El PIB per cápita español ha retrocedido durante los cinco años de Gobierno de coalición social comunista. El español medio es más pobre en 2023 con Sánchez de lo que era en 2018 con Rajoy. Lo ha dejado claro esta semana la oficina estadística europea, Eurostat, según la cual España cerró el año 2022 con un PIB per cápita real de 24.590 euros, cifra que supone un aumento del 4,9% respecto a la de 2021, pero que es un 2,3% inferior al dato prepandemia correspondiente a 2019. Nuestra renta per cápita, en efecto, es sensiblemente inferior a la de Italia (27.860 euros), país que en la primera década del presente siglo habíamos superado –tal como proclamó ufano Zapatero– para orgullo de todos, y naturalmente todavía más a la de Francia (33.230), Alemania (35.860), Bélgica (36.740), Holanda (43.310) y no digamos Dinamarca (51.370 euros), que más que dobla la renta española. En términos globales, la renta media per cápita española se sitúa un 15% por debajo de la media de la UE-27 (28.810 euros), diferencia que se ensancha hasta el 23% (31.830 euros) si la comparación se hace con las 18 economías de la eurozona. El resumen es claro: los españoles hemos perdido un lustro en la vieja aspiración de igualar el nivel de vida de los países más prósperos de la Unión Europea.
En 2018, el año en que Pedro Sánchez asaltó el poder, la renta per cápita española fue de 25.180 euros según Eurostat, una suma que continúa siendo récord histórico y que a día de hoy no hemos recuperado, lo que permite afirmar que en los cinco ejercicios que separan ese año de 2022 España ha perdido casi 600 euros de renta por habitante, mientras los grandes países de nuestro entorno no solo no han perdido poder de compra, sino que lo han ganado. Es verdad que la pandemia ha tenido unos efectos letales para nuestra economía, agravados después por las consecuencias sobre los precios de la energía de la guerra de Ucrania, pero no lo es menos que todos los países de la Unión, y todos sus Gobiernos, se han topado con las mismas o muy parecidas dificultades, y todos han sido capaces de remontar el vuelo con mayor rapidez y menor daño estructural. Baste decir que España, a diferencia del resto de economías de la UE-27, grandes y pequeñas, no ha recuperado aún el nivel de PIB alcanzado de 2019, mientras sigue manteniendo la tasa de paro más alta de la Unión, soporta una de las mayores tasas de inflación y se enfrenta a un escenario de desaceleración del ritmo de crecimiento del PIB y del empleo, con una inflación subyacente, difícilmente manipulable por los controles de precios, desbocada hasta el momento.
España ha perdido casi 600 euros de renta por habitante, mientras los grandes países de nuestro entorno no solo no han perdido poder de compra, sino que lo han ganado»
El Gobierno de coalición, experto en propaganda –hay que reconocer que en esa materia lo borda- ha basado su discurso en afirmar que su política en estos difíciles años ha estado centrada en la protección de los colectivos –siempre el colectivo, nunca el individuo- más vulnerables, como en teoría corresponde a todo Gobierno populista que se precie. Vale decir enseguida que, de acuerdo con un reciente informe publicado por Freemarket Corporate Intelligence, “la Tasa de Riesgo de Pobreza (porcentaje de la población cuyo nivel de ingresos se sitúa un 60% por debajo de la media nacional) se ha mantenido prácticamente estable -e incluso ha caído en el caso de Alemania e Irlanda- en la mayoría de los países de la UE, mientras que ha subido en España”. El estudio concluye que los hogares con mayor renta se beneficiaron un 39% más de las rebajas del IVA del gas y la electricidad (gastan más en términos absolutos) que los de menor renta; se beneficiaron igualmente (hasta en un 70%) más de los recortes del IVA de los alimentos básicos, debido a los patrones de consumo de los hogares ricos, mientras esas ventajas se dispararon un 192% en lo que a la bonificación del precio de los carburantes se refiere (los “pobres” dedican una menor proporción de su gasto total al consumo de carburantes). Ello sin olvidar que los hogares con menor renta soportan una inflación un 16,5% mayor que los de mayor renta (consecuencia de los distintos patrones de gasto).
De modo que la política de apoyo a “los más desfavorecidos” puesta en marcha por este Gobierno y convertida en un eslogan más, no ha servido de gran alivio para los más pobres porque ha tenido un alcance generalizado, no ha ido destinada a los directamente golpeados por la crisis y el alza de la inflación, es decir, su impacto no se ha concentrado en las familias con niveles de renta más bajos, lo que permite afirmar que sus efectos redistributivos han sido mínimos. Cuesta creerlo, pero los principales beneficiarios de las ayudas arbitradas por el gobierno Sánchez han ido a parar a los que menos las necesitaban. ¿Pero es que las Marisús Montero, las Yolandas, las Irenes y demás familia se han vuelto locas, o es que estamos ante gente endemoniadamente mala? No, la respuesta es más simple: es que no saben, no tienen ni idea, no son gestores, no han gestionado nunca nada, son analfabetos funcionales dominados por los mantras de una ideología estatista y antiliberal, totalitaria. Son chalupas sin rumbo zarandeadas por el oleaje. Llega la inflación y les coge a la luna de Valencia, como si la política monetaria del BCE (en el caso de la UE) inundando de liquidez el mercado no hubiera sido suficiente para prever lo que se venía encima, y no saben qué hacer. Bueno, sí, hacen lo contrario de lo que deberían: mientras el BCE sube tipos para tratar de arreglar el desaguisado, ellos echan leña a la caldera de la inflación con un gasto público desbocado en ayudas (por ejemplo, los 200 euros para pobres de solemnidad que nadie reclama porque nadie sabe cómo) que no llegan a los verdaderos necesitados de las mismas.
Hacen lo contrario de lo que deberían: mientras el BCE sube tipos para tratar de arreglar el desaguisado, ellos echan leña a la caldera de la inflación con un gasto público desbocado en ayudas (por ejemplo, los 200 euros para pobres de solemnidad que nadie reclama porque nadie sabe cómo) que no llegan a los verdaderos necesitados de las mismas»
Todo es ideología, todo es consigna, todo eslogan. Y cuando el IPC de marzo anuncia una subida del 3,3% echan las campanas al vuelo, venden burras, tratando de hacer olvidar la dura realidad de unos precios que entre febrero de 2019 y el mismo mes de 2023 han subido casi el 15% (14,98%) acumulado, que en marzo subieron un 0,4% respecto a febrero y un 1,1% durante el primer trimestre del año. Es el impuesto silencioso de la inflación que penaliza especialmente a los más pobres y les hace perder nivel de vida a chorros. España se empobrece, los españoles pierden renta per cápita porque, en el fondo, es imposible esperar otra cosa de un Gobierno enemigo de la libre empresa, para quienes los genéricamente “ricos” son enemigos a perseguir, que en las últimas semanas la ha emprendido con los beneficios empresariales olvidando que las empresas (propiedad de millones de accionistas) tienen que ganar dinero, cuanto más mejor, siempre y cuando el Ejecutivo asegure, con las políticas adecuadas, la existencia de efectiva competencia en el mercado y el cumplimiento estricto de sus obligaciones tributarias. Los países ricos tienen grandes empresas que consiguen muchos beneficios y crean mucho empleo. Y donde no hay empresas exitosas solo hay pobreza.
¿Cómo puede atraer inversión extranjera un Gobierno que organiza una feroz persecución a la familia Del Pino cuando anuncia su intención de trasladar la sede de Ferrovial a Holanda? ¿Cómo puede un inversor foráneo invertir en España cuando la seguridad jurídica no está garantizada? ¿Cómo puede contribuir a crear riqueza un Gobierno en cuyo vocabulario no existe la palabra “crecimiento” (prohibida en España desde junio de 2018)? Días atrás disertaba Manuel Pizarro en el CESEDEN de los retos de España para la recuperación del crecimiento y citaba como principal debilidad de nuestra economía, su talón de Aquiles, la ausencia de políticas estructurales consensuadas a largo plazo, algo que venimos arrastrando desde hace décadas. Vale decir: la necesidad de poner orden en una Economía que todos los años necesita salir al mercado para pedir prestados del orden de 70.000 millones de deuda nueva, además de renegociar la deuda vieja vencida. ¿Qué familia podría funcionar sine die con este esquema de endeudamiento descontrolado? Esta semana el Gobierno y sus altavoces han vuelto a sacar pecho porque el déficit público del pasado ejercicio cerró en el 4.8% del PIB, dos décimas por debajo del 5% previsto por el propio Ejecutivo. La pregunta es: ¿no hubiera sido lo adecuado, lo responsable incluso, un mayor esfuerzo de contención del déficit por parte de un Gobierno que ha contabilizado ingresos fiscales extras de 31.000 millones, en buena parte gracias a la inflación? ¿No hubiera sido pertinente deflactar la tarifa del IRPF en estas circunstancias, en lugar de meter la mano –lo que más les gusta- en el bolsillo del contribuyente?
¿Cuándo piensa este Gobierno poner en marcha, sentar las bases al menos, de un programa de consolidación fiscal –al margen de la actual manga ancha de Bruselas con los requisitos de Maastricht- imprescindible en un país con los desequilibrios macro del nuestro? Nunca. Lo suyo no es construir futuro sino repartir miseria, “políticas de igualdad” lo llaman, tirar del dinero público como si no hubiera un mañana con la intención puesta en comprar el voto de esos “sectores más desfavorecidos” mediante políticas de gasto que se han demostrado un fracaso, con nulos efectos redistributivos, mientras, en paralelo, se producía un deterioro real de las condiciones de vida de los españoles. Un Gobierno de inútiles, que no sabe gestionar, y al que es imposible reclamar que se centre en crear riqueza porque sería tanto como pedir peras al olmo. Hay excepciones, claro está. Hay gente que sabe de sobra lo que se trae entre manos, caso del ministro Escrivá, pero esos son los peores porque, sabiendo las consecuencias a futuro de sus actos, promueven, alientan y consienten el destrozo en la confianza de que cuando suba la marea del desastre ellos estarán ya lejos y a salvo de la corriente.
¿Cuándo piensa este Gobierno poner en marcha, sentar las bases al menos, de un programa de consolidación fiscal –al margen de la actual manga ancha de Bruselas con los requisitos de Maastricht- imprescindible en un país con los desequilibrios macro del nuestro? Nunca. Lo suyo no es construir futuro sino repartir miseria»
Es el caso de la “reforma” de las pensiones que esta semana aprobó el Parlamente con la abstención de Vox (¿quo vadis, Santiago?). Llevamos décadas oyendo a economistas del más variado pelaje hablar del horror que para cualquier economía supone la indexación de precios y salarios al IPC y ahora llega Escrivá, sinvergüenza de libro, para elevar la desgracia a los altares del éxito con una dizque reforma (¿no le dará vergüenza a Bruselas aceptar semejante tocomocho?) que financiarán empresarios y trabajadores merced a una escandalosa subida de las cotizaciones sociales, ya de por sí las más altas de la OCDE. Financiarán empresarios y trabajadores y pagará, en definitiva, el empleo. Porque la reformita de marras, además de no asegurar el futuro del sistema, se traducirá en más paro. Paro y pobreza. “En lugar de proponer medidas para moderar el crecimiento del gasto, como hicieron los Gobiernos que le han precedido, este apuesta por fiar la sostenibilidad del sistema al aumento de los ingresos de la Seguridad Social”, escribía este martes Elisa Chuliá, de Funcas. “Pero no a través del crecimiento del empleo y la productividad, sino de las cotizaciones sociales, cuyos tipos, bastante altos en comparación con los de otros países, han permanecido estables muchos años (…) Provoca, sin embargo, asombro que, en un país con salarios comparativamente bajos y una parte importante de la población activa en paro, se justifique una subida de los costes salariales por la necesidad de financiar las pensiones. No menos desazón produce que desde el Gobierno se menosprecie a quienes, con datos y estimaciones contrastables, advierten de los perjuicios que el alza de cotizaciones sociales ocasionará al empleo y a la competitividad de los bienes y servicios producidos en España”. Paro y pobreza. Y la huida al extranjero de aquellos jóvenes mejor preparados que razonablemente se negarán a entregar a Hacienda casi el 70% de lo que ganen con el sudor de su frente.
Mientras tanto, Sánchez se lucía ante Xi Jinping en Pekin. “En menos de una semana, me habré reunido con más de 40 líderes de tres continentes diferentes. Y permítanme ser claro: en todas las reuniones he escuchado el mismo anhelo de paz, estabilidad y prosperidad. Nadie quiere fragmentación económica ni guerra”. Pompas de jabón en labios de un bocachancla. La célebre “conjunción planetaria” del socialismo español. Una desgracia que dura ya más de 140 años.