El caso 3% de presunta financiación irregular de CDC multiplicó ayer su simbolismo al convertir en escenarios de la investigación el Palau de la Generalitat y el Parlament, las dos instituciones donde reside todo el poder político de Cataluña.
Una veintena de agentes de la Guardia Civil de paisano, acompañados de un miembro de la Fiscalía Anticorrupción, irrumpieron a media mañana en ambos edificios históricos para requerir documentación con una único fin: cerrar el círculo en torno al ex conseller Germà Gordó. También se pidió información en torno a quien fuera hombre fuerte de CDC en el Departamento de Justicia, además de realizarse un registro en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de donde los policías se llevaron duplicados de discos duros con información referente a uno de los hombres de confianza de Artur Mas hasta la desaparición de CDC. Gordó únicamente concedió ayer una reacción pública, a través de Twitter: «Sin comentarios. Cielo sereno».
Considerado por la Fiscalía como el «conseguidor» de comisiones irregulares a cambio de contratos de obra pública amañados, Gordó está citado a declarar como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el próximo lunes. El juez considera que el todavía diputado podría haber cometido delitos vinculados a la corrupción como tráfico de influencias, soborno, prevaricación o malversación de fondos.
La operación de ayer fue ejecutada, precisamente, para reconstruir las reuniones que mantuvo en los despachos que ocupó mientras estuvo en la Generalitat con empresarios investigados por el 3%. Testigos protegidos del caso sostienen que en dichos encuentros, Gordó instaba a constructores a realizar donaciones a las fundaciones de CDC –CatDem y Fòrum Barcelona– a cambio de contratos con la Generalitat o ayuntamientos bajo control de alcaldes convergentes.
Los requerimientos de información a la Generalitat y al Parlament tratan de llenar el hueco dejado por la desaparición del registro oficial de las reuniones que Gordó mantuvo mientras estuvo en el Govern de Artur Mas. La Generalitat no localiza en sus archivos el registro de encuentros en el despacho que Gordó tuvo en la sede de Presidencia, mientras fue secretario del Govern (2010-2012). Como avanzó EL MUNDO en junio, tampoco existe rastro alguno de la lista de encuentros que mantuvo mientras fue conseller de Justicia, entre 2013 y hasta 2016, cuando Carles Puigdemont le apeó del ejecutivo.
La operación de ayer arrancó a las 10.30 cuando agentes de la Guardia Civil, acompañados del fiscal José Grinda, entraron en el Parlament. En ese momento la Junta de Portavoces decidía a puerta cerrada el orden de votación del pleno de la semana que viene, cuando se prevé que se apruebe la norma para la desconexión exprés de Cataluña. Esa circunstancia, sumada al momento de tensión a cuenta del proceso soberanista, disparó la alerta entre algunos diputados independentistas. Mireia Boya, de la CUP, ironizó con el 23-F en Twitter: «Quieto todo el mundo».
Los agentes, para entonces rodeados de periodistas, se dirigieron al departamento de Infraestructuras y Seguridad. Ahí técnicos del Parlament les entregaron un USB con una copia del buzón de entrada del correo electrónico que Germà Gordó utiliza como diputado. Hora y media después de haber entrado, los policías –algunos con el rostro tapado– abandonaron el hemiciclo.
Pocos minutos antes de las 11.00, otros cinco policías de paisano se personaron en el Palau de la Generalitat para un trámite similar. Entregaron a representantes del departamento de Presidencia una orden del TSJC para llevarse una copia del libro de visitas correspondiente a los años en los que Gordó fue secretario del Govern, además de un documento de apoyo administrativo. Los agentes también requirieron una lista de las personas que trabajaron para Gordó. Entre ellas consta la responsable de gestionar su agenda. Se trata de la hija del ex tesorero de CDC Andreu Viloca, también imputado en el caso del 3%.
El trámite en el Palau se alargó hasta las 16.00 y dio para cierta confusión. El Govern difundió que el nuevo conseller de Presidencia y portavoz, Jordi Turull, negó la entrada a los agentes de la Guardia Civil en el Palau de la Generalitat. Un extremo que negaron a este diario fuentes de la Guardia Civil, de la Fiscalía Anticorrupción y de los Mossos d’Esquadra presentes durante el requerimiento. Finalmente técnicos de Presidencia entregaron toda la documentación a los agentes y se marcharon.
Cinco miembros de la Guardia Civil de Cataluña se encontraban a esa misma hora en la sede del Departamento de Justicia, en el centro de Barcelona. La desaparición de la agenda oficial y del registro de visitas de Gordó hizo, sin embargo, que el equipo del actual conseller, Carles Mundó (ERC) no pudiera entregar toda la documentación exigida por el TSJC. Ni existe libro de visitas ni registro de reuniones. Los policías se llevaron únicamente una copia de los actos públicos que protagonizó Gordó como inauguraciones o convites oficiales. También una lista de las personas que trabajaron con él.
En contraste con la inédita desaparición de datos, técnicos del actual Departamento de Justicia demostraron a los policías que desde el cambio de conseller se lleva un control pormenorizado de todas sus actividades, tal y como exige la ley de transparencia de la Generalitat.
Los investigadores dan por hecho que la desaparición de los archivos de Gordó es premeditada. Según explicaron a este diario fuentes del entorno del ex conseller, siempre mantuvo una actitud de desconfianza hacia todos sus asesores. Además de vetar el registro escrito de sus encuentros, cada vez que celebraba una reunión a puerta cerrada obligaba a sus visitas a dejar el teléfono móvil fuera del despacho. Pese a su citación ante el TSJC del próximo lunes y la operación de ayer, Gordó se niega a dejar el escaño de diputado no adscrito que mantiene tras ser rechazado por su ex partido, el PDeCAT.