La Princesa Leonor prestará hoy ante las Cortes el juramento de desempeñar fielmente sus funciones y de guardar y hacer guardar la Constitución. Se trata de un acto de la máxima relevancia constitucional. No es un meramente formal y simbólico, sino un acto jurídico que encierra un profundo significado material que conviene subrayar.

Todo juramento implica un compromiso moral, formulado en conciencia, de un determinado comportamiento futuro por parte de quien lo presta. En el caso de los titulares de funciones públicas, el juramento es una garantía de que en el ejercicio de su cargo van a actuar respetando el ordenamiento jurídico. La Constitución prescribe en el artículo 61 que tanto el Rey al ser proclamado como el Príncipe o Princesa herederos al alcanzar la mayoría de edad presten el juramento. En el caso de la Princesa Leonor, con su juramento adquirirá el compromiso moral de cumplir y defender la Constitución. Y, de esta forma, consolidará y fortalecerá un profundo vínculo con todos los ciudadanos, quienes veremos en ella la encarnación de la continuidad de nuestra democracia constitucional. Desde esta óptica, el juramento de la Princesa es una garantía de la libertad de los españoles.

La trascendencia del acto es la que determina que se celebre en las Cortes Generales, ante la reunión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado. Pero las Cortes no intervienen, como tampoco lo hace el Gobierno ni ningún otro órgano constitucional. Ahora bien, aunque las Cortes no intervienen tienen que estar presentes. El juramento es un acto unilateral, pero público y solemne, y la lógica de la Monarquía parlamentaria exige que el juramento se preste ante los representantes de la soberanía nacional.

El protocolo del acto de hoy va a respetar fielmente el precedente establecido en 1986 con ocasión del juramento del entonces Príncipe Felipe. Conviene recordar que entonces se suscitó una controversia sobre si el Gobierno debería intervenir en el acto y que fue zanjada por el presidente de las Cortes, Gregorio Peces-Barba, en sentido negativo. Eran tiempos en los que el presidente del Congreso mantenía una posición neutral y defendía la dignidad de la Cámara. Con la ayuda del secretario general del Congreso, Luis María Cazorla Prieto, Peces-Barba diseñó el protocolo del juramento del Príncipe Felipe prestado el 30 de enero de 1986. El acto salió muy bien y así fue reconocido por todos. Considerarlo como un precedente a seguir es un gran acierto y contribuye a su consolidación definitiva.

El juramento es, por tanto, un compromiso moral que tiene efectos jurídicos y que se formula públicamente. Y el efecto más importante es que, una vez prestado -previo alcance de la mayoría de edad-, la Princesa Leonor adquiere la condición de sujeto constitucional capacitado para ejercer el oficio de Reina o el desempeño de la Regencia en el indeseable supuesto de que el Rey se inhabilitara por razones de salud para el ejercicio de su función (artículo 59).

No existe un estatuto jurídico específico que determine cuales son las funciones de la Princesa, pero sí que se puede decir que su posición constitucional implica, como ha advertido Eloy García, tres cosas: la obligación de conocer profundamente la sociedad española y conectar con ella, con sus problemas e inquietudes; la necesidad de mantener una «autocontención» no siempre fácil, pero imprescindible para preservar su neutralidad; y el desempeño de una función comunicativa esencial en el mundo de hoy, y desde esta óptica la mejor forma de comunicar es con el ejemplo. La Princesa está cumpliendo ya estas funciones como pone de manifiesto su formación militar (conocer a las Fuerzas Armadas como parte de la sociedad) o sus intervenciones públicas (discursos con motivo de la concesión de los Premios Princesa de Asturias conectando con los problemas de la sociedad sin poner en cuestión su neutralidad).

Algunos dirigentes políticos no van a acudir al acto. En 1986 todos los presidentes autonómicos, incluidos el lehendakari Ardanza y el catalán Jordi Pujol, estuvieron presentes. A diferencia de los hoy ausentes, aquellos cumplieron con su obligación como máximos representantes del Estado en la comunidad autónoma. Por otro lado, la mayor parte de los socios parlamentarios del Gobierno tampoco acudirán para expresar su rechazo a la Monarquía parlamentaria. Pero los representantes de la inmensa mayoría de la sociedad sí estarán presentes en un acto que confirma la madurez de nuestra democracia y el valor de la Corona como factor de estabilidad política y de continuidad histórica.

Con su mirada limpia y voz firme, la Princesa ofrecerá al jurar ante los representantes de la soberanía nacional una imagen de juventud, esperanza y optimismo sobre la continuidad de España y el futuro de la democracia.