Tras años de tolerancia, Chávez suscribió ayer con España un documento en el que promete luchar contra ETA. Venezuela ha sido el único país en el que la banda se ha movido sin restricciones ni persecución policial durante décadas.
El mecanismo funcionaba de la siguiente manera en los años 90. Un dirigente de ETA en Francia llamaba a un teléfono convenido de Caracas y anunciaba: «Hemos conseguido los medicamentos para el colesterol y pronto te lo llevaremos». Su interlocutor sabía entonces que un miembro de la banda iba a viajar de Europa a Venezuela y que tendrían que recogerlo a su llegada. El comunicante añadía en su mensaje: «Tienes que hablar con el médico. Te daré su número». En el número estaba la clave de la hora, el día y el mes en el que tendrían que ir a la cita con el viajero.
La conversación, por último, tenía que incluir una frase más: «Hemos comprado dos cajas». La cantidad de cajas indicaba el lugar al que tenía que dirigirse el etarra que huía de Francia y donde tendrían que esperarle sus compañeros de Venezuela. Si decían que habían comprado una, el punto de recogida era el hotel La Floresta, de la Avenida Roche; si hablaban de dos cajas se trataba del hotel Gran Galaxie, en la Avenida Baralt; y si se mencionaban tres, del hotel Mont Park, en la calle Los Cerritos, todos de Caracas.
El etarra que llegaba al país tendría que esperar con un ramo de flores en el ‘hall’ de entrada hasta que el encargado de recogerlo se acercara a él preguntándole si era «el amigo de Antonio». «Sí, soy su primo», era la respuesta correcta. Cuando los etarras iban a esconderse a Uruguay las claves eran las mismas, aunque los puntos de recogida cambiaban a los hoteles Oxford, Aramayo o Casablanca de Montevideo.
Una vez en Venezuela, el recién llegado tenía que dar los primeros pasos para instalarse, intentar legalizar su situación o buscar trabajo. Para esas actividades, a menudo contaba con redes de solidaridad formadas por otros miembros de ETA o por personas de la extendida comunidad nacionalista asentada en el país desde el exilio de muchos vascos tras la Guerra Civil; un colectivo con prestigio, respetado y bien considerado por las autoridades locales por su implantación social.
La influencia de esa comunidad nacionalista y su solidaridad hacia los miembros de ETA se puso de manifiesto, por ejemplo, en agosto de 1997, a raíz de la captura del presunto etarra Ramón Sagarzazu Gaztelumendi al regresar al aeropuerto de Caracas tras ser rechazada su entrada en Holanda. En ese país había presentado documentación falsa. El detenido quedó en libertad y recibió permiso de residencia en Venezuela después de que el presidente del Centro Vasco de Caracas mediara ante las autoridades en favor de él. El permiso lo concedió el Ministerio del Interior con el visto bueno del presidente Rafael Caldera, del partido Copei.
El ministro de Justicia, Hilarion Cardozo, justificó esa medida en los siguientes términos: «no todos pueden presentar cartas de gente venezolana muy notable que ha servido al país, así como personas residenciadas, quienes aseguran que (Sagarzazu) es una persona seria y honorable». Para facilitar el permiso de residencia, el Centro Vasco ofreció trabajo al etarra «honorable». Pero no debió permanecer mucho tiempo en aquellas tareas porque siete años más tarde fue detenido en Romans sur Isere (Francia) y le fueron incautados 250 kilos de explosivos.
Retaguardia lejana
La tolerancia de las autoridades venezolanas hacia los etarras ha sido histórica, muy anterior a la llegada de Hugo Chávez al poder, y ha sido mantenida tanto por los gobiernos democristianos como por los socialdemócratas. El líder bolivariano la ha continuado, añadiendo el error no menor de nombrar a uno de esos etarras, Arturo Cubillas, para un alto cargo del Ministerio de Agricultura y no hacer nada por impedir los contactos entre la banda terrorista y la narcoguerrilla colombiana de las FARC.
El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acusado al régimen chavista de «cooperar» con ambas organizaciones, lo que ha abierto un nuevo frente diplomático entre el Gobierno español y el de de Caracas. La polémica se ha ido apaciguando con el paso de los días y ambos Ejecutivos la dieron por cerrada al suscribir un comunicado conjunto en el que Chávez se compromete con España a la «lucha antiterrorista» al tiempo que expresa su «más enérgica condena» a la actividad de la banda. Unas promesas que habrá que ver cómo se materializan a partir de ahora. De momento, el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, viajará en los próximos días a Caracas para cooperar con las autoridades locales y reforzar la acción contra ETA
Porque hasta ahora, Venezuela ha sido el último refugio sin restricciones y sin riesgo de persecución policial que han tenido los etarras en Latinoamérica. Y ETA ha aprovechado esa circunstancia para hacer del país su plataforma de contactos con las FARC.
ETA y su entorno político eran conscientes de la importancia que tenían los países de Latinoamérica como retaguardia lejana para los miembros de la banda y han realizado un esfuerzo notable para establecer lazos políticos con las autoridades locales y con todo el arco político de esas naciones en busca de solidaridad. El esfuerzo, que no siempre ha sabido contrarrestar España, fue especialmente notable a partir de los años 90, en los que la banda creó una estructura específica para realizar esos contactos y al mismo tiempo tender canales de comunicación con sus miembros instalados en Venezuela, México, Uruguay o Cuba.
Los dirigentes de HB Jokin Gorostidi y Gorka Martínez, ya fallecidos, fueron los primeros en realizar esas tareas, acompañados de otros miembros de la izquierda abertzale o abogados afines. A ellos les sucedió Mikel Korta Carrión, un antiguo responsable de las Gestoras pro-Amnistía, que fue condenado en el sumario 18/98 por esas actividades.
Un informe elaborado en 1998 por el aparato internacional de la izquierda radical pone de manifiesto la capacidad de penetración que tenían en varios de esos países y el acceso franco del que disponían hasta altos representantes de la clase política local. Durante una gira realizada por una delegación encabezada por Korta, en julio de 1997, lograron entrevistarse en Caracas con dos ex presidentes venezolanos, con el viceministro del Interior y con portavoces de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas. «El viceministro nos aseguró que no habría ninguna irregularidad en relación con los compañeros (de ETA) y que, de darse algún tipo de medida, se respetará el marco jurídico legal y tendrán la oportunidad de defenderse», explica el informe intervenido luego a la banda.
Derechos humanos
En aquel documento, los enviados de la cúpula etarra ponen ya la vista en un político nuevo que se presenta por primera vez a las elecciones tras haber sido excarcelado tras participar en un fallido golpe de Estado: «El panorama político puede cambiar totalmente tras las elecciones de diciembre si se confirma la irrupción de Hugo Chávez», escriben.
Otro viaje, en esta ocasión a la República Dominicana, incluye visitas a tres secretarios de Estado, a un ex ministro del Interior y a representantes de los principales partidos. En cada excursión, los delegados de la izquierda abertzale dedican una atención especial a las organizaciones de derechos humanos. Se trata de que estén dispuestas a movilizarse cada vez que se produzca la detención de un etarra en un intento de evitar que pueda ser expulsado o extraditado a España. En Venezuela conectan con Provea, en Santo Domingo con Cosopava y en México con el Servicio de Paz y Justicia, entre otros. El único viaje en el que no hay contactos con grupos defensores de los derechos humanos es el que hacen a Cuba.
Esta red de contactos, más la tradición de asilo de algunos países, como México, que durante décadas ha dado refugio a toda clase de fugitivos del resto del continente, ha permitido que los miembros de ETA fueran admitidos sin mayores problemas. También que importantes sectores políticos de los países receptores los consideraran perseguidos merecedores de protección. La sentencia del sumario 18/98 que condenó a Mikel Korta afirmaba que éste «trataba de convencer a instancias políticas de los mencionados países de que en el Estado español se inferían crueles torturas y tratos inhumanos a los que llaman ‘presos políticos vascos’».
El esfuerzo propagandístico de ETA y su entorno no ha sido inútil, como se refleja en el juicio celebrado en Buenos Aires, en junio de 2004, para la extradición -finalmente denegada- de Josu Lariz Iriondo. La Fiscalía exigió que España tenía que asegurar «fehacientemente la indemnidad física, psíquica y socio ambiental» del reclamado para «neutralizar el peligro de tortura». La sentencia, después de realizar un conjunto de consideraciones que tenían más de valoraciones políticas que judiciales, reclamaba a Madrid una serie de «garantías inequívocas» para el acusado. Entre ellas, incluía que todos los interrogatorios que se fueran a efectuar al presunto etarra se grabaran en vídeo y que se identificara a las personas que participaran en ellos; unos extremos que, probablemente, no se aplican en Argentina.
Una delegación de ETA se instaló en 1962 en México que, al igual que Venezuela, fue durante mucho tiempo un territorio seguro para los huidos, aunque tuvieran que afrontar algunos problemas relacionados con la falta de documentación legal o el trabajo. La situación, en general, no era mala, aunque no podía compararse con la de Cuba, descrita de esta manera por uno de los etarras en la isla: «Dentro de Cuba nosotros podemos movernos donde queramos. No hay ningún problema; al contrario, a nivel humanitario el trato es impresionante, muy bueno. Desde el primer día nos dan una ayuda económica que nos da suficiente para comer, gastos para la casa… Es más, no vivimos todos en una casa, sino que estamos en apartamentos con posibilidad de que venga la familia a visitarnos. Nos dan facilidades para que nuestros familiares directos se puedan quedar aquí el tiempo que crean necesario: un mes, tres meses o un año».
El cambio de México
La situación en México cambió a partir de 1995, cuando el Gobierno de ese país comenzó a detener etarras en situación irregular y a expulsarlos a España. El levantamiento zapatista y las sospechas -no comprobadas- de que ETA pudiera estar relacionada con los insurgentes fue el detonante del cambio de política de un Ejecutivo en el que dos años antes se habían encendido las luces rojas al descubrir que un etarra, Eusebio Arzallus, ‘Paticorto’, custodiaba en Managua un archivo de datos para secuestrar a empresarios de diversos países; entre ellos, algunos destacados industriales mexicanos.
Dos años antes, los etarras habían perdido otro refugio, Uruguay, en el que desde mediados de la década anterior se había dado cita una veintena de fugitivos que se había instalado en el país con la ayuda de los antiguos tupamaros. La redada de 1993 en Montevideo terminó con aquella colonia que compaginaba los negocios de hostelería con el funcionamiento de una célula del aparato de falsificación de documentos para ETA. Y antes, en 1990, se había terminado el refugio de Nicaragua después de que los sandinistas perdieran el poder en las elecciones.
En Cuba sigue habiendo un número indeterminado de etarras. Algunos fueron admitidos a petición del Gobierno español y otros llegaron por sus propios medios en dos etapas: en los años 80, antiguos miembros de ETApm, y a partir de 1990 algunos etarras que habían estado en Nicaragua. El Gobierno cubano les deja estar, pero tienen establecida una limitación importante: el que sale de la isla no vuelve a entrar, lo que restringe su capacidad de movimientos.
Florencio Domínguez, EL CORREO, 7/3/2010