Hago abstracción en esta columna de escándalos políticos tan graves como el indulto a los golpistas, los beneficios otorgados a etarras, previo acuerdo alcanzado con Bildu, o el pacto de Gobierno suscrito entre Sánchez e Iglesias en flagrante contradicción de lo prometido por el socialista en campaña. Cada uno de esos actos, fruto de la mentira, habría costado el cargo al dirigente de un país más exigente con la verdad y la decencia de sus gobernantes. Pero como en España el embuste parece formar parte del menú servido al votante en cuanto es llamado a las urnas, me ceñiré a los escándalos de naturaleza pecuniaria. A la corrupción que sirvió de excusa para expulsar del poder a Rajoy mediante una moción de censura respaldada por todos los grupos cuyas cloacas hedían tanto o más que las ‘genovesas’. Desde el PSOE de los Eres multimillonarios (que a día de hoy les han salido gratis a Chaves y Griñán, por cierto) a los nacionalistas catalanes del ‘tres per cent’. Desde el PNV del caso de Miguel, comisiones cobradas durante años a cambio de adjudicaciones, al Podemos de la conexión bolivariana. Todos tenían montañas de basura oculta bajo las alfombras, pero quien pagó la cuenta del hartazgo ciudadano fue el PP. Su derrota iba a traer una nueva era de regeneración democrática, nos dijeron. Nadie volvería a meter la mano en la caja, aseguraron. Y no han dejado de hacerlo, de mil maneras distintas.

El saqueo legal es obvio. Nunca se alcanzó en España tal grado de presión fiscal en aras de financiar regalos electorales. El contribuyente trabaja para Hacienda siete meses al año, mientras se empobrece como consecuencia de la inflación, para que el presidente alardee de repartir becas y demás favores como si el ingente caudal de dinero destinado a comprar papeletas saliera de su bolsillo y no del nuestro. Los atracos más dudosos en términos de Código Penal también saltan a la vista, aunque no abran telediarios ni den pábulo a las tertulias. Por ejemplo, el presupuesto destinado al CIS de Tezanos, casi trece millones de euros, el doble de lo asignado en época de Rajoy, para financiar unas encuestas cuya ‘cocina’ adultera las respuestas obtenidas con el propósito evidente de convertir en vencedor al mismo Sánchez que los demás sondeos proclaman perdedor por rotunda unanimidad.

Por ejemplo, el caso Ximo Puig, que le implica, junto a parte de su familia, en una trama de financiación ilegal investigada por la UCO. Por ejemplo, el caso Acuamed, que salpica de lleno a Cristina Narbona. Por ejemplo, el caso de los trenes que no caben en los túneles, gigantesca y costosa chapuza (o tal vez algo peor) de una Renfe presidida hasta ayer mismo por un amigo de Sánchez, decapitado ‘in extremis’ para salvar el cuello a la ministra. No serán ‘televisivos’, pero huelen que apestan.