Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
Sin duda alguna, el asunto de los ERTE ha sido el mejor tratado de todos los que han incidido, de una manera u otra, en el parón económico provocado por la pandemia. No solo se implantaron con rapidez, sino que su cobertura ha sido amplia, aunque los pagos no hayan resultado todo lo diligentes que hubiese sido deseable. La mejor prueba de ello es que han supuesto un muro de contención a la pérdida de empleo, que podía haber sido terrible, y que han recibido muchas más adhesiones que críticas entre los agentes sociales. Nada menos que 200.000 personas han pasado por ellos en el País Vasco y ya veremos cuántas se recuperan cuando pasen las restricciones que implica el estado de alarma. Esperemos que sean casi todas.
Una curiosidad llamativa y poco resaltada es que, sin la reforma laboral que se aplicó hace ya ocho años, no hubiera sido posible utilizar este mecanismo, al menos no con la agilidad con que se ha hecho, lo cual es una llamada a la prudencia que deberían oír todos los que claman por su inmediata y total derogación. No la oirán, pero deberían.
El lehendakari Urkullu anunció ayer su decisión de complementar las ayudas concedidas a través de los ERTE, cuando se trate de colectivos que reciben cantidades exiguas, lo que sin duda supone un alivio social muy necesario en estos momentos. Sin embargo, le reconozco que cuando conocí la noticia me alarmé. Por el procedimiento, no por su intención. Tres administraciones involucradas -el SEPE que paga, el Gobierno vasco que complementa y la Unión Europea que financia a través del SURE- me parece demasiada burocracia y demasiado formalismo, lo que siempre se traduce en retrasos y complicaciones para los interesados.
Mantengo una pequeña esperanza -más bien una minúscula, débil y temblorosa esperanza- de que este caos económico sirva de acicate para acometer de una vez la necesaria reforma de la Administración, dirigida a aligerarla, simplificarla y abaratarla. Vamos a necesitar mucho dinero para afrontar las necesidades sociales y ahí hay un filón de ahorro.
Por eso, me pareció estupendo el acuerdo consensuado entre los dos gobiernos dirigido a trasladar a Vitoria el control de las operaciones relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital. Al menos aquí no habrá duplicidades, ni trámites repetidos, ni agujeros de picaresca. Mayor control, con menos gasto y menores trámites, constituyen una combinación excelente que podríamos extrapolar y repetir en los muchos lugares que lo necesitan…