Es una constante. El gobierno de turno siempre ve el presente económico de color rosa y el horizonte despejado, mientras que la oposición se regodea en la negritud de la coyuntura actual. Pasa con todos los gobiernos y con todas las oposiciones. Por nuestra parte, los que nos dedicamos a la abyecta profesión de opinar de todo, con conocimiento de causa variable, tendemos a dar palos a quien manda, basándonos en la razonable constatación de que es quien toma las decisiones, quien acierta y se equivoca. Luego ya, por pura maldad, a lo primero le ponemos sordina y a lo segundo altavoz. Como ejemplos podemos recordar que Aznar decía siempre que ‘España va bien’, mientras Sánchez asegura, una y otra vez, que la recuperación es intensa y va a ser justa.

Si hablamos de lo de hoy, el periódico lleva esa fecha, debemos preguntarnos, ¿Es verdad que las cosas están encauzadas, es cierto que estamos bien? La respuesta tiene muchos matices, y casi todos negativos. Veamos. Suponíamos que el crecimiento era sostenido y nos situaba en cabeza de la Unión Europea, pero basábamos la suposición en un error histórico del INE que ha sido después subsanado, con un aumento de dos décimas del dato negativo correspondiente al primer trimestre y una rebaja de más de la mitad del crecimiento positivo del segundo. Un desastre estadístico que nos obliga a recomponer todas las previsiones y que nos expulsa desde la cabeza de la UE a una mediocre media.

Luego viene la serie de los récords. Tenemos el paro más alto de todos los países europeos, incluida la siempre remolona Grecia. Un paro que, en el segmento juvenil, alcanza niveles insoportables. La inflación se nos ha ido al nivel más elevado registrado en los últimos 13 años, lo cual nos agranda la brecha del agujero de las pensiones en 5.000 millones ya que cuentan con la promesa de su actualización en base al IPC y dañará el déficit con la subida de los salarios de los funcionarios. Se calcula un total de 11.000 millones en los presupuestos de 2022 que deberán recoger este nuevo desajuste y tendrán que practicar la virtud de la modestia.

Eso en el terreno de lo público. En lo privado, las personas y las empresas se enfrentan a los peligros de la inflación. La electricidad se encuentra en niveles desconocidos, insensible a los intentos desplegados por el gobierno para impedir su alza. La gasolina encarece la cadena del transporte y los desplazamientos de las personas (El crudo ha subido un 50% en lo que va de año) y, a las puertas del invierno, el gas (que ha subido un 73% desde el mes de agosto pasado) amenaza con complicarnos la vida por culpa de la endeblez de nuestras vías de suministro y el aumento general del consumo.

La subida de costes que padecen las empresas es terrible y provocan una estenosis de los márgenes que arruina los posible beneficios. La situación es grave y se convierte en peligrosa cuando se le añaden la presión que ejercerá la inflación sobre los salarios y los problemas del tráfico marítimo, con una importante elevación del precio de los fletes y una alteración severa del servicio. Los datos del segundo semestre de las empresas van a ser malos, al menos para todas aquellas que están expuestas a la competencia internacional en sus compras o en sus ventas.

Indudablemente, el gobierno puede presentar acciones beneficiosas para la sociedad, -pensiones, sueldos de funcionarios, apoyo social de los ERTE, etc.-, pero todas son medidas de gasto que dependen del BOE y, sin actuaciones que estimulen la actividad y la creación de riqueza que producen ingresos fiscales, las cuentas públicas continuarán en su enloquecida carrera hacia una deuda descomunal.

Vamos bien, pero solo si nos limitamos a comparar la situación actual con la padecida durante la pandemia. Nos enfrentamos a muchos problemas que no se pueden resolver desde el fanatismo ideológico y el dogmatismo trasnochado que practica, y en ocasiones impone, la parte comunista del gobierno. Las subidas de impuestos (escuche a Draghi), el castigo a las empresas (lea los informes de las agencias internacionales de rating) y las reformas del mercado laboral (con máximos de paro y un cuarto de millón de personas en ERTE) no caminan en la dirección adecuada.