EL MUNDO 07/03/13
Ruiz-Gallardón pide a los jueces que se abstengan de participar en el debate soberanista
El día siguiente a la renuncia de Martín Rodríguez Sol como fiscal superior de Cataluña vino marcado por el respaldo recibido desde el tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Su presidente, Miguel Ángel Gimeno, emitió un escueto comunicado en el que destacó la «profesionalidad y honestidad» de Rodríguez Sol en el ejercicio de sus funciones al frente de la Fiscalía Superior de Cataluña, así como su «sensibilidad y respeto hacia los valores de la sociedad catalana».
Gimeno, que pertenece a la asociación progresista Jueces por la Democracia, también agradeció la «firmeza» del hasta ayer fiscal superior catalán en «sus convicciones democráticas». Además, añadió que «el profundo respeto por las posiciones de los otros lo hacen un ejemplo a seguir por el resto de los servidores públicos».
Rodríguez Sol presentó el pasado martes su dimisión ante la Fiscalía General del Estado, después de que le abriesen expediente por las declaraciones en las que se mostró a favor de una consulta en Cataluña. Ante la polémica que generaron sus palabras, el propio fiscal emitió un comunicado en el que rechazaba su apoyo a «un proyecto secesionista»
El consejero catalán de Justicia, Germà Gordó, también lamentó la renuncia de Rodríguez Sol y alabó su lealtad institucional y su voluntad de diálogo. Por su parte, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, afirmó a Europa Press que el expediente abierto a Rodríguez Sol es un «atentado» contra la libertad de expresión. «Es como si volviésemos al autoritarismo, con una visión muy cerrada de España», añadió.
En el lado contrario, también se escucharon voces a favor de la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de iniciar el trámite de remoción a Sol, que a la postre supuso su renuncia. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, advirtió de que jueces y fiscales deben abstenerse de entrar en el debate soberanista, porque quedaría «contaminado». En declaraciones a RNE, Ruiz-Gallardón indicó que «el contenido mismo de las declaraciones y de que hayan sido en un sentido y en otro, que hayan sido coincidentes o discrepantes con unas u otras opiniones, eso no es lo importante».
Para el ministro, «lo importante es que jueces y magistrados saben, porque lo dice su ley y además el sentido común, que pueden ser convocados a dirimir el conflicto último que se plantee si hay discrepancia por ejemplo entre distintos poderes del Estado, y que se tienen que abstener de participar en ese debate». Además, añadió que «en este caso no se produjo esa actitud de abstención», sino que hubo «participación y es por lo que abrió el expediente correspondiente el fiscal general».
El ministro de Justicia añadió que «no es un problema de limitar la libertad de expresión ni muchísimo menos», porque eso está «perfectamente regulado» tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como en el Estatuto del Ministerio Fiscal. «Jueces y fiscales tienen una serie de limitaciones que no tienen el resto de los ciudadanos y eso es precisamente en garantía de su función, porque si un juez o un fiscal participa en un debate de carácter político en el que después puede tener que intervenir, queda absolutamente contaminado», destacó.
El ministro insistió en que si un magistrado del Tribunal Constitucional o del Supremo «emite una opinión sobre un asunto de carácter político que después, por vía de recurso de inconstitucionalidad o por vía de recurso contencioso-administrativo, él tiene que resolver queda directamente contaminado», una situación que también extendió a la Fiscalía. «Si después son llamados en su condición de fiscal o de magistrado a dictar una sentencia o a formular un escrito en relación con eso, les van a decir y con razón que han perdido su independencia, que pierden su objetividad», destacó.