España, a través de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha solicitado llevar a la Gran Sala del tribunal, integrada por 17 jueces, el caso de Arnaldo Otegi contra España, en el que el tribunal declaró la violación del artículo 10 del Convenio y condenó al Estado español a indemnizar al líder de Batasuna con 20.000 euros por vulnerar su libertad de expresión.
El TEDH consideró «desproporcionada» la condena de un año de prisión -que Otegi no cumplió- por llamar al Rey «jefe de los torturadores». La Abogacía del Estado, que dirige el abogado general Joaquín de Fuentes Bardají, señala que los jueces del caso Otegi solo hacen referencia en su sentencia a los discursos que incitan al odio y la violencia, pero no a las responsabilidades de los políticos en un contexto de violencia. Por eso, recuerda que Otegi fue líder de Batasuna, organización declarada ilegal unos meses después de los hechos por sus vínculos con el terrorismo. Y también recuerda que el Rey fue objetivo de los terroristas.
El escrito pide el envío del caso Otegi a la Gran Sala del tribunal para que examine las consecuencias del ejercicio de la libertad de expresión por representantes electos en relación con la reputación de terceros; los deberes y responsabilidades de los políticos cuando ejercen su libertad de expresión en un contexto de violencia; y la protección, a través del Código Penal, frente a la difamación de las instituciones y al Jefe del Estado.
EL PAÍS, 23/6/2011