POR PRIMERA vez desde que se iniciase el procés independentista, la Fiscalía se ha puesto de parte de los intereses de Puigdemont, un prófugo de la Justicia, procesado por el grave delito de rebelión, que pretende representar en el Parlamento europeo a una nación cuya Constitución no reconoce. Es cierto que España es uno de los países más garantistas de la UE, como se está demostrando en el juicio que está teniendo lugar en el Tribunal Supremo contra los políticos golpistas que proclamaron unilateralmente la independencia de una parte del Estado siguiendo el nada ejemplar modelo balcánico de los años 90.

Sin embargo, no es aventurado pensar que en la decisión del Ministerio Fiscal hayan primado más las directrices políticas que la defensa de unos supuestos derechos electorales vulnerados por la Junta Electoral Central (JEC). Por desgracia este Gobierno ya sentó un precedente de instrumentalización de la Justicia al obligar a la Abogacía del Estado a modificar su escrito de acusación, para descartar pedir penas por rebelión para los responsables del golpe de Estado de septiembre y octubre de 2017 y rebajarlas a la mitad, por el delito menos grave de sedición. Para ello, hubo que eliminar del documento la palabra violencia, como denunció Edmundo Bal, el abogado del Estado purgado por la ministra Dolores Delgado, por negarse a firmar tal tropelía.

En esta ocasión, el asunto es más grave ya que se trataría, en primer lugar, de un intento de desactivar a la Junta Electoral Central, la máxima autoridad del Estado en estas cuestiones durante los períodos electorales. Pero en segundo lugar, con su actuación, la Fiscalía estaría alimentando la imagen victimista que cultiva Puigdemont en Europa, donde presenta a España como un país que no respeta los derechos y libertades fundamentales. Resulta paradójico, por otra parte, que alguien con esa catadura moral, recurra a la legislación garantista de un Estado de derecho al que desprecia para lograr sus propósitos.

Porque si bien son razonables los argumentos aportados por la Fiscalía en respuesta al recurso presentado por Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsatí contra la decisión de la JEC de no permitir su candidatura a las elecciones europeas en representación de Lliures per Europa (Junts), también lo es que la resolución de la JEC se ajustaba plenamente a derecho además de ser absolutamente lógica. ¿Cómo va a representar a España en una institución comunitaria un político que lideró un golpe de Estado y que ha huido para no responder ante la Justicia?

Finalmente, será el TS quien decida si los tres prófugos pueden o no presentarse, pero tendrá que tomar en consideración que, como dice la JEC, ninguno cumple el requisito mínimo e imprescindible de haber comunicado su lugar de residencia en el censo. El Gobierno no puede blanquear la imagen de Puigdemont para ganarse su apoyo y justificar su política de connivencia con quienes quieren destruir España.