El Govern cuenta ya con todos los dirigentes de los Mossos d’Esquadra cortados a la medida del referéndum del 1 de octubre. La dimisión ayer por la mañana del hasta ahora director general de la policía de la Generalitat, Albert Batlle, y la sustitución la semana pasada del consejero deInterior dejan la dirección política de la policía en manos del independentismo convencido. Este martes se aprobará el nombramiento como nuevo director de Pere Soler i Campins, quien de forma previsible no pondrá los mismos obstáculos legales que su antecesor en torno a la consulta independentista. Entre sus objetivos estará el de ordenar a los 17.000 agentes autonómicos para que garanticen la votación.
La esperada caída de Batlle, que su entorno atribuye abiertamente a «motivos políticos», se daba por hecha desde hacía meses. La destitución la semana pasada de Jordi Jané como consejero deInterior y su sustitución por un soberanista duro como Joaquim Forn no ha hecho más que acelerar el trámite. Batlle se aparta del cargo antes de que lo echen y tras ser sometido en las últimas semanas a una intensa campaña de presión procedente de todos los flancos del independentismo. Su falta de implicación personal en la votación del 1 de octubre y su reticencia a que los Mossos d’Esquadra fueran utilizados como parte de la estrategia independentista e ignoraran las órdenes judiciales eran el preanuncio de su final. El lunes por la mañana entregó en mano su dimisión a Forn, quien la aceptó sin dilación.
Político de largo recorrido y procedente del socialismo catalán –fue responsable de Servicios Penitenciarios con el tripartito–, Batlle ha mantenido desde su llegada a la Dirección General de la Policía (DGP) en 2014 una cerrada defensa de la «estricta neutralidad» a la que se deben los policías. Cuestionado en cada encuentro que mantuvo con medios de comunicación sobre el papel que debían jugar los Mossos d’Esquadra en caso de que se llegara a celebrar el referéndum, Batlle recordaba siempre la «obligación» de los agentes de cumplir con órdenes de jueces y fiscales. Una postura que le situó desde el primer día como objetivo prioritario del independentismo, el cual aspiraba a un jefe policial más dócil con su causa. Pese a ello, logró sobrevivir a la caída de su principal valedor y quien le colocó al frente de los Mossos, Ramon Espadaler, víctima de la implosión de CiU y también contrario a la independencia. Su adiós definitivo llega con una advertencia implícita a su sustituto sobre el papel que la legalidad reserva a los Mossos. En una carta interna enviada a todos los agentes de la policía autonómica, Batlle se despidió ayer con el «convencimiento» de que los Mossos d’Esquadra actuarán «como siempre, con escrupuloso respeto y sujeción a la ley».
La presión contra Batlle fue ejercida de manera constante por la CUP, cuyos dirigentes cargaban sobre sus espaldas y de los consejeros de Interior la ejecución de órdenes procedentes de jueces catalanes y de la Audiencia Nacional. Batlle fue señalado por los anticapitalistas tras el desalojo policial en 2016 del centro okupa Banc Expropiat, en Barcelona, o la detención de miembros de Arran –las juventudes de la CUP– por la quema de fotos del Rey. Dos de sus decisiones fueron, en todo caso, las que marcaron su destino: la detención de la alcaldesa de Berga y un concejal de Vic –Montse Venturós y Joan Coma, ambos de la CUP– por desobedecer a sendos jueces. Desde ese instante su nombre en la lista de los políticos que debían ser apartados estaba en cada reunión entre Junts pel Sí y la CUP.
En febrero, cuando defendió en una entrevista en TVE por enésima vez la «obligación» que tienen todos los policías de acatar «la ley vigente», su sentencia empezó a escribirse. Desde los sectores más soberanistas del PDeCAT se empezó a maniobrar para encontrarle sustituto y colocar a un hombre de confianza en el cargo capaz de adaptar a los Mossos al desafío a la legalidad española. Entre los nombres que se barajaron estuvo el de Brauli Duart, ex presidente de TV3. La negativa del consejero Jané a perder a Batlle frenó la intentona. Hasta ayer.
El Gobierno reaccionó ayer de forma inmediata tras conocer la nueva depuración en los Mossos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo que la dinámica en la que ha entrado la Generalitat es «gravísima» porque Batlle se haya visto empujado a dimitir por querer «respetar la ley y cumplir con su obligación». «Cuando la gente moderada, que ponía realismo político, se tiene que ir de la Generalitat, Puigdemont y Junqueras pueden hacer dos cosas: o asumir su fracaso ahora o asumirlo el 1 de octubre», sentenció. Los sindicatos de los Mossos, por su parte, den unciaron la «incertidumbre» e «inestabilidad» que general los cambios en Inteior y pidieron «instrucciones claras» ante el 1-O.