ABC – 14/10/15
· Consejeros de la Generalitat, entre ellos el de Justicia, arroparon a Rigau y Ortega mientras centenares de manifestantes protestaban ante la sede del tribunal.
· «Es un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial, y un aún más inadmisible cuando responde a una estrategia de responsables públicos».
Los independentistas catalanes calificaron de «juicio político» la imputación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos miembros de su gobierno –Irene Rigau y Joana Ortega– por organizar la consulta secesionistaa del 9-N, después de que Fiscalía pre- sentara una querella contra ellos porr desobediencia, prevaricación y mal- versación. Son los mismos indepen- dentistas que ayer, por centenares y convocados por entidades como la ANC,, la AMI y Òmnium Cultural, se manifes- taron frente a la sede del Tribunal Su- perior de Justicia de Cataluña para arro- par a Rigau y Ortega en su cita para de- clarar y protestar por su imputación. . Al grito de «¡independencia!».
«Las urnas no se imputan» Centenares de personas, convocadas por las entidades independentistas ANC, AMI y Òmnium, se concentraron ante la sede del TSJC para jalear a Rigau y Ortega y protestar contra su imputación. «Las urnas no se imputan», fue uno de sus lemas coreados. Para mañana, cuando declare el presidente Artur Mas, se prevé una concentración aún más masiva.
Por la tarde, se convocaron concentraciones ante los ayuntamientos –en Barcelona, participó Ada Colau– y mañana se repetirán las acciones ante el TSJC cuando el propio Artur Mas acuda ante el juez.
Con una celeridad nada habitual, la sala de gobierno del TSJC emitió ayer un comunicado para descalificar los actos de apoyo. «Son un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial», señaló. «Y un cuestionamiento aún más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones en el gobierno». Cargos públicos como los consejeros del gobierno de la Generalitat, que ayer acudieron en pleno al Palacio de Justicia, sede del TSJC, para escenificar su apoyo a Rigau –a las 10:00 horas– y a Ortega, a las 16:00 horas. Entre ellos, el consejero de Justicia, Germà Gordó. Junto a ellos, miembros de la candidatura de Junts pel Sí y de la CUP, como su cabeza de lista Antonio Baños. Muchos se apuntaron a cantar «Els Segadors», himnoh de Cataluña.
Artur Mas, que por la mañana se vio fugazmentefu con el Rey en el Fórum Iberoamérica,Ib no acudió ni por la maññana ni por la tarde, alegando supuestos problemas de agenda. Sí lo hizo el secretario general y consejero de Interior cuando la consulta, Ramon Espadaler, en apoyo a la exvicepresidenta y exconsejera de Gobernación, Joana Ortega, de su partido. Fue recibido con pitos al grito de «botifler». También se llevó algún reproche el candidato de Junts pel Sí del 27-S., Lluís Rabell, que se mezcló entre los manifestantes.
La sala de gobierno del TSJC alertó de que «cuestionar de manera interesada que la actuación de los tribunales de justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política».
El TSJC manifestó que «no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a las puertas del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de jueces y, además, pretender influir en su toma de decisiones».
«Ello supone un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial, poniendo en entredicho uno de los fundamentos esenciales del Estado Constitucional», sostuvo en su nota de prensa la sala de gobierno del TSJC. «Reclamamos responsabilidad a aquellos que tienen el deber de garantizar la convivencia en paz y libertad», añade el documento.
Apoyo del CGPJ
En su comunicado, el TSJC admite que todas las decisiones jurisdiccionales que adopten los jueces «están sometidas al control y a la crítica pública», pero insiste en que la acción de la justicia «necesita de la confianza de la sociedad, fuente, además, de su legimitidad».
El gesto del TSJC recibió el apoyo del pleno del Consejo General del Poder Judicial, que emitió también una nota en la que se aseguraba que su presidente, Carlos Lesmes, que lo es también del Tribunal Supremo, y el pleno del CGPJ hacían suyo el comunicado de los jueces catalanes.
La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, reaccionó al comunicado asegurando que el ejecutivo catalán se sintió «sorprendido» y «desorientado» por la forma y contenido de las críticas del Tribunal Superior catalán. «Siempre hemos colaborado con la justicia y confiamos plenamente en su independencia».
ABC – 14/10/15