Editorial-El Correo
La propuesta para mejorar los sueldos de los médicos de Osakidetza, anunciada ayer por el consejero de Salud con la inyección de 70 millones anuales, constituye un esfuerzo negociador y en fondos públicos de envergadura para poner fin a una conflictividad insostenible con una sanidad pública vasca de calidad. La sucesión de huelgas por el pulso que libran los sanitarios y el Ministerio que dirige Mónica García ha provocado notables retrasos en consultas y operaciones en Euskadi, hasta el punto de desbordar unas listas de espera que empezaban a recuperar fluidez en esta legislatura. Puede entenderse la voluntad de Alberto Martínez por reducir el impacto de las protestas y evitar el deterioro del servicio sanitario, prioritario en el Gobierno vasco. Pero ese volumen ingente de recursos para dignificar las guardias, mejorar los descansos y elevar complementos proceden de todos los contribuyentes. La paradoja es que los pacientes de las autonomías acaban pagando la factura del conflicto que la ministra es incapaz de cerrar. Evitar las crisis debe ser un compromiso de los gestores públicos, pero también ser equilibrado en el gasto para resolverlas y no dar la sensación de hacerlo a escote, como pudo ocurrir para atajar las movilizaciones en la Ertzaintza y el profesorado.