La incertidumbre por los contagios del covid y la inquietud que ha generado la negociación entre La Moncloa y la Generalitat en otras comunidades autónomas no nos da un respiro este verano. El presidente del Gobierno ha colgado su chapa después de haber pasado el trámite de visitar al Rey en Mallorca. Pero nos ha dejado dos perlas sobre las mesas de los chiringuitos que están dando su juego. A la preocupación sanitaria que cunde en el país, derivada del desentendimiento del presidente por la velocidad de los contagios en un verano sin normas comunes, se le suma la preocupación por las exigencias constantes del Ejecutivo catalán.

La jugada de las dos mesas de negociación entre las dos administraciones (para hablar de transferencias en una y de amnistía y referéndum en otra) está sirviendo de alpiste de verano. De la primera reunión de la mesa más técnica ha quedado en evidencia la insaciabilidad de la Generalitat. El desembolso del Gobierno de La Moncloa (1.700 millones para ampliar el aeropuerto de El Prat) y la posible transferencia de las pruebas del MIR a Cataluña, entre otras concesiones, le pareció insuficiente. Sus interlocutores ni siquiera les exigieron una contraprestación, una declaración de respeto al marco constitucional, como hace el PNV. Qué menos. Pero, claro, pedir consideración hacia las normas comunes a quienes las vulneraron no cabe en el esquema de un presidente que tiene a Bildu como socio sin haberle exigido una condena del pasado terrorista de ETA.

Fracasado el golpe a la Constitución en 2017 gracias a la actitud decidida del Estado, al oportuno discurso de Felipe VI y a la actuación de la Justicia, Sánchez insiste. No se ha cometido ninguna ilegalidad desde que él gobierna. Pero, con los datos en la mano, no es cierto. El manifiesto desprecio que la Generalitat ha mostrado con las sentencias judiciales sobre el derecho de los alumnos a aprender el 25% en castellano en las aulas catalanas da la dimensión del problema. Pero si el Ministerio de Educación se muestra comprensivo con esa situación de objeción jurídica, se comprende que los interlocutores catalanes se sientan cada vez más fuertes.

Sánchez y Aragonès se volverán a medir en septiembre. En la mesa fetén. En la política. En la que intentaron colar, en tiempos de Carmen Calvo, la figura de un relator para darle un perfil internacional como si se tratara de abordar un conflicto en la ONU. El debate ahora pivota en torno al posible cambio de actitud en los dirigentes de ERC: ¿volverán a delinquir si no se satisfacen todas sus exigencias?

Con los tratos de deferencia hacia el Gobierno catalán, Sánchez está creando muchos agravios comparativos. No podrá presentarse en la próxima campaña como Pedro ‘el apaciguador’ si el resto de comunidades empiezan a rebelarse ante la constatación de que la deslealtad constitucional en el caso de los secesionistas catalanes, con los condenados ya indultados, no solo no tiene mayores consecuencias, sino que es una moneda de cambio efectiva para seguir imponiendo una desconexión del Estado.