ABC – 21/04/16 – ISABEL SAN SEBASTIÁN
· «El “cese de la violencia” sí ha tenido un precio político pagado en impunidad, presencia en las instituciones y humillación a las víctimas».
¿Se debe entrevistar a un terrorista? Exactamente igual que a un genocida, un atracador de bancos, un violador o un asesino. ¿Es ético hacerlo? Depende. Si la conversación se plantea como un acta de acusación basada en hechos contrastados, destinada a poner al desnudo la miseria moral del personaje, puede resultar no solo lícita, sino tremendamente útil desde el punto de vista del derecho a la información que asiste a los ciudadanos. Si, por el contrario, el entrevistador se limita a formular preguntas supuestamente «objetivas» y aceptar respuestas falsarias, sin rebatir afirmaciones encaminadas a legitimar centenares de crímenes, entonces nos alejamos del ejercicio periodístico para adentrarnos en otro terreno.
El del colegueo, la justificación, la equidistancia o simplemente el todo vale con tal de subir la audiencia. En cualquier caso, un terreno pantanoso hecho de sangre y barro.
Aguanté la entrevista de Jordi Évole al etarra Arnaldo Otegi, emitida el domingo por la Sexta, hasta que el dirigente de la organización terrorista culpó directamente a la Guardia Civil de haber dejado morir a los niños asesinados en los cuarteles por no atender la exigencia de la banda de «sacar de allí a las familias». Mi estómago no dio para más. A esas alturas de la amable charla el entrevistado ya había acusado a la Benemérita de practicar habitualmente la tortura, no solo con la anuencia tácita del periodista, sino con el respaldo de un concejal del PP vasco, sí, del mismo PP en el que militaron Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco y tantos otros asesinados, que decía «entender por ello muchas cosas», en referencia a los crímenes de ETA. Hasta donde yo sé, el partido a estas horas todavía no lo ha expulsado.
Aguanté, conteniendo a duras penas las ganas de vomitar, el discurso chulesco del terrorista, negándose a condenar la sanguinaria trayectoria de sus compañeros de armas, sin que el complaciente interrogador diese por concluido el encuentro ni siquiera tuviese a bien manifestar su repulsa. Claro que si el Ministerio Fiscal, el de Interior, la Abogacía del Estado y demás órganos competentes no hacen nada para impedir que Amaiur o Bildu sean legales, a pesar de incumplir flagrantemente las condiciones impuestas por la Ley de Partidos, ¿quién es un comunicador de televisión para escandalizarse porque un miembro de ETA rehúse censurar a sus correligionarios?
Aquí está claro que los sicarios del hacha y la serpiente han pasado a formar parte del paisaje con total naturalidad, porque ya no empuñan la pistola. Ya no matan. Y ese «cese definitivo de la violencia» sí ha tenido un precio político, por mucho que lo nieguen Zapatero y Rajoy. Un precio altísimo pagado en forma de impunidad, presencia en las instituciones y humillación gratuita a las víctimas.
Arnaldo Otegi «superstar» entró en campaña el domingo con un macro-mitin televisado ante un millón y medio de espectadores. Un verdadero regalo en términos propagandísticos. En breve se celebrarán en el País Vasco unas elecciones a las que el secuestrador de Gabi Cisneros concurrirá en calidad de candidato a lendakari, me inclino a pensar que sin necesidad de testaferros, pese a estar inhabilitado. Es tan evidente el desarme moral del Estado como consecuencia del «proceso de paz», tan patente la voluntad de entendimiento entre su gente y la de Iglesias, que ni siquiera tendrán que molestarse en disimular. ¿Para qué? No hay nada que no traguemos.
ABC – 21/04/16 – ISABEL SAN SEBASTIÁN