“Quienes nos opusimos al procés en Cataluña durante años, nos encontramos ahora con la sorpresa de ver cómo ha contagiado la política española. El mismo populismo, la misma manipulación de medios, idéntica demonización del adversario, similar prostitución del lenguaje y el desprecio por los mecanismos de control democrático”. El consultor barcelonés Juan Arza explicaba esta semana en un tuit su frustración y la de tantos demócratas catalanes que, tras sufrir el rodillo secesionista en el Parlamento de Cataluña, asisten ahora perplejos a la extensión del fenómeno a toda España: el nacionalismo no ha ganado en Barcelona, no ha logrado sus propósitos, y de hecho la tropa separata, dividida, se bate ahora mismo en retirada, pero de alguna forma ha logrado exportar el problema al resto de España, han contaminado de plano la política española. Ha triunfado en Madrid. Qué dramática paradoja y qué logro tan siniestro el del procés.

La división de la sociedad catalana en dos mitades en apariencia irreconciliables ha sido el fruto perverso del procés desde el punto de vista de la convivencia, el drama de tantas familias que dejaron de verse para evitar que la fiesta terminara en bronca por culpa del maldito virus de esa división impuesta. Ese divorcio se empieza a registrar ya en familias del resto de España entre los partidarios del Gobierno de coalición, inasequibles a cualquier crítica a los suyos, y quienes desde el banco contrario censuran las políticas disolventes de Sánchez y su socio. Ruptura entre familias catalanas y ruptura de la sociedad española en dos bloques separados por un abismo de odio que no deja de agrandarse. Todos los presidentes de la democracia, con independencia de su origen, han pretendido gobernar para todos los españoles. Pedro Sánchez es el primero que ha renunciado a hacerlo. Él gobierna para la media España que le sostiene en el Parlamento, ignorando, fatal arrogancia, a la otra media que vota a la oposición. Me entrego a los míos y al resto que le vayan dando.

Fuera del nacionalismo no hay vida. Ocurre en Cataluña y de forma más acusada aún en el País Vasco bajo la égida de ese partido nación que es el PNV. El nacionalismo controla las instituciones y expulsa del sistema a quien no comulga con el ideario. De hecho, si no eres nacionalista no eres buen catalán o buen vasco. Es la misma simiente que el Gobierno de Pedro & Pablo lleva sembrando desde que llegó al poder por el resto del país. Si no apoyas al Gobierno de izquierda radical no existes o eres un facha. Primero te deslegitimo y luego te margino. Y con mi mayoría parlamentaria pongo en marcha el rodillo que el nacionalismo impuso en el Parlament y me dedico a vaciar la Constitución sin necesidad de reformarla mediante leyes habilitantes que la convierten en cáscara vacía. Con el agravante, además, de advertirte que nada podrás hacer para evitarlo porque, como Iglesias se encarga de recordar a la oposición con indisimulado placer, no volverás al poder en mucho tiempo. Tal vez nunca.

Si no apoyas al Gobierno de izquierda radical no existes o eres un facha. Primero te deslegitimo y luego te margino. Y con mi mayoría parlamentaria pongo en marcha el rodillo que el nacionalismo impuso en el Parlament

Y la Justicia. El control de la Justicia. El talón de Aquiles de todos los autócratas que en el mundo han sido. También el dique de contención de las aspiraciones xenófobas e identitarias de ese nacionalismo enemigo de la nación de ciudadanos libres e iguales. También aquí las equivalencias son inequívocas. Si las sentencias judiciales nos dan la razón, las acatamos y repicamos con júbilo; si nos la quitan, acusamos a los jueces de ser de derechas y/o de enemigos del pueblo. El nacionalismo se ha negado sistemáticamente a acatar las sentencias de los tribunales, y ha llegado incluso a subir la apuesta de su desafío tras cada fallo judicial adverso. Pedro El Magnífico sigue esa estela y ha reaccionado al fallo del TSJM que echó abajo la orden ministerial de Illa declarando el estado de alarma para la capital. Por mis santos bemoles.     

La Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República (catalana), decía textualmente, Artículo 72.1: «La Comisión Mixta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y del Gobierno de Cataluña está formada por el presidente o presidenta del Tribunal Supremo, que la preside, por el consejero o consejera con competencia en el ámbito de justicia del Gobierno de la Generalidad, que ejerce su vicepresidencia, por cuatro miembros de la Sala de Gobierno, designados por ella misma, y por cuatro personas designadas por el Gobierno» (…) «La Comisión Mixta prevista en este artículo se constituirá siguiendo los siguientes pasos: el Parlamento, en el plazo máximo de cinco días a partir de la entrada en vigor de esta Ley, designa, por mayoría absoluta, a los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, de entre los miembros del Tribunal Supremo, y a los cinco miembros electos indicados en el artículo 71.1. (…) Si no se cumplen estos plazos, el Parlamento puede elegir, por mayoría absoluta, al presidente o presidenta del Tribunal Supremo”. Una justicia subordinada al Parlament y a su “mayoría absoluta”, naturalmente independentista. Sánchez se dispone a hacer algo muy similar, si no calcado, para reformar de urgencia la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin necesidad de recabar el apoyo de las tres quintas partes (mayoría cualificada) de las Cámaras y sin contar con los preceptivos informes del propio CGPJ, del Consejo Fiscal y Consejo de Estado. Jamás la democracia española había caído tan bajo.

Una justicia a la carta

Los capos del nacionalismo catalán necesitaban una Justicia a la medida para obviar el riesgo de que unos jueces independientes les hicieran pagar el precio de su reiterada violación de las normas constitucionales. Pero la necesitaban también, y con urgencia, para protegerse de la corrupción galopante, del robo sistemático en que se instalaron desde el principio de la Transición, con el patriarca Pujol a la cabeza, y el saqueo de aquel “vostès tenen un problema, i aquest problema es diu tres per cent” con el que Pasqual Maragall abofeteó un día el rostro de Artur Mas en plena sesión parlamentaria. También Sánchez y sus socios necesitan protegerse. Agobiado por denuncias varias, Iglesias la precisa con urgencia para que el Tribunal Supremo no termine con su carrera política antes de tiempo por culpa del ‘caso Dina’. El propio Sánchez la reclama. Cuestión de prudencia. Cada día son más las sospechas que apuntan a enriquecimiento ilícito, en proporciones muy superiores a las de los Correas y sus chorizos de la Gürtel, con la compra de material sanitario. Algunos, hambre atrasada, se están haciendo ricos sin que les haya tocado la lotería.

La justicia y los medios. El nacionalismo controla con mano férrea los medios de comunicación, públicos y privados, con alguna honrosa excepción en internet. Bien cogidos todos por el ronzal de las subvenciones de la Generalidad, con el grupo Godó por fiel infantería y TV3 como esperpéntico estandarte. El sueño de Sánchez y su socio comunista apunta en la misma dirección. No están muy lejos. Más de la mitad de los escritos, buena parte de las emisoras de radio y la práctica totalidad de las televisiones, donde se nutre de información y entretenimiento el pueblo llano. Y dinero fresco siempre dispuesto para cebar la bomba. El Gobierno prepara una propina, con cargo a los fondos de reconstrucción europeos, para “ayudar” a los grandes grupos a abordar su reconversión digital cuando todos llevan casi dos décadas presentes en Internet. 

Sánchez terminará sumiendo a España en la ruina económica. Tan cierto como que hemos de morir. Los datos macro aparecidos últimamente no pueden ser más alarmantes

Si asumimos que unos medios de comunicación libres y una justicia independiente son los pilares sobre los que se asienta la salud de un sistema democrático, hemos de concluir que nuestra democracia está muy malita, casi muerta. Medios de comunicación comprados, justicia asediada y oposición cortocircuitada. La sensación de control que transmite un Sánchez con apenas 120 diputados, necesitado del apoyo, cada día más caro, de comunistas, nacionalistas y bildutarras, es de tal magnitud que hasta los poderes económicos han caído rendidos a sus pies. Como esa burguesía catalana, antaño con fama de diligente e industriosa, que se entregó absurdamente al juego de una independencia imposible que ha terminado por arruinar social y económicamente a Cataluña. Nuestros capos del Ibex 35 están en la misma derivada. A Ana Botín le preocupaba mucho que el líder laborista Jeremy Corbin pudiera ganar las elecciones en Gran Bretaña, pero no le inquietaba en absoluto que un psicópata narcisista como Sánchez, en alianza con un comunista resabiado como Iglesias, se hiciera con el poder en España. Las consecuencias de tamaño desvarío están ya llamando a la puerta.

Odio y ruina económica

El separatismo ha fracasado. La chalupa que Puigdemont y sus montagnards lanzaron al agua la noche del 10 de octubre de 2017 en la ensenada del parque de la Ciudadela encalló a los ocho segundos de haber sido votada. Por el camino, han arruinado a Cataluña y han separado a los catalanes por un muro de odio casi insalvable, el mismo que hoy se respira no solo en Madrid sino en muchos rincones de España. También Sánchez terminará sumiendo a España en la ruina económica. Tan cierto como que hemos de morir. Los datos macro aparecidos últimamente no pueden ser más alarmantes. Déficit record de la Seguridad Social (45.000 millones) para este año, e incremento de deuda en más de 300.000 millones entre 2020 y 2021. Pero a los líderes del “procés” les importa un bledo su fracaso. Lo importante es seguir manteniendo el control del cortijo y seguir mandando en el Presupuesto. El mismo interés que comparten Sánchez y su socio. Conservar el poder a cualquier precio, incluso el de destruir la convivencia y llevar al país a la bancarrota. Estirar la fiesta todo lo posible y seguir pagando los intereses que el apoyo parlamentario a Sánchez reporta al nacionalismo. El último cheque está al caer: el indulto a los líderes del procés encarcelados, para que Oriol Junqueras pueda presentarse como candidato de ERC en las próximas elecciones catalanas, asunto que ayer explicaba aquí Laura Fàbregas.

Ayer tarde, El País citaba una frase del escritor Dave Eggers para describir la situación que se vive en Estados Unidos en vísperas de una eventual reelección de Donald Trump: “En solo cuatro años hemos perdido de vista todo: el Estado de derecho, un mínimo sentido de la decencia, la verdad y la fe en el Gobierno y la gobernanza nacional”. Una sentencia que se ajusta como un guante al caso español. Todo ese deterioro y mucho más lo hemos vivido en España, pero no en cuatro años sino en nueve meses de presidencia de Pedro & Pablo. Imaginar tres años más con esta pareja de aventureros en el puente de mando resulta aterrador. La esperanza sigue residiendo en el rey Felipe VI, que el viernes en Oviedo reclamó “un gran esfuerzo nacional de entendimiento y concordia”, y en esos miles de jueces y fiscales que a lo largo y ancho del país cumplen ejemplarmente con su deber, gente talentosa que ha superado una brutal criba de acceso a la judicatura y que aplica la ley sin prestar oídos a las manzanas podridas, Lolas, Garzones y Villarejos, que dirigen la orquesta. Y un mínimo resquicio, por qué no, en ese Partido Popular que mañana lunes pretende registrar en el Congreso una proposición de ley para “despolitizar” el sistema de elección de los vocales del CGPJ, de forma que sean los propios jueces, y no los políticos, quienes lo hagan. ¿Será verdad que Pablo Casado está decidido a rescatar al PP de la ciénaga en que el marianismo lo mantiene postrado?