IGNACIO MARCO-GARDOQUI, EL CORREO 09/03/14
· Algunos, más bien ingenuos, creen que las balanzas fiscales evidenciarán quién recibe más de lo que aporta y quién, menos.
El desarrollo de los acontecimientos de Cataluña y el empecinamiento de los líderes independentistas en basar sus reclamaciones sobre un supuesto expolio financiero por parte del resto de España han puesto en la primera línea de la actualidad el espinoso, escabroso y excesivo tema de las balanzas fiscales. Lo primero que habría que decir es que por ahí no llegaremos a ningún sitio. La configuración administrativa del Estado de las autonomías es demasiado compleja. Se hizo mal desde el principio, de forma atropellada, con poca reflexión y mucha improvisación. El resultado, en los gastos, es un caos competencial que provoca disfunciones y repeticiones sin cuento y, en los ingresos, un desbarajuste impositivo que termina en un oscuro sistema de financiación.
Algunos, más bien ingenuos, creen que las balanzas fiscales pueden ser la solución que aclare todo y dé la razón a quien la tiene y se la quite a quien abusa del argumento, al determinar quién recibe más de lo que aporta y quién obtiene menos de lo que da. Vano empeño. En primer lugar, las balanzas fiscales proporcionan solo datos parciales. Las relaciones entre una comunidad y el resto del Estado son más complejas y amplias que la ratio entre los impuestos recaudados y los gastos efectuados. Habría que añadir las balanzas comerciales y las financieras, los flujos de mercancías y capitales. Eso por hablar solo de los aspectos materiales y dejando aparte los intensos, longevos e importantísimos lazos afectivos que nos unen.
Además, y como las balanzas fiscales son tan complejas, ni siquiera habrá acuerdo en la metodología de cálculo. Los catalanes, por ejemplo, prefieren y utilizan el simple análisis de flujos. Obviando realidades tan simples y apabullantes como el hecho de que el IVA lo paga el comprador y se ingresa en la hacienda del vendedor (lo que beneficia claramente a las comunidades con excedente comercial, como es el caso) y desconociendo que una buena parte de los gastos del Estado son casi imposibles de regionalizar. El ejemplo de las infraestructuras del AVE es muy bueno, pero ni mucho menos el único. ¿A quién se lo adjudicamos? Aragón, tiene el mayor número de kilómetros, pero es evidente que lo disfruta mucho menos que Madrid o Barcelona. ¿Cómo distribuimos el gasto de la representación exterior; en base a la población, al Producto Interior Bruto o al porcentaje exportador de cada uno?
Como hay cientos de casos similares, no habrá acuerdo. Los catedráticos a quienes el Gobierno ha encargado el estudio de las balanzas fiscales han elegido otro método, mucho más exacto, que considera más el destino del gasto, su uso y disfrute, que su ‘origen’. Tampoco aquí habrá acuerdo. Ya verán cómo todos los perjudicados por el nuevo cálculo se oponen y todos los que resulten beneficiados lo aplauden. Sin duda alguna, éste es el mejor caldo de cultivo para que florezcan los egoísmos localistas y las demagogias populistas. Por ahí vamos mal. Sin olvidar que nadie aceptará un sistema propio y exclusivo para Cataluña, que mejore su situación y calme los ardores separatistas. Por varias razones, porque no los calmará y porque al ser este un juego de suma cero, salvo si Montoro encuentra la receta milagrosa para multiplicar los panes y los peces, cualquier ventaja de uno se convierte en perjuicio para otro.
¿Solución? Si existe, cosa que dudo, debería venir por un sistema federal del tipo norteamericano, con una reparto competencial muy similar en todas las autonomías, con impuestos federales que sostengan los gastos federales y con impuestos estatales que apoyen los gastos en que cada Estado desee incurrir. Añadiendo un sistema de solidaridad pactado de antemano y objetivo. A mí me parece el camino más adecuado, pero soy consciente de que trasladaría el problema de Cataluña al País Vasco y a Navarra. A ver quién es el guapo que nos convence para renunciar a un sistema, éste sí, constitucional, históricamente anclado y generalmente aceptado por la ciudadanía.
IGNACIO MARCO-GARDOQUI, EL CORREO 09/03/14