ESPAÑA EVAPORADA

LA primera consideración que plantea el proyecto del nuevo Estatuto vasco es la de para qué hace falta un nuevo Estatuto vasco. Y no basta la respuesta de que lo reclama una mayoría de ciudadanos –o de partidos– vascos, porque un Estatuto es una ley orgánica paccionada que se aprueba en las Cortes y por lo tanto se supone que responde a una necesidad reconocida por el Estado. Si la española fuese una democracia fuerte, en la que el concepto de la soberanía contase con suficiente arraigo, el Congreso debería limitarse a inadmitirlo sin entrar en el fondo de su articulado. Simplemente, no es un asunto prioritario. La autonomía vasca funciona con notable éxito y sus márgenes son lo bastante amplios –hay quien opina que demasiado– para garantizar los servicios y los derechos de los ciudadanos. Ir más allá, sobre todo en el sentido que propone el borrador que hoy comenzará su curso parlamentario, supone la creación de un espacio confederal en el que la idea misma de España, y desde luego su presencia institucional, se evaporan de facto. Menos mal que el PNV, su principal promotor, pasa por moderado.

Entrando en detalles, el texto se anexiona en la práctica Navarra, se apropia de todas las competencias administrativas, se permite definir una «identidad nacional» vasca, con la consecuente atribución de un sujeto político distinto del que establece la Carta Magna, y se arroga derechos propios como el de una autodeterminación a la carta. El Plan Ibarretxe 2.0, planteado con cierto decoro y en una dosis de arrogancia algo más baja. Pero la voluntad de acuerdo es mera cortesía: subyace la amenaza de abrir un conflicto si el Estado no traga. Que tragará en mayor o menor escala porque Sánchez necesita a los nacionalistas dentro de su alianza de poder y porque el PSE y Podemos ya han consensuado gran parte de su traza.