Resultan hipnóticas las imágenes de la erupción del volcán de la isla de La Palma y la lengua de lava que engulle cuanto encuentra a su paso, derrumbando edificios, sepultando puentes y caminos y arrasando cultivos, dejando tras sí una tierra yerma durante generaciones.
En el País Vasco no debemos tener tanto miedo a esos fenómenos de la naturaleza como a las erupciones más humanas que, al parecer, periódicamente nos acechan. La última tiene que ver con las furias desatadas que afectan a la educación vasca.
Llevado al Parlamento, el acuerdo PNV-Bildu que se apunta destruirá lo construido en esta materia desde hace décadas. Porque esa ley de Educación no sólo acabará con las leyes de la Escuela Pública Vasca y de Cuerpos Docentes que derogará. También se llevará por delante la Ley Básica de normalización del uso del Euskera y el Decreto de Perfiles Lingüísticos que establece dos perfiles para el profesorado, el PL1 y el PL2, equivalentes al PL2 y al PL3 de la Administración. Y así, los borrará y creará un PL2’5 para el profesorado en ejercicio y otro para toda aquella persona que desee acceder de forma estable a la función docente, y elevará los requerimientos formales para todo el alumnado.
Además, el proyecto que prepara el principal partido del Gobierno vasco con el principal partido de la oposición afectará a otras normas. Algunas que apenas se aprecian, como la de Consejos Escolares, que organiza la participación en distintos niveles de la sociedad vasca en la enseñanza. Y devastará parcialmente otras, como la Ley de Relaciones entre las Instituciones comunes de la CAPV y Órganos Forales de sus Territorios Históricos, más conocida como LTH. Será un derribo necesario para extender una superficie de patronatos y consorcios que distraigan la responsabilidad pública de la lucha contra la segregación escolar, uno de nuestros problemas más graves que el magma de esa alianza pretende ocultar.
Acabará ese pacto de los socios del ‘gobiernoposición’ en el mar de las grandes normas que regulan nuestra convivencia, y el choque con sus aguas enfriará sus expectativas, pero no su poder destructivo. Topará con la Constitución y el Estatuto de Autonomía porque son incompatibles muchos de sus propósitos profundos, desde aspectos competenciales como la regulación unilateral de la formación inicial de profesorado hasta la imposición de una única estrategia lingüística que desprecie la cooficialidad de nuestras dos lenguas y limite la voluntad de las familias. Y su judicialización ocasionará una toxicidad que dañará nuestros pulmones democráticos.
Pero, a diferencia del drama isleño, todo este desastre será exclusivamente culpa nuestra o, mejor dicho, de quienes ante la presión de los malos resultados obtenidos, en lugar de utilizar la política educativa para resolver los problemas consiguientes que afectan tanto a la vida y los derechos de las personas, crean nuevos abismos. ¿Será imparable el desatino, como el volcán?