En defensa de los derechos lingüísticos efectivamente vulnerados

En la exposición de motivos, el grupo confederal denuncia “las constantes vulneraciones por parte de la Administración General del Estado en materia lingüística”, “los pocos avances que el Gobierno (de España, se entiende) realiza en cuanto a la asunción de la riqueza lingüística”, “las muestras de rechazo a la lengua gallega que se producen” y “el incumplimiento” por parte del Gobierno de España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

El grupo confederal reconoce que “la lengua gallega es la lengua de funcionamiento normal de la administración autonómica”, pero, como no le basta, denuncia que no suceda lo mismo “cuando se trata de la Administración General del Estado”, supuestos “casos de discriminación laboral por usar el gallego en el ámbito laboral, económico o social” y que no se haya modificado el marco normativo “para dar cumplimiento al uso del gallego en la Justicia”. Y concluye que “se vive en una situación de anormalidad porque poseer una lengua propia no es algo que esconder o de lo que avergonzarse, todo lo contrario, debería ser un motivo de orgullo”.

Por todo lo cual, pide que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno de España a optar “por la mayor protección posible para el gallego, catalán y euskera”, “adoptar las medidas necesarias y modificar el marco normativo para que los procedimientos judiciales puedan realizarse en lengua propia”, “que toda la Administración General del Estado respete los derechos de los hablantes en lengua gallega, catalana o vasca a poder ser atendidos en lengua propia”, que la Administración General del Estado respete “la toponimia oficial de Galicia” y, finalmente, “realizar una campaña en colaboración por la Xunta de Galicia para normalizar el uso de la lengua gallega en las relaciones laborales, económico-sociales, financieras o empresariales y en los medios de comunicación”.

Como reflexión inicial, cabe apuntar, más allá de lo que pueda suscitarme la denominación confederal del grupo parlamentario: uno, que en cuanto leí “ciudadanos” di por hecho que tal iniciativa afectaría también a las ciudadanas, y dos, que no conozco ningún territorio español sin lengua propia. Conozco gran parte de España… y en todos los territorios he visto que los ciudadanos hablan su lengua o incluso sus lenguas. Yo mismo suelo hacerlo, sin ir más lejos.

Por lo demás, este grupo parlamentario confederal que forma parte de la izquierda reaccionaria que representa Podemos, parece vivir en una realidad paralela… o de espaldas al sufrimiento que padecen miles de españoles en distintas partes de su territorio (España), precisamente por la discriminación que sufren, víctimas de las políticas de imposición lingüística que imponen los nacionalistas y quienes, sin ser nacionalistas, han sido abducidos por sus planteamientos reaccionarios. De esas regiones han tenido que emigrar miles de personas al no poder optar a un puesto de trabajo donde, a pesar de que se les exigía, no era necesario conocer la lengua cooficial de ese territorio para realizar correctamente la tarea que exigía el puesto.

Lo cierto es que en las distintas comunidades autónomas con más de una lengua oficial, se exigen conocimientos lingüísticos abusivos para optar a los distintos trabajos que oferta la Administración Autonómica y Local y, por la vía de los hechos, se impide que quien quiera estudiar en nuestra lengua común, el castellano o español, pueda hacerlo. Tal cosa vulnera los derechos lingüísticos de nuestros conciudadanos en esas comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Baleares…)… pero Podemos pretende, con su iniciativa parlamentaria, dar un par de vueltas de tuerca más a la imposición absurda y obtusa que padecemos.

Lo anormal es que en un país democrático un ciudadano no pueda estudiar en la lengua común del Estado, en este caso, un idioma hablado por más de 500 millones de personas en todo el mundo. Lo paradójico es que, por ejemplo en el País Vasco, se hayan destinado más de 2.000 millones de euros para el fomento del euskera durante los últimos 30 años… y que hoy día se hable incluso menos euskera que hace algunos años. Tal cosa demuestra que lo que no puede ser es además imposible… pero el problema son las víctimas que provocan las obsesiones lingüísticas de demasiados. Es lo que tiene impulsar una política lingüística de imposición sin otro propósito que diferenciarse del resto para, después, reivindicarse como nación cultural, más tarde como nación política y, a partir de ahí, levantar fronteras entre conciudadanos. Y, mientras tanto, los ciudadanos convertidos en utensilios al servicio de una lengua.

Mal que les pese a los reaccionarios, una lengua no tiene el derecho de producir hablantes forzosos para perpetuarse. Aunque algunos no lo entiendan o se hagan los despistados, habrá que repetirlo: las lenguas son para los ciudadanos, no los ciudadanos para las lenguas. En España, las lenguas que son oficiales en algunas partes del territorio están perfectamente protegidas y los derechos lingüísticos de sus hablantes, a salvo; sin embargo, son millones los ciudadanos que ven vulnerados sus derechos lingüísticos por las políticas de imposición nacionalista

Oponerse a este tipo de abusos que se extienden desde demasiado tiempo es algo profundamente progresista. Defender los derechos ciudadanos efectivamente vulnerados es indispensable hoy en España, por mucho que Podemos o el propio PSOE defiendan lo indefendible y el PP y Ciudadanos miren para otro lado o disimulen.