ABC 07/12/15
EDITORIAL
· Los consensos y una dirección clara hacia dónde avanzar son básicos para cualquier modificación constitucional
LA Constitución española cumplió ayer 37 años en un estado de máxima vigencia, por más que haya desafíos secesionistas que pretendan la destrucción de sus principios fundamentales, y por más que el afán revisionista del populismo extremista pretenda convertirla en un instrumento inútil para el sistema. La Constitución de 1978 permitió consolidar la principal etapa de concordia de nuestra historia reciente a través de un esfuerzo colectivo digno de elogio y de una generosidad que ahora se echa de menos. La profunda transformación de España a lo largo de estos casi cuarenta años de democracia es una evidencia que no merece mayor análisis. Nuestra nación goza de un sistema de instituciones fuerte, está presente en la toma de decisiones internacionales, y afrontó un proceso de descentralización política que, con sus defectos y virtudes, nos ha permitido garantizar el pluralismo político y la diversidad identitaria en el marco de la unidad nacional. Es, en definitiva, la piedra angular de nuestro Estado del bienestar.
Sin duda, la Constitución, como cualquier otra norma, puede ser sometida a modificaciones. Las leyes no pueden ser rígidas y deben adaptarse a la evolución de los tiempos para ser mejoradas y no llegar al punto de anquilosar a una sociedad. Sin embargo, hoy no se dan aún en España las circunstancias para ello. Las dos reformas que ha experimentado la Carta Magna en estos 37 años no han requerido del procedimiento agravado porque no han afectado a su núcleo sustancial. A falta de conocer la composición del nuevo Parlamento tras el 20-D, parece que la dispersión del voto y la previsión de que haya dos nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, con amplia representación en el Congreso, complicarán aún más cualquier reforma. Sin un consenso básico no habrá reforma. El PP no la ha incluido en su programa electoral. El PSOE propone un pacto federalista ambiguo y etéreo que, según los sondeos, no cuenta ni siquiera con el respaldo de su electorado. Ciudadanos se limita a plantear genéricas propuestas regeneracionistas, y Podemos propugna un cambio del sistema que, incluso, justifique el independentismo.
España necesita estabilidad para consolidar la recuperación económica. Cualquier reforma constitucional que se diseñase tendría que ir enfocada a mejorar lo presente, y no debería ser la excusa de los partidos para arañar votos de modo oportunista o irresponsable. La Constitución ha dado a España prosperidad, y cualquier fórmula alambicada para, por ejemplo, reconocer como nación lo que histórica y culturalmente no lo es será un intento abocado al fracaso. Los consensos y una dirección clara hacia dónde avanzar son básicos para cualquier modificación constitucional. Para acometerla sería preciso un sosiego político que hoy no se da, por más que, en efecto, serían recomendables una revisión del papel del Senado o una redefinición de los criterios de financiación autonómica. Pero poner en riesgo los principios de soberanía y unidad nacional sería inaceptable.