo. No contemplamos ejecutar la resolución en los propios términos en los que se presenta», advirtió Rigau, quien rebajó la resolución del TSJC al tratarse sólo de «medidas cautelares» y anunció un recurso para no tener que aplicar las reformas que marca el TSJC y así alargar al máximo este proceso.
La Generalitat quiso dejar claro ayer, apenas unas horas después de conocerse el auto, que la atención personalizada es lo único que admite para garantizar el castellano a aquellos padres que lo pidan. Es más, para el Govern, la norma catalana que regula la educación está por encima del Alto Tribunal y se escuda en ella para defenderse de las sentencias a favor del bilingüismo. La propia consejera recordó ayer que la LEC deja claro en qué franjas de edad las familias pueden solicitar para los alumnos una atención individualizada en castellano, además de destacar que el proyecto lingüístico de cada centro no es una cuestión que se pueda cambiar «de un año para otro».
Rigau tampoco dudó en defender la vigencia del modelo de inmersión lingüística en las aulas catalanas y recordó el «consenso político y social» que obtuvo la LEC aprobada en 2009, en época del tripartito.
De hecho, la mayoría de los partidos catalanes (PSC, ERC, ICV y las CUP) se apresuraron ayer a mostrar su apoyo al Govern en su cruzada a favor de preservar el catalán como única lengua vehicular en las escuelas. Tan sólo PP y Ciutadans celebraron el auto del TSJC y reclamaron a la Generalitat que acate de inmediato las medidas cautelares decretadas. «El Govern está en su derecho de recurrir al Tribunal Supremo, pero también tiene la obligación de adoptar las medidas cautelares y si no lo hace es insumisión a los tribunales», advirtió ayer la diputada popular María José García-Cuevas.
Hoy ya hay convocadas las primeras protestas a favor de la escuela en catalán. Entre ellas destaca un escracheorganizado por las CUP de la localidad barcelonesa de La Garriga en casa del presidente de Ciutadans, Albert Rivera. Los organizadores recomiendan a los participantes acudir con «cacerolas y pancartas».
EL MUNDO 11/04/13