Ignacio Camacho-ABC

• La tesis de las togas manchadas con el polvo del camino resume la aspiración de una justicia subordinada al Ejecutivo

El Gobierno no tiene un problema con los tribunales, como sostienen sus turiferarios, sino con la ley que ha jurado cumplir y hacer cumplir. En concreto con la ley de leyes o Carta Magna, que a menudo sortea o soslaya, como en el caso del estado de alarma, por carecer de mayoría suficiente para modificarla. Ese vicio de procedimiento provoca un conflicto con la función jurisdiccional que el sanchismo pretende resolver mediante un choque de legitimidades y el cuestionamiento de la independencia del poder judicial como intérprete del ordenamiento jurídico. La teoría de las togas manchadas con ‘el polvo del camino’ resume la aspiración gubernamental de unos jueces comprometidos o al menos sensibles con los criterios dominantes en el ámbito político. El correlato unívoco de los poderes del Estado sin mecanismos de equilibrio es la base doctrinal de los totalitarismos: una arquitectura institucional emanada del principio de subordinación al servicio de un Ejecutivo que se considera a sí mismo la expresión máxima de una suerte de soberanía por plebiscito.

Esa voluntad de sometimiento o de vasallaje subyace en el debate sobre el encaje constitucional del confinamiento. Moncloa era desde el primer minuto consciente de que la fórmula escogida planteaba problemas serios, hasta el punto de que la exvicepresidenta Calvo planteó a otros grupos del Congreso la posibilidad de estudiar algún método intermedio. La idea fue desechada y lo que ahora pretendía el Gobierno era la convalidación ‘a posteriori’ de la idoneidad legal de su decreto. Al TC se le puede y se le debe reprochar su inaceptable retraso en un asunto que afectaba de lleno a los derechos fundamentales de los ciudadanos y por tanto a la estructura esencial del andamiaje democrático. Lo que no cabe es pedirle, como ha hecho uno de sus propios magistrados, que acompase sus veredictos a un presunto interés público falseado por la incapacidad del Gabinete -¡¡con tres jueces!!- para medir el alcance de sus actos. La campaña de descalificación contra la corte de garantías contiene todos los reflejos dogmáticos de unos partidos y unos dirigentes acostumbrados a utilizar la ideología como salvoconducto de cualquier desafuero arbitrario.

Y como el revés era previsible, el Gobierno trabaja ya en una reforma de la Ley de Seguridad Nacional que acredite la prerrogativa plenipotenciaria del presidente en un vaporoso «estado de crisis» cuya definición jurídica no existe. Se trata de consagrar un cesarismo de omnímodas facultades, invulnerable a cualquier control en situaciones declaradas -¿por quién?- excepcionales. Una herramienta que convierte la emergencia en factor habilitante de la supresión completa de las libertades, incluida la incautación de propiedades particulares. Soluciones Sánchez. La verdadera crisis -de Estado- estallará cuando no encuentre nadie que lo pare.