Parece claro que el fiasco de este año es la consecuencia directa de incrementar, ahora nada menos que por ley, los requisitos de euskara a todo el alumnado independientemente del modelo lingüístico en el que se escolariza. Una directriz que hace caso omiso a las reiteradas pruebas que constatan que lograr esos objetivos no está al alcance de todos los estudiantes, sino solo de una parte. Y es una imposibilidad que no reside necesariamente en la estrategia lingüística elegida.

De hecho, la implantación progresiva de un único modelo lingüístico con el euskara como exclusiva lengua vehicular no ha propiciado ni un mayor conocimiento del euskara, ni una mejora de rendimientos en otras áreas. Si en 2009, con un 50% de alumnado de ESO en modelo D, es decir, íntegramente en euskara, quienes no superaban el nivel inicial de euskara eran el 38% del total, en 2023 con casi un 75% estudiando en dicho modelo, ese porcentaje alcanzaba el 50%. Y la PAU también lo confirma. Si en la convocatoria ordinaria de hace dos años, la nota media de Euskara era de 7,04, en la de este baja a 6,34. Con más alumnado estudiando solamente en esta lengua.

Qué duda cabe de que la estrategia seguida influye y que en la infancia (no tanto a partir de la adolescencia) son más eficientes los modelos que vehiculan aprendizajes en la lengua que se pretende adquirir. Pero no se suele subrayar que, junto con ello, los métodos eficaces no olvidan, sino que cultivan la lengua del ámbito más próximo al alumno. Con todo, ¿por qué no es posible conseguir mediante la escolarización los niveles en euskara que marca la Ley Vasca de Educación?

Hay otras razones asimismo que tienen que ver no solo con la estrategia didáctica, sino con la proximidad, la extensión y el carácter que se confiere a la lengua vasca. La distancia lingüística entre el euskara y el castellano, que no hace más difícil su aprendizaje a quien nace en un ambiente vascohablante, pero sí a quien no vive en él. La presencia del euskara, concentrada en una parte del territorio vasco, mientras que en otros lugares no es tan relevante, por lo que el estudiante carece a menudo de un entorno sociolingüístico que coadyuve a este aprendizaje.

E igualmente influye el carácter que se otorga a esta lengua, convertida en programa político, haciéndola así antipática a quien no lo comparte. Un programa, por cierto, que reduce derechos a quienes no son vascohablantes. En el caso de la educación, reconociendo en la práctica el derecho a estudiar en la primera lengua solo a quienes son euskaldunes.

En la polémica, la consejera de Educación reclama transparencia a la Universidad pública. ¿Posee suficiente autoridad para tal demanda cuando manipula y oculta información necesaria para calibrar la brecha entre objetivos y resultados? Porque esto es lo que pone de manifiesto la selectividad. Una prueba externa a los centros que, a diferencia de otras evaluaciones propias o internacionales, sí tiene una consecuencia académica y marca el itinerario del alumnado. Un examen en el que todo indica que algunos tribunales han comenzado a anticipar esas mayores exigencias que se generalizarán en los próximos ejercicios, afectando de forma más directa, grave y generalizada al alumnado que no es vascófono.

Se puede acusar a algunos examinadores de insensibilidad ante una prueba determinante para los examinados, se les puede imputar ignorar que quienes carecen de un alto nivel en lengua vasca seguramente tampoco piensan en realizar una carrera universitaria en ella, y se les puede achacar prematuridad. Pero no culpar de incoherencia. El problema está en nuestros dirigentes políticos, que han decidido virar de hacer más fácil la vida a los vascohablantes a hacerla más difícil a los castellanohablantes, empezando por la educación.