La posibilidad de generalizar el sistema de Concierto vasco al resto de comunidades ha sido considerada, cómo no, por los economistas y hacendistas patrios. Su opinión es unánime: el sistema no se puede generalizar en sus términos actuales, pues provocaría un caos institucional y funcional, por un lado, y unos resultados económicos que rayan con lo inconcebible en materia de equilibrio territorial en un Estado moderno, por otro. Ignacio Zubiri, por no ir más lejos, dedicó al asunto doctas páginas en 2007, a las que en general recurro ahora.

Mi admirado Ignacio Marco-Gardoqui (El Correo, 21-1-24) defiende lo contrario: apoya la idea de generalizar a todo el Estado el sistema de Concierto/ Cupo, que considera un modelo que «honra a la justicia, es compatible con la solidaridad y mejora la eficacia del gasto público» y además hace que «cada uno gaste de lo suyo, que es tanto como gastar menos y gastar mejor». Está en la línea de Ibarretxe y Urkullu que, con un cierto desdén supremacista, habían recomendado a España la adopción del sistema de Concierto.

De entrada, lo que no es aceptable en una propuesta tan seria como esta es utilizar los términos de manera arbitraria. Ignacio propone generalizar un peculiar Concierto vasco que no es el realmente existente, sino uno al que «añadiría» la corresponsabilidad fiscal como factor corrector importante. Pero el Concierto realmente existente hace que el País Vasco no participe casi nada en las transferencias de nivelación regional. Con datos de De la Fuente / Fedea de 2021, Madrid aportó 6.313 millones a la solidaridad, Cataluña 2.168, Baleares 334 y el País Vasco… 27. Esa es la realidad y lo que se generalizaría: un sistema ciego y cerrado para la solidaridad. Porque ¿han visto algún indicio de que las fuerzas políticas vascas y su ciudadanía estén dispuestas hoy a incrementar el Cupo en los 1.213 millones que teóricamente corresponderían a Euskadi si aportase proporcionalmente como Madrid, Cataluña o Baleares?

Lo mismo sucede con el concepto mismo de sistema de Concierto/Cupo: lo que propone Marco-Gardoqui, literalmente, es un sistema en que el Estado central conservaría una capacidad fiscal extractiva propia para atender sus competencias. Solo cedería a las autonomías la capacidad impositiva necesaria para atender las suyas. Eso, amigo Ignacio, no es para nada el sistema de Concierto, en el que son los gobiernos regionales quienes recaudan todos (todos) los impuestos y luego negocian bilateralmente y de tú a tú con el Estado la aportación a este de un Cupo para atender las competencias no transferidas. Negociación que, además, no es transparente, se hace con criterios arcanos y carece de posibilidad de revisión parlamentaria. Eso es el Concierto/Cupo vasco. Y de generalizar eso es de lo que se trata.

Y vamos a lo meollar: generalizar el sistema a las diecisiete comunidades en los mismos términos del actual significaría dos cosas. Primera: en datos de 2007 y según Zubiri, una transferencia masiva de financiación a las autonomías de más de 25.000 millones de euros, equivalentes al 10% de la recaudación total por impuestos, algo que el Estado solo podría soportar bien aumentando la presión fiscal en términos correlativos o bien reduciendo sus gastos en ese mismo porcentaje. Inviable solo enunciarlo, no?

Pero, segundo, a pesar de este aumento espectacular de la financiación de autonomías, habría algunas que literalmente se arruinarían, mientras otras se dispararían (el índice de dispersión actual se multiplicaría por más de tres, calcula De la Fuente). Datos al canto: Madrid aumentaría un 54,8% sus ingresos, Baleares un 31,4%, Cataluña un 21,4%, Valencia un 4%. En el campamento pobre: Canarias perdería un 83,7% de sus ingresos, Extremadura un 42,7%, La Rioja un 22,5%, Castilla-La Mancha un 21,8% y Andalucía un 17% (datos Fedea para 2018). En realidad, explica Zubiri, que suceda tal cosa no es extraño: el sistema actual de financiación iguala bastante los recursos per cápita de las comunidades porque se basa en una medida difusa de necesidad; por ello, al pasar a un sistema de Concierto, que se basa en un criterio de riqueza, las autonomías ricas ganarían mucho más. Son las consecuencias ineludibles del criterio de justicia de que ‘cada uno gaste de lo suyo’.

En el plano institucional, la generalización del Concierto vaciaría totalmente de capacidad fiscal al Estado central y limitaría sus ingresos a los cupos que recibiera de las 17 comunidades. Sería el único caso en el mundo de un Estado sin capacidad fiscal propia, un engendro cuya viabilidad como Estado unido y sostenible sería más que dudosa.

Aparte, la generalización conllevaría la creación de 17 administraciones tributarias con las que habrían de tratar los operadores económicos que actúan en toda España. Las posibilidades de fraude se multiplicarían, y no digamos las de competencia fiscal entre administraciones o las deslocalizaciones interesadas. La única vía para evitar el caos operativo sería añadir unas normas de armonización, cooperación y colaboración estrictas. Pero al hacer esto se iría a un sistema centralizado y uniforme, que es precisamente lo contrario del foral. Para acabar teniendo un sistema uniforme no tiene sentido reclamar un sistema foral.

Y otra cuestión que la realidad estructural del proceso político no permite ignorar: en España solo hay dos comunidades que poseen un sistema de fuerzas políticas y partidos singular, las nacionalistas de Euskadi y Cataluña. Las quince restantes tienen la misma estructura partidista, pues en ellas dominan unas fuerzas nacionales (dos) que se repiten uniformemente. Pues bien, ¿alguien puede creer que, a la vista de esta dispar estructura, la negociación de los cupos sería similar en el caso de las dos que en el de las quince? ¿No sucedería inevitablemente que la negociación con las nacionalistas conllevaría una dureza y nivel de exigencia bilateral notable, con los consiguientes resultados sustanciosos para ellas, mientras en las quince restantes serían los partidos nacionales los que se encargarían de negociar y pactar criterios comunes favorables al Estado central? La realidad política haría inevitable que, en poco tiempo, hubiera en España dos comunidades con peso y autonomía financiera propios y con capacidad para obtener cotas relevantes de trato preferente, junto a quince más o menos ahormadas en un fondo común dirigido por los partidos estatales comunes. Un resultado muy diverso de la pretendida ‘generalización foral’.