O Sánchez y Feijóo llegan a un acuerdo para renovar ya el Consejo General del Poder Judicial o el presidente, Carlos Lesmes, dimite. Con el ultimátum del magistrado, la crisis que vienen padeciendo las instituciones judiciales, agravada durante esta legislatura, ha llegado a una situación límite. El discurso de la máxima autoridad judicial fue duro y contundente. Sin adornos literarios, con urgencias institucionales y emplazamientos a los dos partidos mayoritarios, Congreso y Senado. Leña para todos. Con el Consejo en funciones desde hace más de cuatro años y el bloqueo de las negociaciones entre el PSOE y el PP, los mensajes de Carlos Lesmes se esperaban con manifiesta expectación. Eran conocidos sus reproches al Gobierno ante la ‘contrarreforma exprés’ que permite hacer, ahora sí, dos nombramientos al Tribunal Constitucional pero no al Tribunal Supremo. Por eso, no defraudó. El acto de ayer ya venía precedido de un clima muy tenso. El magistrado había declarado, horas antes, que le parecía «de todo punto inaceptable» que el Consejo General del Poder Judicial recuperara las competencias para hacer nombramientos sólo para el Tribunal Constitucional pero no para el Supremo.
En su discurso dramático de ayer se empleó a fondo en la denuncia del «uso partidista» de la Justicia. Su llamamiento desesperado hacia el respeto a la decisión judicial («entenderlo de otra manera es considerar al Derecho como mera retórica oportunista que puede ser cambiada a conveniencia mediante el simple trámite de neutralizar por diversos procedimientos las sentencias judiciales que no son conformes con el interés político del momento») llevaba implícita su crítica a los indultos. Los pasados con los condenados por el ‘procés’ y los que probablemente vendrán derivados de la causa de los ERE, para mayor gloria de Griñán.
Señala la oposición los movimientos desesperados que ha realizado el Gobierno de la Moncloa para controlar la Justicia. La pretensión de alterar las mayorías en el Parlamento, rebajándolas, para no necesitar de los votos del PP, a la hora de elegir a los jueces, no le salió bien. Topó con la Unión Europea, a donde habían recurrido algunas asociaciones pidiendo amparo. Sánchez insiste en forzar un cambio que le favorezca como si los jueces fueran, para él, togados con carné de partido. Y Feijóo sigue exigiendo lo que pedía el PP desde hace mucho tiempo: que sean los jueces los que elijan a una parte del Consejo, tal como recomienda Europa, aunque durante las legislaturas en que gobernó el partido conservador ellos tampoco lo hicieron.
El emplazamiento de Lesmes al PSOE y el PP ha dejado la pelota en el tejado de Sánchez y Feijóo. Será difícil el acuerdo. ¿Por qué ese interés de Sánchez en renovar sólo el Tribunal Constitucional con una mayoría progresista? ¿El mismo tribunal que declaró inconstitucionales dos de sus estados de alarma? Es el que tendrá que revisar la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Educación, la eutanasia y la Ley del Aborto. Ahí está la respuesta.