En tablas. Así quedó la reunión ‘in extremis’ que mantuvieron ayer el presidente de la Generalitat y el líder de Junts. Si fue imposible llegar a un acuerdo fue porque las exigencias de los socios son inasumibles. La restitución del cesado vicepresidente, Jordi Puigneró, en quien ya no confía Pere Aragonès porque le ocultó una información tan sensible como la presentación de una cuestión de confianza, y la reactivación de una especie de ‘Estado mayor’ del ‘procés’ que estaría tutelado por el Consejo que dirige, desde Waterloo, Carles Puigdemont. Suena a broma de mal gusto o a una provocación. Pero así están las cosas en el pulso entre los independentistas. Con las bases de Junts a punto de decidir si siguen en la Generalitat o se largan con viento fresco para preparar las próximas elecciones municipales, el presidente de la Generalitat se ha quedado aferrado a la idea de que Cataluña volverá a votar. En un referéndum sobre la independencia, se entiende, aunque sea consciente de que va a necesitar tiempo para esa consulta pactada con el Gobierno central. Pero necesita transmitir una imagen de contundencia independentista para que los radicales de Junts, jaleados por la CUP, no le acusen de flojo al hacer alarde de su pragmatismo manteniendo la vía permanente de negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Después del golpe de mano que dio Pere Aragonès al cesar a su vicepresidente (dejando en evidencia la deslealtad de Junts), ERC se muestra persuadida de que el presidente de la Generalitat ha ganado autoridad y de que, en realidad, no les vendría nada mal liberarse del lastre del partido de Puigdemont para avanzar en su negociación con La Moncloa. De nuevo, los pragmáticos contra los iluminados. Son ellos, los de ERC, los que han ido arrancando más concesiones del presidente del Gobierno en el marco de esa mesa de negociación de la que tanto recelan los de Junts. Pero fuera del área de poder hace mucho frío. Demasiados puestos de trabajo que mantener, ese colchón salarial tan mullido que cuesta tanto abandonar. Esa zona de confort en la que están instalados 250 cargos de Junts con más de veinte millones de euros en sueldos.

Si al final los de Junts se van o los echan, no lo va a tener nada fácil Pere Aragonès para seguir gobernando sólo con 33 de los 135 diputados del Parlamento de Cataluña. La mayoría que le invistió para ser presidente (la mayoría que no le proporcionaron las urnas) ya no existe. Descartada la opción de unas nuevas elecciones porque sería una operación de máximo riesgo (la abstención de los desmovilizados la carga el diablo), Aragonès tiene prisa por cambiar de escenario.

Cinco años después del despropósito del ‘procés’, ahora ERC ha reconocido que no calcularon bien la fortaleza del Estado. Los independentistas están atrapados en un bucle de guerra fratricida mientras los sondeos siguen recordando que el sentimiento rupturista va a la baja. Pero el balance no puede ser más descorazonador para más de la mitad de ciudadanos de Cataluña. Sus gobernantes se saltan las leyes para impedir la enseñanza del 25% en castellano. Es la comunidad que vive atrapada en un infierno fiscal y que sigue liderando la fuga de empresas. Aragonès hasta ahora había rechazado pactar con los socialistas y los comunes. Seguramente tendrá que hacerlo. De momento, con apoyo exterior, a la espera de ese tripartito que aguarda desde hace tiempo Pedro Sánchez. Lo del referéndum ya vendrá después.