ABC 04/11/15
EDITORIAL
LA presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, impulsó ayer la continuación del procedimiento para debatir en el pleno de la Cámara la resolución separatista pactada por Juntos por el Sí y la CUP. El lado positivo de la noticia es que esta nueva afrenta al Estado ha dado motivo a la primera escenificación de la unidad de los partidos constitucionalistas, PP, PSC y Ciudadanos. Estas formaciones van a recurrir por separado, pero coordinadamente, ante el Tribunal Constitucional pidiendo su amparo ante lo que constituyen los pasos iniciales inequívocos del proceso secesionista. Ya no basta con dar por hecho que los independentistas no van a lograr la independencia. Lo que están haciendo ahora mismo es vulnerar la legalidad simplemente dando trámite a una declaración de ruptura con España. Frente a este desafío arrogante e inaceptable, la respuesta del Gobierno no debería consistir en decir lo que no va a hacer –«la Guardia Civil no desfilará por la Diagonal», aseguró ayer el ministro de Interior– o lo que no le gustaría hacer –«aplicar el artículo 155 de la Constitución», también según Jorge Fernández–, entre otras razones porque no está escrito hasta dónde tendrá que llegar el Estado en la defensa del orden constitucional. No hay que descartar nada. Ya es el momento de hacer lo que haya que hacer, sin más anuncios, ni más declaraciones, ni más apelaciones a la cordura de los que ya han acreditado carecer de ella.
Los partidos constitucionalistas catalanes aciertan no sólo al expresar públicamente sus coincidencias, sino también al solicitar el amparo constitucional. Son catalanes que se sienten atropellados por los nacionalistas, porque lo primero que ha entrado en crisis por culpa del independentismo es la cohesión de aquella sociedad. El mito de la España hostil se desmorona día tras día con hechos concluyentes. A los catalanes les robaba la flor y nata del nacionalismo, encarnado en el clan Pujol. A Convergencia Democrática de Cataluña la investiga un juez de El Vendrell (Tarragona) por una denuncia de una exconcejal de Esquerra Republicana. A las farmacias catalanas les debe dinero la Generalitat y lo pone el Estado. Y a la presidenta del Parlamento catalán le impugnan sus decisiones otros diputados catalanes. Es imposible no ver en esto un conflicto civil en Cataluña. Cuando el Tribunal Constitucional reciba los recursos de amparo de los parlamentarios catalanes comenzará un pleito legal que puede desembocar en la aplicación de la última reforma de este tribunal, que le permite inhabilitar a los funcionarios que desobedezcan sus sentencias. Si el nacionalismo quiere realmente abrir una nueva etapa política basada en la deslealtad y el desacato, que sea con todas las consecuencias.