En noviembre de 2003 se eligió a Pasqual Maragall presidente de la Generalitat y formó un Gobierno formado por el PSC, ERC e Iniciativa per Catalunya. Ahí se coaligaron unionistas y separatistas, es decir, el agua con el aceite. Fue un desastre, se aprobó un inútil nuevo Estatuto y empezó una deriva hacia el desgobierno y la insurgencia que aún no ha terminado.

Tengo la impresión que el actual Gobierno de Pedro Sánchez —PSOE y Podemos, también agua y aceite— va por la misma senda. Así lo indican algunas coincidencias, en especial el deterioro de las instituciones que empezó en la misma moción de censura de 2018, apoyada por una coalición incoherente que aún sigue siendo el sostén, cuando es imprescindible, del Presidente del Gobierno. Veamos.

Cuando desde los partidos independentistas o soberanistas (éstos últimos, Comunes-Podemos) se pide el indulto de los líderes catalanes condenados o huidos de la justicia, se insinúa una hábil maniobra del Gobierno: no concederemos el indulto que se está tramitando porque el procedimiento es lento y, dado que no hay arrepentimiento, es difícil otorgarlo.

Pero podemos optar por otra vía: cambiar el tipo penal del delito de sedición, rebajar las penas y, en virtud de la retroactividad permitida en art. 9.3 de la Constitución, ponerlos de patitas en la calle o dejar que retornen en olor de multitudes. Todo ello no está decidido, pero se ve venir.

Un ejemplo similar es lo decidido ayer: se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial en aquello que afecta a la elección de sus miembros, pero no tramitándola mediante un proyecto de ley del Gobierno —que exige informes del Consejo de Estado, Consejo Fiscal y del mismo Consejo General del Poder Judicial— sino mediante una proposición de ley, firmada por los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos, que no exige tan engorrosos y lentos trámites. La cuestión es eludir los controles para seguir instalado en el Gobierno.

Hay dos formas de entender el Derecho: a) como mero instrumento de poder para ejercer el mando; y b) como límite a los poderes públicos para que estos respeten la libertad y la igualdad de los ciudadanos garantizadas en las leyes.

Me temo que para el actual Gobierno el Derecho es un mero instrumento para conseguir objetivos que poco tienen que ver con la libertad y la igualdad sino con mantenerse en el poder. Para ello se deben hacer trampillas, buscar resquicios legales para escapar a los controles.

En Cataluña se conoce bien eso, hace años que se practica. Si hacer trampas no es conforme a la moral, quizás debiéramos empezar a hablar de la inferioridad moral de la (supuesta, claro) izquierda. No nos suceda como en Cataluña.