Los españoles poseemos el dudoso honor de estar entre los europeos que mayor esfuerzo fiscal realizan; es decir, los que más impuestos pagamos en función de nuestra renta, quienes pagamos impuestos en lugar de engrosar las filas de la economía sumergida. El año pasado, un 53 por ciento más que la media de la Unión Europea. También debemos al Gobierno Frankenstein el haber superado a nuestros socios en presión fiscal, ya que este indicador ha alcanzado el 43 por ciento del PIB, frente al 41,7 por ciento del conjunto. Pero como el apetito del fisco es voraz, preparémonos para ver aumentar este expolio que nos convierte en auténticos esclavos de Hacienda. Siervos sujetos al yugo de unos dirigentes adictos a gastarse nuestro dinero, condenados a empobrecernos y contemplar impotentes cómo, además de este robo, aumenta también, imparable, la deuda que lastrará el futuro de nuestros hijos y nietos.

Desde su llegada al poder, este Ejecutivo ha elevado los tributos cincuenta y cuatro veces y no tiene intención de parar. Antes, al contrario, su presidente, Sánchez, alardea de sacar el dinero del bolsillo de los ciudadanos para meterlo en las arcas del Estado, cuya llave tiene él. Ahora que estamos en vísperas electorales, utiliza sin pudor en sus mítines la subida de las pensiones como argumento de campaña, a ver si algún jubilado se cree que debe votar al PSOE para afianzar la ganancia. Y eso que, tal como revelaba ayer ABC, unos 400.000 pensionistas verán cómo casi cuatro de cada diez euros de incremento se los queda el Ministerio de Montero, con lo cual ni siquiera les compensan la inflación, como nos ocurre a la inmensa mayoría de los trabajadores. De acuerdo con nuestro sistema, empero, uno recibe en función de lo que ha cotizado. ¿De qué sirve esa contribución si después el gobierno de turno cambia las reglas de juego en función de su conveniencia? Cuando la llamada «progresividad» traspasa los límites de lo razonable, se desincentiva la honradez y se fomentan las trampas, la vagancia y el ascenso de la incompetencia al poder, como es notorio en España.

La Fundación Civismo, un organismo independiente, calcula cada año el ‘día de la liberación fiscal’ en que el español medio deja de trabajar para Hacienda y empieza a hacerlo en su propio beneficio. En 2022 esa fecha gloriosa se alcanzó el 15 de julio. Para este 2023 se retrasa hasta el 29 del mismo mes. Nunca en la etapa democrática habíamos soportado semejante nivel de exacción.

El PP debería aclarar cuanto antes si piensa seguir por esta senda, si incluso apretará más la tuerca, como hizo en tiempos de Rajoy apelando a la herencia recibida, o si reducirá drásticamente el gasto a costa de perder votos, en aras de aliviar la carga de quienes doblamos la espalda veintiocho semanas al año para un amo derrochador, implacable e insaciable.