El consejo de administración de RTVE acaba de nombrar (es un decir, porque en realidad quien la ha nombrado ha sido Moncloa, eufemismo que enmascara al propio Pedro Sánchez) responsable del ente público a Concepción Cascajosa, Conchi para los amigos, una mujer que orgullosamente se declaraba esta semana “militante socialista” dispuesta a cumplir lo que sus jefes políticos tengan a bien ordenarle al frente de un organismo que cada año reclama de los PGE una cifra cercana a los 550 millones para pagar los sueldos de una plantilla que supera las 6.600 personas, gentío que, sin embargo, no parece suficiente para producir en casa gran parte de esos contenidos que las Conchis de RTVE subcontratan con productores externas de amigos socialistas, con Contreras como cabeza de lista. Un escándalo más, propio de un Gobierno devenido en grupo mafioso dispuesto a llevárselo crudo. La señora Cascajosa no consiguió aprobar el concurso abierto en 2018 para llegar al puesto que ahora ocupa. Su proyecto para el ente mereció una valoración de 6 puntos sobre 30. Quedó en el puesto 85 de 95 candidatos. La mediocridad siempre encuentra recompensa en el sectarismo. ¿No hay nadie entre esos 6.600 funcionarios con capacidad bastante para presidir un ente obligado a respetar la pluralidad ideológica del país?
Esta semana hemos sabido que la Sala Tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por Fedeca (Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) contra una docena de reales decretos del Gobierno relativos al nombramiento, a dedazo limpio, de 12 directores generales en varios ministerios, sin cumplir con la obligación de que sean funcionarios de carrera y sin justificar adecuadamente las excepciones. El Supremo ya ha tumbado nombramientos del Ejecutivo en Consejo de Estado, Guardia Civil, Agencia de Protección de Datos, Consejo Superior de Deportes y en la propia Fiscalía General del Estado, algunos de ellos a instancias de la citada Fedeca. Una situación que responde al deseo expreso del autócrata que nos preside de ocupar con gente de su total confianza los puestos clave de la Administración del Estado y de las instituciones.
Sabemos cómo y dónde Sánchez eligió a Ábalos, a Cerdán, a Koldo y a tantos otros de sus peones de brega. Más en la cloaca que en la Academia. Conocemos el sectarismo de los Pumpido, los García Ortiz, las Lolas Delgado. Sabemos la falta de escrúpulos de los Marlaskas, el cinismo de las Margaritas Robles, la vocación de esclavo de los Bolaños, la baja aleación moral de Armengoles, Icetas, Calvos, Illas, etc., etc. Ellos forman la fiel infantería de un sátrapa con vocación de dictador, pero todos juntos no serían capaces de hacer funcionar un minuto la inmensa maquinaria de la Administración del Estado. ¿Qué hay detrás del Consejo de Ministros y de las instituciones del Estado? ¿Quién se mueve en la tramoya, en el backstage de la Administración? Todo un ejército de servidores públicos, peones casi anónimos que, dos o tres escalones por debajo, hacen posible a Sánchez y a su troupe el ejercicio del poder. ¿Cuáles son los incentivos que les mueven? Casi todos son altos funcionarios por oposición. Oposiciones duras, difíciles. Abogados del Estado, Interventores, Economistas del Estado, Inspectores del BdE y de otros organismos… La élite de la Administración. Sus nombres solo salen a relucir ocasionalmente y pocas veces para bien. Quizás son más respetados que el funcionario de a pie, pero no menos denostados por ese populismo, de derechas y de izquierdas, que solo se acuerda de ellos con catástrofe de por medio.
Sabemos cómo y dónde Sánchez eligió a Ábalos, a Cerdán, a Koldo y a tantos otros de sus peones de brega. Más en la cloaca que en la Academia
Todo el mundo comprende que una buena función pública es imprescindible para el correcto funcionamiento de los servicios públicos que reclama el ciudadano. Gente de sólida formación y honestidad probada, entregada al servicio del Estado y de la ciudadanía. Funcionarios convencidos de servir al interés general, que no al particular del Gobierno de turno. ¿Cómo es posible, entonces, que si a la función pública llega gente con manifiesta vocación de servicio, personas inteligentes, capaces de superar duras oposiciones, defraude con tanta frecuencia a los españoles y no sea capaz de servirles bien? ¿Por qué esa acusación tan extendida según la cual “la Administración es un desastre”? Más grave aún, ¿por qué tantos altos funcionarios acaban poniéndose al lado del poder político y de espaldas a los ciudadanos? ¿Por qué se “venden” los funcionarios y por qué los “compran” los Gobiernos?
Todos intuimos que para que un Gobierno pueda poner en marcha su programa necesita el concurso de esa élite funcionarial que sabe cómo superar los trámites más complejos y también los más delicados, los menos confesables. Es muy difícil gobernar sin la Administración. Imposible hacerlo en contra. Pero, ¿cómo eligen los Gobiernos a esos funcionarios de élite y cómo les remunera para asegurar su cooperación y, sobre todo, su discreción? Es un debate que hunde sus raíces en la historia. A diferencia de lo ocurrido en Francia con la famosa ENA, vivero de selección y capacitación del alto funcionariado galo, la carencia de servidores públicos de calidad ha sido una de las causas a las que recurrentemente se ha atribuido el atraso español. Tras las penurias de los “cesantes” que retrató Joaquín Costa y los tristes estrictos funcionarios del franquismo, ningún gobierno de la democracia ha hecho nada por modernizar y adecuar la función pública. Al contrario, han preferido que naufrague en escaseces, para así poder utilizarla plenamente a su servicio.
Nombrar a su equipo más directo suele ser la primera decisión que toma un Gobierno cuando llega al poder. La elección del personal de confianza es el primer paso para asegurar un eficaz reparto del botín. Colocar a los más fieles en los mejores puestos, garantizando así que cualquier decisión importante se mantenga en la reserva, cualquier error quede en casa. Los principios de mérito y capacidad son los primeros sacrificados en el altar de la “fidelidad”. Sin olvidar las “cuotas” a las distintas corrientes y los agradecimientos debidos, cuya voz pasiva se conjuga mandando a galeras a aquellos funcionarios convertidos por la sospecha en enemigos potenciales. Tales son los criterios que deciden el reparto de las poltronas del Estado y sus sucursales. Siempre con la debida rotación, para repartir y ampliar la base, pero también para que todos sepan que los ascensos quedan reservados a quienes cumplan fielmente las consignas del poder, los caprichos del César.
Los principios de mérito y capacidad son los primeros sacrificados en el altar de la “fidelidad”. Sin olvidar las “cuotas” a las distintas corrientes y los agradecimientos debidos, cuya voz pasiva se conjuga mandando a galeras a aquellos funcionarios convertidos en enemigos potenciales
A falta de sistemas fiables de evaluación del rendimiento y a partir de un determinado nivel, las promociones y los nombramientos se basan en la pura y dura discrecionalidad. El principio de “libre disposición” es el eufemismo que da cobertura legal a la arbitrariedad y el nepotismo en favor de compañeros de promoción o de partido, cuando no de simples amigos y parientes, por cuna o por cama. A pesar de las reiteradas críticas, por abusivo y arbitrario, de jueces y abogados, el sistema se ha mantenido, convertido en una herramienta muy útil a la que ningún Gobierno está dispuesto a renunciar. Se ha logrado, sí, la exigencia de una mínima justificación a tales nombramientos, requisito que el ministro de turno o su edecán suele liquidar con cualquier explicación banal, que avala la comisión asesora. Los damnificados por la alcaldada apenas protestan: no sirve de nada y queda uno marcado con el sambenito de conflictivo. Mejor callar y esperar otra oportunidad.
Salvo excepciones, los Directores Generales proceden del funcionariado, pero han escalado ya al rango político, siendo nombrados por Consejo de Ministros. Detrás vienen los asesores de los gabinetes ministeriales, de las Secretarías de Estado, incluso las unidades de apoyo en muchas Direcciones Generales. Como los asesores parlamentarios, todos son fieles servidores del partido del Gobierno, en el que aspiran a medrar con la ayuda del jefe, del que esperan la adecuada recompensa. Bajando de escalón se encuentran los Subdirectores Generales (nivel 30) y los Subdirectores Generales Adjuntos (nivel 29), en torno a unos 2000 en la Administración General del Estado, más otros 3000 en CC. AA., Diputaciones y Ayuntamientos. Abogados del Estado, Interventores, Economistas e Inspectores varios comparten, o en su caso aspiran, esos niveles en los que el sueldo aumenta, sobre todo si se complementa con un Consejo de Administración de una empresa o ente público. Remuneración más modesta que en el sector privado, cierto, pero sin el riesgo de despido que implica ganarse la vida en la empresa privada. Y con más opciones de conciliar, sobre todo en el caso de las mujeres. Difícil, con todo, que los jefes se fijen en uno y le den una oportunidad, un carguito que sirva de trampolín, aspiración más fácilmente alcanzable si te afilias al partido adecuado y/o eres un pelota vocacional. Lo que sea menester con tal de poder leer un día tu nombre en el BOE con un nombramiento rumboso.
Y no tanto por la remuneración del puesto, siempre menor que en el sector privado, como por las prebendas y pesebres futuros, esa Presidencia de una empresa pública (150.000 o 200.000 euros) a que aspira todo político en cesantía, por no hablar de chollos como el de Red Eléctrica (500.000). El premio puede ser un destino libre de impuestos en Bruselas o en cualquier organismo internacional, caso de Nadia Calviño en el BEI, incluso embajadas políticas (Iceta, Ximo Puig, Héctor Gómez) a personas sin ninguna capacitación y a veces sin idiomas. Funcionarios del siguiente nivel se darían con un canto en los dientes si les cayera un destino de Consejero en una Embajada o en un organismo internacional, puestos a los que a veces llega gente –incluso de la Guardia Civil- sin la preparación y experiencia de Diplomáticos o Tecos. Convocatorias para chollos en Consejerías y Agregadurías (Trabajo, Migración y Seguridad Social, Educación, Interior) se resuelven siempre por selección discrecional entre los más fieles al Ministro del ramo. Se premia haber servido al partido saltándose las reglas, como esos Inspectores de la AEAT que se prestan a hacer públicos los expedientes de ciudadanos políticamente expuestos, o los de Trabajo de Yolanda Díaz, en busca desbocada de un error con el que atropellar a cualquier pyme. Porque, para ser premiado, hay que haber servido al señorito con lealtad, haberle hecho la pelota de forma descarada o, mejor aún, ser depositario de algún secreto que le comprometa gravemente.
Funcionarios del siguiente nivel se darían con un canto en los dientes si les cayera un destino de Consejero en una Embajada o en un organismo internacional
Tras casi todos los casos de corrupción publicados, además de un intermediario corruptor y un político corrupto, hay un funcionario, generalmente poco o nada conocido, que ha colaborado, por acción o por omisión, con uno u otro, a veces mirando hacia otro lado. No ha podido o no ha querido cumplir bien su trabajo de control, de fiscalización, de aplicación de la Ley de Contratos del Estado, porque si lo hubiera hecho habría puesto en riesgo sus opciones de continuar en el puesto o de aspirar a otro mejor. Los incentivos para no cumplir con su deber son a veces demasiado fuertes para un funcionariado que no está especialmente bien remunerado. Pero, ¿es no hay funcionarios independientes, fieles a su vocación de servicio, que se nieguen al servilismo? Naturalmente que sí y son mayoría, pero una mayoría que suele quedar relegada en los niveles intermedios. Con las excepciones de rigor, los cargos superiores y los mejores destinos suelen quedar reservados a quienes, dejando de lado sus escrúpulos, se emplean a fondo sirviendo servilmente al que manda. Todos los Gobiernos, de cualquier signo, han abusado del sistema de libre disposición, aunque ninguno ha llegado a las cotas alcanzadas por los de Pedro Sánchez, ninguno ha llegado a rozar siquiera su grado de descaro a la hora de sustituir a funcionarios independientes por lacayos del poder. La situación de un colectivo dispuesto a entregar su vida profesional al servicio público, a cambio de un sueldo y una pensión relativamente modestos, roza lo crítico. Nadie habla ya del desarrollo reglamentario del Estatuto Básico del Empleado Público. Y se anuncian tiempos aún peores. En su afán por acabar con la independencia del funcionario de carrera, en su interés por dotarse de una élite funcionarial alineada con los intereses de este PSOE, el Gobierno Sánchez está dispuesto a acabar con esas oposiciones que hasta ahora han servido de filtro a los más capaces. Quieren funcionarios de perra gorda, fieles a las consignas del partido. El ministro de Exteriores, Napoleonchu Albares, ha marcado el camino reduciendo el temario, no penalizando los fallos y potenciando la memoria histórica en las oposiciones de acceso a la carrera diplomática. Y detrás vendrán las de jueces y fiscales, las de inspectores del BdE, Abogacía del Estado y demás. Se trata de crear una función pública al servicio del partido único, que no del ciudadano. Al servicio del tirano.