EL MUNDO 19/02/15
VICTORIA PREGO
A medida que se van haciendo públicas las conversaciones entre responsables políticos de la Comunidad de Madrid y determinados técnicos o guardias civiles imputados en el caso de los seguimientos, se va haciendo cada vez más evidente que dentro de la Comunidad de Madrid existió una auténtica red paralela de espionaje a personas que tenían la responsabilidad de gobernar porque así se lo habían encomendado los ciudadanos. Una red mafiosa.
La sede del Gobierno autónomo fue un nido de piratas que se pisaban el botín y se seguían los pasos para comprobar a dónde se dirigían políticamente unos y otros, que era de lo que se trataba. Y de lo publicado en estas páginas se desprende además un auténtico chantaje aplicado a quienes estaban llamados a declarar ante el juez una vez que se destapó el caso. El sistema era elemental: prebendas a cambio de silencio, represalias si se atrevían a contar la verdad. Y el mejor resumen del tenor de los aquelarres entre declarantes e incitadores es el que pronuncia con tan evidente como procaz satisfacción el viceconsejero de Presidencia, Alejandro Halffter, ofreciendo un volquete de putas a quienes, obedeciendo las órdenes, habían guardado silencio ante la juez.
Es evidente, porque lo dice él mismo sin el menor reparo, que el autor de esta red de espionaje era Francisco Granados, que ocupaba nada menos que el número dos del Gobierno de la Comunidad y que contamina con su actuación a todo el Gobierno autonómico del momento. Él se atribuye el plan de espionaje y también la estrategia del silencio. De eso no hay la menor duda.
Ahora bien, en estas conversaciones a calzón quitado se menciona repetidamente el nombre de Ignacio González en su condición primero de vicepresidente del Gobierno autónomo y de presidente inmediatamente después. Esas menciones lo colocan ahora en la tesitura de tener que desmentir la menor relación con los implicados, como ya ha hecho en las páginas de este periódico. Pero cosas como estas ponen de manifiesto lo sencillo que resulta, para quien tenga interés en ello, involucrar a una persona en un asunto turbio. Basta con mencionar su nombre, asegurar que está en el ajo, que lo autoriza y que alienta la operación para que el personaje en cuestión quede inmediatamente envuelto en el asunto, al menos ante la opinión pública. Un juez necesita mucho más que eso para imputar a una persona, pero los electores se pueden sentir suficientemente informados con esas dos o tres frases lanzadas en mitad de una conversación comprometedora. Por eso Ignacio González no va a tener suficiente con desmentir aquí su relación con Granados y su banda. Él es ahora mismo el más que probable candidato a la Comunidad de Madrid en las elecciones de mayo, pero esas menciones de Granados y los suyos le han puesto las cosas un poco más difíciles.