La economía española según la OCDE —informe de esta misma semana— es la peor parada de entre las europeas, con una contracción del PIB de más del 18% y un desempleo que roza el 15%. Son cifras provisionales. Las que resuman el año 2020 pueden ser escalofriantes. Están seriamente afectados por el confinamiento y la paralización industrial y de los servicios, los sectores motrices de nuestra riqueza y empleo: la hostelería, el turismo, la restauración y el ocio. Especialmente golpeado el comercio minorista, la automoción y la construcción. La temporada turística ha sido verdaderamente letal para el sector. El miedo previo y los rebrotes del coronavirus —de los peores de Europa en algunas regiones españolas— han lastrado todos los intentos de evitar el colapso. Este viernes, el Gobierno, a través del ministerio de Sanidad, ha debido retomar sus facultades de coordinación imponiendo once medidas obligatorias en todas las comunidades autónomas.

En el horizonte, incertidumbres. Sobre el efecto de la terminación de los ERTE, sobre el comienzo del curso escolar y universitario y sobre la vuelta al trabajo presencial. De momento, se perciben nuevas tendencias alentadas por el temor y la inquietud: aumenta el comercio ‘online’, se ha acelerado el proceso de digitalización y se han alterado las preferencias y hábitos de consumo. Nuestro sistema productivo ha entrado en una dinámica de nuevos paradigmas y ese es ahora el reto. Debe plasmarse en unos Presupuestos Generales del Estado que contemplen un panorama desolador y un Plan de Reformas convincente. Y lo uno y lo otro debe ser avalado por la Unión Europea.

¿Estamos política e institucionalmente preparados para afrontar semejante desafío? Rotundamente, no. El Gobierno de coalición PSOE-UP es un fracaso sin paliativos. No por que aguante dejará de ser un fiasco. Lo más grave no es tanto que el secretario general de Podemos esté implicado en un proceso judicial (caso Dina) y que otros dirigentes y el propio partido sean investigados por una presunta financiación irregular. Lo realmente trascendente es que los morados carecen de respuestas políticas e institucionales, están rotos orgánicamente, desposeídos de poder territorial y han desplegado una estrategia de diversión mediante la agitación y propaganda abiertamente desleal y subversiva.

El presidente del Gobierno sigue tomando decisiones al modo cesarista. La última, la requisa («voluntaria») de los superávits municipales que ha terminado por dividir a la única instancia que funcionaba con cohesión: la local. Por otra parte, anteproyectos de ley aprobados en el Consejo de Ministros —como el de Igualdad, presentado por la ministra Irene Montero— son tan deficientes que deben ser retirados o pospuestos, como es el caso también de la reforma del Código Penal anunciado por el ministro de Justicia. La mayoría de la investidura está tan agrietada que amenaza ruina.

En el grupo confederal de Unidas Podemos los enfrentamientos entre los diputados ‘comunes’ y el resto, resultan clamorosos, y los que pertenecen a IU discrepan con los «complutenses» de manera notoria en un tema tan esencial como la aceptación de una gran convocatoria transversal para respaldar los Presupuestos. Pedro Sánchez no habla con el líder de la oposición y este no sabe, no quiere o no puede presentar un PP en orden de formación y disponible para colaborar decisivamente en este momento crucial del país.

En Cataluña la crisis posterior al fracasado proceso soberanista, continúa. La convocatoria electoral prevista puede producirse o no, porque la legislatura concluye en diciembre de 2021. Joaquim Torra, deteriorada su relación con el hombre de Waterloo, puede hacer una jugada que algunos ya se malician: nombrar a un nuevo vicepresidente —en detrimento de Aragonès—, cesar como presidente de la Generalitat tras la sentencia del Supremo que le inhabilitará en firme y provocar un caos añadido para que la ventaja electoral que las encuestas atribuyen a los republicanos merme. En cualquier trance, las fechas —sean unas y otras— han hecho que la mesa de diálogo pactada entre el PSOE y ERC haya quedado en nada y, por consiguiente, también en nada el apoyo de los escaños republicanos a las iniciativas gubernamentales. Y en medio, la expatriación punitiva de Juan Carlos I, un impacto que debe absorber la institución de la Corona, el sistema institucional y la opinión pública.

España, pues, ha tocado fondo aunque lo vayamos a comprobar en otoño. Lo sensato, lo patriótico, lo que miraría de verdad por los intereses de los ciudadanos sería una gran concertación nacional. No la quieren los extremistas. Y lo que cabe esperar en el Congreso es una iniciativa marciana de Vox: moción de censura a Pedro Sánchez —sin que aún sepamos el candidato alternativo— que reforzará al socialista y aglutinará, de momento, la ahora rota mayoría de investidura, introducirá contradicciones en el PP y convertirá la Cámara en un Campo de Agramante. Cumplen aquí las palabras de Manuel Azaña: «Os permito, tolero, admito que no os importe la República, pero no que no os importe España. El sentido de la patria no es un mito».