Editorial, EL CORREO, 23/6/11.
La prevalencia de un convenio autonómico juega a favor de la flexibilidad laboral
El Gobierno consiguió ayer la convalidación por el Congreso del decreto de reforma de la negociación colectiva, contando únicamente con los votos a favor de los socialistas y gracias a la abstención de CiU y PNV. El Ejecutivo de Zapatero volvió a mostrar su precariedad, paliada una vez más con el concurso de los nacionalistas vascos y catalanes. Pero el debate parlamentario demostró sobre todo que la oposición que ejercen los populares respecto al Gobierno y los equilibrios que éste trata de mantener entre los cambios que se precisan en materia sociolaboral y la contestación sindical desvirtúan la reforma hasta convertirla poco menos que en una cuestión de trámite. Una vez certificado el fracaso del diálogo social en este tema y puesto en manos del legislador, es lógico pensar que el PP espera retomarlo en la próxima legislatura, guardándose para entonces sus ideas. La posición adoptada por jeltzales y convergentes tiene indudables connotaciones políticas respecto a la continuidad de la legislatura al precio que fijen ambos grupos. Pero aunque la preeminencia de los convenios autonómicos, cuando existan, sobre los nacionales se interprete como una concesión a las exigencias nacionalistas -y es comprensible que el PNV lo quiera vender así- convendría leer tal modificación desde la propia lógica de la flexibilización de las relaciones laborales. Especialmente si tenemos en cuenta que el futuro de la negociación colectiva está en manos de un poder legislativo que puede cambiar de signo en cuestión de meses. Además de sus convicciones, es lógico pensar que el PNV ha tenido en cuenta la singularidad del panorama sindical vasco, con una hegemonía compartida por ELA y LAB coincidente con la eclosión de Bildu, y abiertamente opuesta a la reforma en trámite, ante la que solo podría atemperar su contestación si salen reforzados tanto el marco autonómico de negociación como el de empresa. Pero el argumento de mayor alcance es que la estricta homogeneización de éstas para el conjunto de España no supone, necesariamente, una ventaja competitiva para las empresas y para los resultados finales de la economía española. Todo lo contrario, cabe pensar que la propia existencia de convenios colectivos autonómicos significaría la coincidencia entre patronal y sindicatos en dar soluciones específicas a los retos de la competitividad, partiendo de las condiciones también específicas de cada comunidad. En este caso, partiendo de la distancia a la que cada autonomía se encuentre de un crecimiento duradero.
Editorial, EL CORREO, 23/6/11