Como en la primera consulta sobre la independencia de 2014 y el voto del brexit en 2016, los escoceses han acudido este jueves a unas elecciones regionales planteadas como un plebiscito sobre Europa y su relación futura con el Reino Unido.

Muchos de los escoceses que en 2014 votaron no a la independencia lo hicieron a sabiendas de que abandonar el Reino Unido implicaba también salir de la Unión Europea (UE). Hoy se enfrentan al dilema contrario: el camino de vuelta a Bruselas pasa por romper tres siglos de unión con Londres.

La perspectiva, cada vez menos remota, de una Escocia independiente regresando al redil comunitario no desagrada en Europa, especialmente entre los que aprecian la ironía de un brexit que iba a finiquitar a la UE y podría acabar rompiendo Gran Bretaña.

Pero el hecho de que en España nadie se pregunte por las implicaciones de una Escocia independiente en la UE evidencia la peligrosa falta de visión que tenemos sobre los intereses estratégicos de nuestro país.

Empecemos por la más obvia. Si Escocia se convierte en el miembro número 28 de la UE, Edimburgo y los nacionalistas que la gobiernan desde hace 14 años adquirirían voz y voto en las instituciones europeas. ¿Queremos darles a los aliados del separatismo vasco y catalán un asiento y poder de veto en la Comisión y el Consejo?

Para ilustrar las posibles implicaciones para nuestro país, recordemos cómo debimos acceder al despliegue de un contingente militar español en el Báltico para cortar el flirteo de Letonia con la idea de apoyar el referéndum ilegal de Cataluña en 2017.

Esta visión transaccional de las relaciones entre Estados miembros dista mucho del espíritu que debería regir en la UE, pero es el día a día en los fríos pasillos de Bruselas. Cuantos menos desleales socios tenga España en la capital de Europa, mejor para nuestros intereses.

Otra consecuencia sería menos inmediata, pero más trascendental. España no es el único país europeo al que el separatismo provinciano busca trocear. Una Escocia independiente que tuviera las puertas de la UE abiertas marcaría el camino a los partidos nacionalistas de toda Europa, creando un nuevo eje de inestabilidad política en un continente que ya puede permitirse pocos.

España no tiene sólo un interés nacional en cerrarle la puerta de Bruselas a Escocia. A la hora de tomar decisiones en este aspecto, tiene además numerosos precedentes entre los socios europeos.

Porque nadie se merece entrar en la UE.

Aunque los Tratados proclamen que cualquier país europeo que comparta sus valores y principios puede solicitar el ingreso, la realidad es que la UE es un club en el que sus miembros deciden quién entra y quién no, a veces por los motivos más espurios.

Sirva de ejemplo Macedonia, a la que sus vecinos griegos le obligaron a añadir la humillante coletilla “del Norte” para levantar su veto y que, pese a cumplir los objetivos de déficit mejor que muchos Estados miembro, lleva en la lista de espera desde 2005.

O Ucrania, a la que su deseo de acercarse a la UE le ha costado 13.000 muertos y una guerra con Rusia, sin que Bruselas haya hecho más que “reconocer sus aspiraciones”.

Siendo la UE un club en el que criterio último de ingreso es el político, España puede y deber hacer valer sus intereses nacionales con la misma determinación con la que lo hacen el resto de nuestros socios.

La pregunta ahora es, ¿quién decide por España?

Para entrar en la UE es necesaria la firma, con el candidato, de un Tratado de Adhesión, que luego deben ratificar todos los Estados miembros. Nuestra Constitución establece que el consentimiento de España debe autorizarlo el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.

Si el Congreso tuviera que pronunciarse sobre una hipotética entrada de Escocia en la UE podemos dar por hecho el apoyo entusiasta de los partidos independentistas, que ganarían un aliado en el Consejo Europeo, así como el del PSOE, que llegó a la Moncloa gracias a los separatistas y que no ha tenido nunca demasiados reparos en poner el interés de sus socios por delante del de España.

Una decisión con implicaciones tan importantes para nuestro país debería depender del consenso de las principales fuerzas políticas, y no quedar al arbitrio de la mayoría parlamentaria del momento. Quizá por ello deberíamos seguir el ejemplo de Francia o Países Bajos, que cuentan con mecanismos reforzados para otorgar su consentimiento.

Puesto que la Unión Europea nació para derribar fronteras y no para levantarlas, España debe hacer valer sus intereses esenciales y cerrarle la puerta de Europa al separatismo.

No tengamos ninguna duda.

*** José Ramón Bauzá es eurodiputado en la delegación de Ciudadanos del Parlamento europeo.