Leídas las noticias se queda uno con la impresión de que, además del covid y la gripe A hay una epidemia de locura. Algunos de los casos detectados son impactantes. Por ejemplo, el de Joaquín Pérez Rey, flamante secretario de Estado de Trabajo, es decir ayudante principal de la señora Díaz, quien ha advertido a los empresarios de que o aceptan una subida del 4% del salario mínimo o decretan ellos la subida que, por supuesto, sería siempre superior. Como dijo Woody Allen refiriéndose al dinero y a la felicidad, «si esto no es un chantaje se le parece tanto que solo un experto sería capaz de diferenciarlos».

Quizás no se puedan aportar nuevos y grandes argumentos para justificar que se pueda aceptar una subida del 3% y negarse a una del 4%. Algunos podrían decir con razón que una empresa que no pueda hacer ese esfuerzo no sobrevivirá mucho tiempo. Pero hay más cosas.

Primero, que este es un proceso de acumulación y las subidas de los últimos cuatro años han superado el 50%. Esas son otras cifras. El 3% es un nivel cercano al general pactado en los convenios entre las empresas y los sindicatos sin la intervención aparatosa del Gobierno. Es superior a lo que éste piensa subir a los funcionarios y es mucho más generoso que lo que el Gobierno piensa admitir en las actualizaciones de los contratos públicos, por la sencilla razón de que no piensa actualizarlos. La postura del Gobierno no es coherente y su manera de negociar es inadmisible. Si hubiesen trabajado alguna vez en alguna empresa sabrían que nadie se acerca a un cliente diciéndole: ‘Este es mi precio y si no lo aceptas, te lo subo’. Claro que ellos negocian siempre con el dinero de los demás en una mano y el BOE en la otra, y eso es tener una posición de abuso de dominio que, fuera de ‘lo público’, estaría perseguida por la Ley.

Otro ejemplo de esta ola de locura es el del portavoz de Junts, el señor Josep Rius, quien en nombre de su partido propone premiar a las empresas que huyeron en su día de la locura del ‘procés’ y retornen al redil. Mientras que quiere castigar a las que no vuelvan. Vamos a ver: ¿Por qué se fueron esas empresas? Porque rechazaban la inseguridad jurídica que generaba la deriva independentista. ¿Cuándo volverán? Cuando quieran, pero nunca antes de que desaparezca esa inseguridad y retorne la cordura. Así que sería mejor que se aplicasen en ello y dejasen de proponer actuaciones absurdas. Si se premia a las que vuelvan, ¿qué harán con las que no se fueron? ¿Y cómo podrán castigar a las que no vuelvan una vez que ya no comparten techo?