En libertad dos exetarras de la ‘vía Nanclares’ y el exjefe de un comando

Dos antiguos etarras incluidos en la actualidad en la denominada ‘vía Nanclares’ y que han mostrado su distanciamiento de ETA, el exjefe del ‘comandoAraba’ de finales de los ochenta y un histórico ‘grapo’ también de aquella época salieron ayer de sus respectivas prisiones en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anuló la ‘doctrina Parot’, que alargó de forma arbitraria el cumplimiento de sus condenas.
Así lo decidieron dos secciones (tribunales) de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que desde ayer abrieron la puerta a la excarcelación automática de todos aquellos presos afectados por la ‘vía Parot’ sin pasar por el Pleno de la Sala, como había ocurrido con los 29 terroristas, 27 etarras y dos ‘grapos’, que han sido liberados en las dos últimos semanas.
En esta ocasión, los cuatro beneficiados por la sentencia de Estrasburgo son Luis María Lizarralde Izaguirre e Iñaki Rekarte Ibarra, ambos acogidos a la ‘vía Nanclares’ de reinserción, es decir, que habían iniciado el programa de Instituciones Penitenciarias para los disidentes, y Juan Carlos Arruti Azpitarte, ‘Paterra’; además del militante vigués del GRAPO Jaime Simón Quintela.
Los dos reos de la ‘vía Nanclares’ pisaban la calle desde hace tres años por la concesión de permisos o en régimen de semilibertad, ya que el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia, José Luis Castro, consideró que habían dado los pasos para desvincularse de la banda y mostrado su arrepentimiento.
Curioso es el caso de Lizarralde, preso desde 1994 por dos asesinatos y otro frustrado y que tenía previsto salir en 2022 con la ‘doctrina Parot’. «Todo esto me está suponiendo un desgaste personal. Algunos compañeros me hacen el vacío aquí como en el pueblo», decía el reo en un auto del juez de 2011 en el que le daba 18 días de permiso.
El otro disidente excarcelado ayer, Rekarte Ibarra, llevaba en prisión más de 20 años cumpliendo condena por un atentado con coche bomba que mató a tres vecinos de Santander en febrero de 1992.

Los duros y los pendientes
También fue puesto en libertad ‘Paterra’, exjefe del ‘comando Araba’, con un historial sangriento que incluye 14 atentados y diez asesinatos por los que fue condenado a la friolera de 1.200 años. Su carrera terminó con su detención en un peaje de Irún en 1989. Desde entonces estaba entre rejas y no había mostrado ningún tipo de arrepentimiento.
El cuarto excarcelado es el ‘grapo’ Simón Quintela, quien abandonó a primera hora de la tarde la prisión de Herrera de La Mancha, en Ciudad Real, donde no le esperaba nadie. Quintela fue detenido en 1985 y condenado a 163 años –aunque el límite de cumplimiento eran 30 con el Código Penal de entonces– por el asesinato del promotor inmobiliario Manuel Ángel de la Quintana, en Madrid. Su comportamiento en la cárcel, lejos de ser ejemplar, se caracterizó por huelgas de hambres y acciones políticas para reclamar su libertad y la reducción de su condena. En enero de 1990 tuvo que ser hospitalizado por la gravedad de su estado al negarse a comer.
Está previsto que hoy abandonen la prisión, como reclamó la Fiscalía de la Audiencia Nacional, otros seis etarras y tres ‘grapos’. Del primer grupo están históricos como Juan José Zubieta Zubeldia, condenado a 1.851 años por diversos atentados como el de la casa cuartel de Vic, en Barcelona, en 1991, en el que murieron diez personas, cinco de ellas niños, y Jesús María Zabarte, en cuya amplia lista de asesinatos figura el niño José María Piris.
También están en vísperas de salir de la cárcel Javier María Goldaraz, condenado por el secuestro del industrial Adolfo Villoslada; Miren Maitane Sagastume, Joaquín Urain Larrañaga, condenado a 315 años por la muerte de tres militares, y José Ignacio Etxeberria Pascual. Los otros tres ‘grapos’ pendientes son Guillermo Vázquez Bautista, condenado a casi 260 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles, María Jesús Romero Vega y Encarnación León Lara.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, señaló ayer en el Congreso que no hay más remedio que acatar «por muy doloroso que sea» la sentencia de Estrasburgo y anunció que en el caso de violadores y asesinos beneficiados pedirá a la Policía una vigilancia preventiva dentro de la ley.
Al ser preguntado en los pasillos de la Cámara baja si ve justificada la alarma social generada por la puesta en libertad de múltiples miembros de la banda terrorista ETA, Torres Dulce afirmó que entiende «perfectamente» a todas las víctimas, especialmente a aquellas que «han soportado hechos que han sido calificados como muy graves por los tribunales» y que la excarcelación de sus responsables «pueda provocar esa alarma social».
«Lo que sucede es que estamos en un Estado de Derecho y hay que someterse a las leyes y decisiones de los tribunales, aunque discrepemos jurídicamente de ellas y aunque esa decisión comporte costes de carácter personal o social, que son ciertamente evidentes», concluyó.