Conforme el agujero de la Seguridad Social (caja única) se ha ido transfiriendo a la Administración Central del Estado (cuya caja no es única), las transferencias efectivas desde el resto de España a País Vasco y Navarra han ido creciendo: mientras que el déficit de la Seguridad Social es soportado por todos los españoles (incluyendo vascos y navarros), no todos los españoles (exceptuamos a vascos y navarros) se hacen cargo en toda su extensión del gasto de la Administración Central. Por tanto, menos déficit de la Seguridad Social a costa de más gasto de la Administración Central es más transferencia de dinero desde el resto de España a País Vasco y Navarra (siempre que el cupo no se revise suficientemente al alza).

Al respecto, hace poco más de un año, publiqué en estas páginas un artículo titulado “Haciéndonos cargo de las pensiones vascas y navarras”, en el que escribí lo siguiente: 

Los presupuestos generales del Estado, a través de los cuales se canalizan 36.300 millones de euros a la Seguridad Social, no son sufragados por los contribuyentes vascos y navarros (salvo a través del cupo, cuya cuantía apenas será objeto de revisión en función de esta transferencia extra), de modo que serán los contribuyentes del resto de España quienes eximirán a los pensionistas vascos y navarros de su parte proporcional del recorte o a los cotizantes vascos y navarros de su parte proporcional en la subida de las cotizaciones. Se trata, pues, de un subsidio puro y sin otra razón de ser que la compra de apoyos electorales en el Congreso.

¿De cuánto dinero estamos hablando? Actualmente, hay en España 9,9 millones de pensionistas (566.000 en el País Vasco y 140.000 en Navarra), de modo que si hubiese que distribuir entre todos ellos el agujero de 36.300 millones de euros hablaríamos de un tijeretazo medio de unos 3.670 euros por pensionista y año (por tanto, 2.100 millones de euros para el País Vasco y 500 millones para Navarra). Alternativamente, en España hay 19,4 millones de cotizantes (960.000 en el País Vasco y 290.000 en Navarra), de modo que si distribuyéramos el agujero entre todos ellos, el rejonazo medio por cotizante sería de 1.870 euros (por tanto, unos 1.800 millones de euros para el País Vasco y unos 540 millones de euros para Navarra). Teniendo en cuanta que el cupo vasco ronda los 1.400 millones de euros y el cupo navarro los 500 millones de euros, podemos hacernos una idea de la magnitud de este regalo a costa de los contribuyentes del resto de España: en esencia, se les devuelve todo lo aportado por el cupo más un extra. 

El artículo no gustó demasiado en el Ministerio de Seguridad Social, pues inmediatamente me contactaron para reprenderme por tan injusta crítica: a su entender, como el cupo se renueva quinquenalmente, sería en 2022 cuando se ajustaría correspondientemente al alza para tener en cuenta las nuevas transferencias al País Vasco: “Cuando se renueve el quinquenio, se tendrán en cuenta, como hasta ahora, los créditos destinados a financiar la prestación de los servicios en los que el Estado es competente que figuren en los PGE del año base (…) Si las transferencias aumentan, ellos pagan más”. Mi respuesta fue sencilla: no es en absoluto verosímil que el cupo que se renegocie para el quinquenio 2022-2026 vaya a ver duplicada su cuantía (que es lo que debería ocurrir para que el déficit de la Seguridad Social transferido al presupuesto general del Estado siguiera recayendo, en la misma medida que hasta ahora, sobre vascos y navarros). Ante cuya respuesta se limitaron a decirme: “Eso ya es opinión”.

Bueno, pues esa opinión se transformó ayer en realidad. El cupo líquido provisional para 2022 se ha fijado en 1.472 millones de euros: una cifra muy similar a la del cupo de 2021 (1.403 millones de euros). Para que el agujero de la Seguridad Social, que hasta 2021 soportaban vascos y navarros como el resto de españoles, siguiera recayendo sobre vascos y navarros como hasta ahora, el cupo de 2022 debería haber sido de unos 3.200-3.500 millones de euros: pero finalmente ha sido tan solo de 1.472 millones de euros. Eso supone que el resto de contribuyentes españoles estamos transfiriéndoles a los ciudadanos del País Vasco casi 2.000 millones de euros por la jugada de Escrivá de traspasar parte del déficit de la Seguridad Social a los presupuestos generales del Estado sin que Montero haya ajustado el cupo en correspondencia. 

No se entiendan las líneas precedentes como un ataque al concierto económico vasco: soy un firme partidario de la descentralización fiscal al mayor nivel posible, de modo que ojalá la autonomía fiscal del País Vasco se extendiera al resto de regiones de España. Ahora bien, para que el modelo funcione y sea escalable, no hay que hacerse trampas al solitario: a saber, autonomía fiscal significa que cada unidad administrativa es autónoma frente a las demás, no que una de ellas es autónoma y el resto son heterónomas frente a la primera. Y lo que ocurre ahora mismo con el País Vasco, desgraciadamente, es lo segundo.