IGNACIO CAMACHO-ABC
Más grave que ese tétrico meneo de restos es la mordaza legal que pretende establecer una verdad histórica por decreto
NUNCA será bastante elogiado aquel hallazgo de Joaquín Leguina sobre el antifranquismo retroactivo. Sintagma que data de los tiempos de Zapatero, cuyo guión de gestualidad buenista, política espectáculo, gasto fácil y mantras de huero sentimentalismo debe de haber rescatado Sánchez de algún cajón en la sede del partido. ZP se propuso también reescribir la Transición como un proceso fallido en el que el consenso y la reconciliación no fueron más que señuelos para que los poderes de la dictadura continuasen intactos en un marco formal distinto. Hay que admitir que la monserga funcionó porque ofrecía un relato sugestivo, aunque falso, de aquella etapa a las generaciones que no la habían vivido, y porque la izquierda española ha terminado arrepintiéndose de lo que mejor hizo, que fue desembarazarse del pasado y renunciar al revanchismo. Pero los adanes de la Historia no están a gusto si no la recomponen a la medida de sus mitos, y para simplificar el empeño escogen la vía de los símbolos. A tal efecto, y como la osamenta juguetona de Lorca escapó de la tenebrosa pesquisa de los cenizos, no hay ninguno de mayor potencia que el Valle de los Caídos.
Por más que les pese a los levantatumbas, a Cuelgamuros no suben más que algunos irredentos nostálgicos. Aunque el monumento se ve desde lejos, camino del Escorial, hay poco magnetismo en su sombrío karma funerario; teniendo tan a mano el majestuoso panteón de los Reyes, quién va a interesarse por el de Franco. Hace más de cuarenta años que España dio ese capítulo por felizmente cerrado y sólo ciertos profesionales del rencor póstumo pretenden reabrir aquellas cicatrices morales con un designio macabro de calaveras agitadas como espantajos. Poca gente se va a ofender porque los restos del dictador acaben sepultos –con la dignidad que merece cualquier difunto, incluidos por supuesto los que él causó– en otro lado. Incluso sería buena idea que la faraónica cruz perdiese su parcial significado para servir de verdadero homenaje a las víctimas de ambos bandos. Pero a la mayoría de la sociedad española este tétrico aquelarre la trae al pairo.
Más grave en cambio es que el Gobierno y sus socios radicales pretendan imponer una versión única de la Historia con una suerte de ley-mordaza. Una herramienta de censura autoritaria dirigida contra la libertad del estudio y de la simple opinión ciudadana. Un artefacto para condicionar la investigación de las ciencias sociales y prohibir, con la apología del franquismo como paraguas, el cuestionamiento documental, cada vez más frecuente y riguroso, de la legitimidad republicana.
Ése es un paso mucho más peligroso que el de remover sepulturas y trasladar esqueletos. Significa la creación de un Ministerio de la Verdad establecida por decreto, la eliminación de todo testimonio contradictorio o molesto. El imperio de la ley del silencio… de los cementerios.