“Creo que los españoles no debemos aceptar este horror. Al menos a mí, se me ha acabado la paciencia”, confesaba el vicepresidente primero de CEOE y líder de CEIM, Miguel Garrido, a primera hora de este miércoles, sin saber aún que una amiga viajaba en el Iryo 6076, camino de Sevilla. No tardó en extenderse el pánico en la patronal: Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, no daba señales de vida. La ex ministra de Trabajo la había perdido, junto a 68 personas más, cuando un AVE embistió brutalmente su Iryo. La tragedia se habría evitado si el sistema de señalización hubiera funcionado como debía. La falta de inversión no sólo empeora la vida de los ciudadanos: también los mata.

El apagón de abril de 2025 y la tragedia de Adamuz el pasado enero constataron el colapso de las infraestructuras clave. La invasión de Ceuta en julio y el drama de Urda esta semana confirman que España ha dado un paso más en su regresión y arroja una imagen que se asemeja demasiado a un Estado fallido. “España es un país moderno y no es aceptable que sus servicios esenciales se deterioren hasta el extremo de poner en peligro la vida de sus ciudadanos”, advertía este jueves en un comunicado el Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Es una organización poco dada a la exposición pública, al igual que algunos de sus ‘patrones’. El presidente de Mercadona, Juan Roig, es uno de ellos: sólo comparece una vez cada primavera y en los últimos tres años se ha visto obligado a explicar por qué es bueno para la sociedad que una empresa genere beneficios.

Hasta tal punto se ha llegado en un país cuyo Gobierno ha criminalizado a los empresarios, endosándoles una ‘cuña fiscal’ (impuestos más cotizaciones) superior al 41%, muy superior a la media de las 38 economías de la OCDE. Por cada 100 euros que cuesta un trabajador, 41,4 euros van a parar a las arcas de Hacienda y la Seguridad Social. Paralelamente, la coalición ha ido sacando tajada del bolsillo de millones de trabajadores de clase media. Al acabar 2025,  la Agencia Tributaria estaba recaudando 116.000 millones más que en 2018, primer año de la ‘era Sánchez’. La bolsa de Hacienda ha seguido engordando en 2026, por la decisión de no deflactar el IRPF, para ajustarlo a una inflación galopante.

El Gobierno ha tenido dinero al alcance, más que ningún otro, gracias al manantial que ha proporcionado desde 2021 por la UE. España ha recibido más de 78.000 millones de euros a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y quedan otros 25.000 millones pendientes de ingreso. Por eso, llama poderosamente la atención que el deterioro haya invadido todas las infraestructuras esenciales. “Tras el ajuste registrado durante la crisis financiera, la inversión en infraestructuras se ha mantenido, en la última década, en niveles reducidos. Incluso durante los años de recuperación económica, el esfuerzo inversor no experimenta una recuperación significativa”, señala en un informe reciente el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Al contrario, “el ‘stock’ de capital en infraestructuras ha mostrado un crecimiento limitado, e incluso estancamiento y decrecimiento en determinados periodos”.

Nadie conoce mejor las carencias de las infraestructuras que la patronal SEOPAN. Según sus estimaciones, requieren una inversión anual de 11.300 millones. Más de 3.100 millones deberían destinarse urgentemente a la red ferroviaria y otros casi 2.000 millones a la de carreteras, que cuentan con 54.000 kilómetros en mal estado. Hay grietas, baches y socavones en el 55% de la red viaria.

Hay otras infraestructuras muy necesitadas. Por ejemplo, las del agua requieren una inyección anual de 4.452 millones. Al igual que en el tren, hay una relación directa entre la falta de inversión en mantenimiento y los daños personales. España no ha logrado recortar el número de víctimas mortales en la carretera, pese a la modernización del parque automovilístico (la cifra de fallecidos está estancada en torno a los 1.700 anuales). También hay expertos que aseguran que el número de víctimas que dejó la DANA, hace justo dos años, habría sido inferior si se hubieran acometido previamente las obras necesarias.

El desastre de la inversión no puede entenderse sin el caos presupuestario. “Este Gobierno se ha gastado más de un billón de euros sin autorización”, denunciaba recientemente Alberto Núñez Feijóo en un congreso empresarial. La coalición ha gobernado a golpe de modificaciones presupuestarias. Un botón de muestra: en el primer semestre de este año, había ampliado créditos valorados en 44.682 millones. En el mismo periodo de 2023, cuando el país ‘funcionó’ por última vez con Presupuestos, sólo se habilitaron 11.790 millones en créditos, cuatro veces menos.

Pedro Sánchez ha intentado acostumbrar a los españoles a considerar normal lo que no era. Que España lleve más de 1.000 días sin unas nuevas cuentas del Estado no lo es. Tampoco que los trenes de alta velocidad vibren, como si soportaran las turbulencias de un avión. Ni que los sindicatos convoquen una huelga general sin una excusa laboral y contra la oposición. O que miles de inmigrantes se cuelen en Ceuta con el beneplácito marroquí y el Gobierno no llame inmediatamente a consultas a la embajadora.

Colapso estructural al más alto nivel

“La gestión política y estratégica del Gobierno de España ante la ofensiva sufrida en Ceuta y sus secuelas ha dejado al descubierto un colapso estructural en la toma de decisiones al más alto nivel”, señala en un informe sobre la ciudad autónoma el ‘think tank’ Freemarket. Y añade: “Lejos de actuar con la contundencia, la soberanía y la firmeza que exige la protección del territorio nacional, la respuesta del Ejecutivo se ha caracterizado por una combinación de parálisis política, improvisación táctica y sumisión diplomática, que erosiona la imagen de España como Estado soberano capaz de defender sus fronteras”.

La crisis de Ceuta alienta la imagen de que el Estado no funciona y, lo peor, de que no se hace Justicia. Un informe publicado este viernes por el Instituto Juan de Mariana pone cifras al colapso judicial. A finales de 2018, había 2,6 millones de asuntos en trámite en los juzgados y tribunales españoles. Al concluir el tercer trimestre de 2025 (últimos datos disponibles), la cifra ascendía a 4,6 millones, un 80% más. El informe aporta otro dato, que sale de la estadística del Consejo de Europa: un asunto civil o mercantil tardaba en 2024 una media de 423 días en resolverse en primera instancia en España, frente a una mediana europea de 245 días.

Las cifras son sólo una parte de la crisis que aguanta la Justicia. La politización y el acoso -que se lo digan a la jueza Beatriz Biedma, que instruyó la causa de David Sánchez– han elevado la presión hasta niveles insostenibles. La intromisión en otros organismos independientes ha sido la tónica reinante en el último tramo de la legislatura. El ejemplo más simbólico es la designación de un ministro en activo (José Luis Escrivá) como gobernador del Banco de España.

Las consecuencias de la decadencia estatal las pagan los ciudadanos en muchos ámbitos del día a día. Y la factura será mucho mayor para las futuras generaciones. No se ha priorizado la inversión en vivienda, ni se ha fomentado el ansiado pacto de Estado en educación, vital para afrontar un futuro laboral muy incierto, por el impacto de la inteligencia artificial.

De la crisis de educación a la de vivienda

Los datos del informe PISA son elocuentes.  La última edición, publicada en septiembre, arroja pésimos resultados para España. Los alumnos caen por debajo de la media de la OCDE en tres asignaturas competencias básicas (matemáticas, lectura y ciencias). Y luego está el drama de la vivienda, el asunto número uno en la lista de preocupaciones de los españoles; sobre todo, para los más jóvenes.

La carestía del mercado (tanto la venta como el alquiler) se ha convertido en un factor impulsor de la pobreza en España. Según Fedea, en 2025, la tasa de pobreza convencional se situaba en el 19,5% de la población. Sin embargo, aumentaba hasta el 23,5% cuando se descuenta de la renta el coste de acceso a la vivienda. “La vivienda no solo hace que más personas crucen el umbral, sino que agrava la situación económica de muchas de quienes ya se encontraban por debajo de él”, señala el ‘think tank’ en un estudio difundido el mes pasado.

Como suele recordar el economista y ex ministro socialista Jordi Sevilla, el ascensor social ha dejado de funcionar. “El hijo del pobre tiene ahora más probabilidades de ser pobre que hace unas décadas”, escribía recientemente en Cinco Días‘. De hecho, la OCDE sitúa a nuestro país entre los que ofrecen menos igualdad de oportunidades. En su libro ‘La España herida’, el ex titular de Administraciones Públicas daba una clave: “Son cada vez menos los políticos que quieren resolver los problemas de la gente, mientras que aumenta el número de políticos que viven del conflicto”.

La ausencia de soluciones no sólo mantiene los problemas, sino que los intensifica. El desfase entre las viviendas existentes y las necesarias asciende a 750.000. Esa brecha llegará al millón en 2028, según las proyecciones del Banco de España. También engordará el gasto de las pensiones, que supondrá un 16% del PIB en apenas un par de décadas, frente al 13% actual. Y crecerá más aún la factura de los intereses de la deuda. Un 50%, nada menos, según Funcas. Cruzará la barrera de los 60.000 millones en 2030.

El endeudamiento creciente, en un entorno geopolítico que impide bajar los tipos de interés, complica aún más la misión de renovar las infraestructuras y devolverle el brillo perdido al Estado. Los principales centros de estudios económicos y las cúpulas empresariales tienen identificados los fallos del sistema, pero también las soluciones. Por eso, España necesita con urgencia que emerja un verdadero líder político, con agallas -como afirma Sevilla- para “resolver los problemas de la gente”