EDITORIAL EL MUNDO – 02/04/17
· La compleja negociación del Brexit entre Londres y Bruselas no ha hecho más que arrancar, pero ya se vislumbra que llegar a un acuerdo será muy costoso, entre otras razones porque la primera ministra británica, Theresa May, pretende imponer a sus todavía socios condiciones inasumibles. La amenaza de usar la cooperación en seguridad como arma negociadora es, por ejemplo, un chantaje inadmisible. Con todo, las cartas ya están sobre la mesa. Y, para empezar, se ha clarificado uno de los asuntos colaterales del Brexit que afecta directamente a nuestro país: Gibraltar.
De forma rotunda, los Veintisiete han asumido las tesis de España sobre el Peñón. Y subrayan dos cosas fundamentales. La primera, que cuando el Brexit se consume, la colonia británica quedará automáticamente fuera de la UE. Se evapora así la ensoñación de las autoridades gibraltareñas, que coqueteaban con que antes de la salida de Londres del club comunitario se alcanzara alguna componenda que dejara al Peñón con un estatus ventajoso en la Unión. Y la segunda es que, tras el Brexit, todos los acuerdos que se alcancen entre el Reino Unido y la UE sólo serán aplicables a Gibraltar si nuestro país da el visto bueno. Es decir, todo lo que afecte al marco de relaciones entre el Peñón y los Veintisiete, en la práctica deberá ser acordado de forma bilateral entre Gran Bretaña y España, que tendrá derecho de veto.
Se trata de un gran éxito de nuestra diplomacia. Y esta directriz marcará profundamente el futuro de la colonia británica. En las cuatro décadas que llevamos de democracia, hemos visto cómo Bruselas se ha puesto siempre de perfil y miraba hacia otro lado cada vez que surgía algún tipo de contencioso relacionado con Gibraltar. Las autoridades europeas se lavaban las manos para no posicionarse ni del lado de España ni del Reino Unido, por tratarse ambos de países miembros de la UE. Pero, una vez que Londres ha iniciado los trámites del divorcio, los Veintisiete no han dudado en fijar una posición inequívoca, con la que no sólo se respaldan las demandas históricas de nuestro país, sino que asumen una realidad jurídica reconocida por Naciones Unidas, la de que Gibraltar es un territorio no autónomo bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización.
Lejos de ser una provocadora «maquinación» de España, como denuncia Picardo, ministro principal gibraltareño, el documento para negociar el Brexit de Tusk, presidente del Consejo, refleja lo que debiera ser una perogrullada. Porque Gibraltar no es parte integrante del Reino Unido, sino que las propias autoridades británicas lo consideran uno de sus 14 Territorios de ultramar, bajo paraguas de la Corona, como lo son las islas Caimán. Por ello, jurídicamente, en cualquier futuro acuerdo bilateral entre Londres y Bruselas, en materia comercial o de cualquier otra índole, cabe contemplar excepciones para el Peñón. Y España tiene derecho a bloquear medidas que perjudiquen sus intereses y a marcar líneas rojas ante un territorio a cuya soberanía nunca ha renunciado.
La realidad es que Gibraltar se ha beneficiado en los últimos 44 años de una situación sumamente ventajosa, que tiene que ver con el modo en que negoció el Reino Unido su adhesión en las Comunidades Europeas en 1973, cuando nuestro país todavía era una dictadura y nada podía decir. En los 6,5 kilómetros cuadrados de la Roca, han regido la práctica totalidad de las leyes comunitarias sucesivamente aprobadas, aunque se han mantenido en el tiempo excepciones referidas a asuntos como la unión aduanera o la libertad de servicios.
Para Gibraltar el Brexit supone un drama, porque, por poner sólo un ejemplo, quedarse fuera del acceso a un mercado común como el actual de casi 500 millones de personas, tendrá un impacto enormemente negativo para la economía de sus 30.000 habitantes. Es una consecuencia más entre los muchos problemas –algunos tan serios como el independentismo escocés o el proceso de paz en Irlanda del Norte– con los que se va a enfrentar el Gobierno británico por la irresponsabilidad que supone dejar la UE. Para España, la única buena noticia es que Europa reconoce en este nuevo escenario sus derechos históricos respecto a la colonia. Y será una valiosa arma de negociación frente a Londres en todo el proceso del Brexit.
EDITORIAL EL MUNDO – 02/04/17