Encadenados a la confusión

De cómo discurra la celebración de la Diada de Cataluña, con la cadena humana apoyada por la Generalitat que ya no reivindicará el derecho a decidir sino directamente la independencia, los nacionalistas vascos tomaràn buena nota. Dice Daniel Innerarity, asesor del Gobierno vasco y amigo personal de Urkullu, que en el caso de Euskadi no existe la posibilidad de que se aplique lo que se le reconozca a Cataluña, sobre todo porque la Constitución y el Estatuto de Gernika permiten mayor reconocimiento de soberanía. Pero no es casualidad que tanto el PNV como EH Bildu desplacen a sus principales representantes para asistir a los festejos oficiales, unos, y a la cadena, otros. Mas y Urkullu, siempre que han tenido ocasión, han subrayado sus coincidencias en sus aspiraciones soberanistas, pero han mantenido sus diferencias en el ritmo a la hora de plantear el encaje de las autonomías que representan dentro del Estado.
El lehendakari Urkullu ha dejado las declaraciones unilaterales de independencia a EH Bildu porque no ha querido asustar a su electorado. De hecho, si decidió desde el comienzo de su mandato dejar su propuesta del nuevo estatus vasco para la segunda parte de su legislatura es porque ha querido dar prioridad a la crisis y al plan de paz antes que someter a los ciudadanos vascos a una nueva división, que es lo que provocaría ahora un debate sobre la independencia. Ibarretxe lo intentó. Y sólo consiguió generar un enfrentamiento que dejó muchas cicatrices en la sociedad. Quiso convocar un referéndum, sabiendo que sin el consentimiento del Gobierno español no podría celebrarse. Pero después de que el Congreso rechazara su plan, desistió de su idea y convocó a los ciudadanos vascos a unas elecciones anticipadas también con un cierto carácter plebiscitario. Ese camino intenta recorrer ahora Artur Mas. Pero valiendose de una negociación directa con el presidente Rajoy.
El frenazo que ha decidido dar el presidente de la Generalitat a su calendario soberanista obedece a una necesidad de recuperar perfil propio porque la deriva radicalizada que estaba adoptando su partido, durante el último año, suponía un riesgo de terminar siendo fagocitado por su socio de gobierno: Esquerra Republicana de Cataluña. Mas se ha visto arrastrado por las reclamaciones del sector más radical de su Gobierno. «Esquerra exige, CiU transige» decían los observadores que han levantado acta, también, de las divergencias mantenidas entre los correligionarios de Convergencia y los de Unió, que han tenido su máximo exponente en Durán i Lleida, quien ha sostenido, hasta las últimas horas, que la independencia es una propuesta que divide.
Mas quiere volver a utilizar la carta plebiscitaria de 2016 para intentar camuflar las dificultades legales con las que se toparía un referéndum sobre la independencia en Cataluña. Pero ERC le recuerda su compromiso: la consulta para el 2014. Entre las exigencias de unos y el peligro de desmarque de otros, Mas se planta en mitad de la partida para apelar, por primera vez, a la legalidad de una consulta a la que se comprometió antes de que los ciudadanos catalanes le castigaran en las urnas con doce escaños menos en el Parlamento.
Y si lo hace es porque su negociación con Mariano Rajoy deja el quid de la cuestión sobre la mesa. ¿Se puede convocar un referéndum sin vulnerar la Constitución? ¿Se podría separar la letra del espíritu de la Carta Magna? Están en ello. Mariano Rajoy mira a los puentes de San Petersburgo y ve una vía de diálogo. No es cuestión sencilla. ¿Podría ocurrir que el Gobierno accediera a trasladar la potestad de la convocatoria de un referéndum a la Generalitat, de forma extraordinaria y con condiciones de claridad en la pregunta? ¿Podría emular la actitud del presidente Cameron con el referéndum que Escocia celebrará el próximo 18 de setiembre? Lo que más atrae del proceso británico en La Moncloa es la claridad de la pregunta –¿Debería ser Escocia un país independiente? ¿Sí o no?– que logró imponer el presidente británico. Pero no son situaciones comparables. Entre otras cosas porque el Reino Unido no se rige por una Constitucion.
Mas quiere ganar tiempo a la crisis que tan mal ha gestionado (sigue sin haber presentado Presupuestos desde 2010). Es una apuesta arriesgada para su propio Gobierno. Su socio tan sólo espera que cumpla con sus compromisos. Consulta soberanista para 2014. Y de ahí no se apean. Los nacionalistas, concentrados en su reloj de arena hacia el desenganche con el resto de España. El PP y Ciutadans reclamando respeto a la legalidad vigente. «Mas está enviando un mensaje de confusión que es preocupante», protesta el líder de los socialistas catalanes que, ellos también, están hechos un lío y con una profunda crisis de identidad de la que salió huyendo Carme Chacón hace unos días.
Si Mas quiere ganar tiempo, Rajoy no debería perderlo. Ni Aznar ni Zapatero consiguieron encauzar el río desbocado del independentismo catalán. Y lo intentaron. El primero, con firmeza. El segundo, con concesiones. Y fracasaron. Parece difícil encontrar una vía intermedia que no vulnere la Constitución. Rajoy lo intenta, consciente de que la mayoría de la sociedad española podría reclamar participar en un proceso de consulta sobre cualquier comunidad autónoma. La cadena de observadores traspasa las fronteras catalanas.
Euskadi tiene mayores cotas de autogobierno que Cataluña; cierto. Pero si se le concede a la Generalitat la potestad de celebrar un referéndum sobre la independencia, el Gobierno vasco reclamará su propio proceso. Con toda seguridad.