El «acuerdo marco» suscrito este jueves en Bruselas por Santos Cerdán, en nombre del PSOE, y Jordi Turull, en representación de Junts, deja tantas cosas en el aire que la única certeza es que el independentismo catalán ha recuperado el centro del escenario, y no lo abandonará mientras la gobernabilidad de España dependa de él. Es decir, de la competencia entre Puigdemont y Junqueras, a la que se suma la competencia entre las llamadas ‘entidades civiles’ secesionistas. La investidura de Pedro Sánchez queda asegurada, pero la legislatura se presenta más que convulsa. Si el zigzag de acuerdos y desacuerdos que sugiere el texto firmado por Turull y Cerdán augura inestabilidad, el ejercicio realizado ha obviado a la mayoría recelosa en España que va más allá de las derechas. Pero ayer se deslizó la idea de una nueva etapa histórica «a explorar y explotar», en palabras de Puigdemont, que incrementa la incertidumbre.

El ensimismamiento pactista tiende siempre a lecturas voluntaristas de las partes. Ocurrirá lo mismo con la proposición de ley de amnistía, cuyos efectos reales serán tan imprevisibles como el desarrollo de la legislatura. A tenor de lo ocurrido, cabe especular incluso con un regreso paulatino de Junts al posibilismo ‘convergente’. Pero lo que se atisba es el vaivén al que sus siete diputados pueden someter al país en su conjunto, entre gestos de pragmatismo y advertencias rupturistas que, probablemente, se sucedan en adelante. Este jueves Carles Puigdemont se personó en rueda de prensa como si, realmente, hablara en nombre de Cataluña entera. Como si hubiera recuperado la autoridad que pretendió llevar consigo en su autoexilio, erigiéndose en presidente de la Generalitat huido.

A pesar de que el voluntarismo socialista insiste en interpretar la firma de Bruselas como un acuerdo de legislatura, no hay tal. Puigdemont lo dijo con claridad. Pedro Sánchez deberá ganarse la estabilidad «día a día» y «mes a mes», después de que «en Bruselas, y no en Barcelona» -como enfatizó el expresident- se inaugurara este jueves una nueva etapa histórica. La de la negociación permanente entre la Cataluña independentista y el Gobierno central que resulte de la investidura la próxima semana. Todo es posible, como que la adenda acordada respecto al alcance de la amnistía, que eventualmente podría contemplar casos referidos a acusaciones y penas supuestamente agravadas porque sus autores alberguen determinadas ideas -lawfare- lleve a vascos que se sienten represaliados a reclamar el mismo trato. La designación de un verificador internacional para un pacto de investidura nacional, alcanzado entre dos partidos, resulta tan insólito como la pretensión de evaluar el cumplimiento de un documento sujeto a libre interpretación. De ahí que el verificador no será otro que el propio Carles Puigdemont, y su dictamen dependerá de que finalmente la amnistía le permita o no concurrir como candidato a la presidencia de la Generalitat a las próximas elecciones catalanas.