Estado-pocilga

Joaquín Leguina, que demasiado sufrió en carne propia la mezquindad y el rencor de aquella recua de sinvergüenzas, ha retratado mejor que nadie los orígenes del turbio tipo que, de sus domicilios financiados por un suegro proxeneta, ascendió al fasto supremo del Palacio de la Moncloa: «Pepe Blanco» –escribe– «se rodeó de muchachos a cual más gallardo». Y más exento de remordimiento. El libro de Leguina, Pedro Sánchez, historia de una ambición, fue publicado en el año 2021. Y tenazmente silenciado por todos aquellos que vieron en la ascensión angelical de Sánchez ocasión para enriquecerse en poco tiempo. Me permito recomendar su relectura ahora. Es el momento.

Todo empezó, para el yerno de Sabiniano Gómez, merced al soberano capricho de aquel ministro que cruzaba discretos maletines en oscuras gasolineras. El discípulo aprendió deprisa. De los mentores familiares y de los políticos. Tampoco iba a ser, para alguien con su biografía, nada del otro mundo distraer en Ferraz una urna dentro de un cuarto oscuro. Lo pillaron esa vez. Siguió aprendiendo. Y, al cabo, consiguió liquidar a todos sus oponentes. Es una regla de oro: en política gana siempre el más tonto; siempre y cuando sea también el más malo. Y a uno le viene a la cabeza aquel al que sus compañeros de la dirección bolchevique juzgaban, en la Rusia de principio del siglo veinte, un perfecto bobo de capirote; y que acabó haciendo ejecutar a todos los que se juzgaban sus listísimos superiores. Y, hablando de neuronalmente escasos y moralmente turbios, ¿qué podríamos decir del doble éxito de Zapatero, político como económico? En fin, la política es eso. Por ello, jamás una persona decente tolerará ser rozada por su halo bajo ninguna excusa.

Lo de estos días en el Tribunal Supremo –conviene no olvidarlo– es sólo el primero de los procedimientos penales en curso. Y no el más grave. Quienes, mariachis del presidente Sánchez, corean la falta de pruebas de la espeluznante declaración del autoinculpado Aldama, olvidan que esas pruebas y evidencias son, hoy por hoy, parte de una instrucción aún en fase secreta, la de la trama de los hidrocarburos. Quienes se afanan en mellar el filo del «interés» de Begoña Gómez por unos terrenos de la SEPI en la zona más cara de Madrid, parecen dejar de lado que la cascada de procedimientos penales no ha hecho más que comenzar: para el partido, para el jefe del partido, para la familia del jefe del partido, para todos los hombres del jefe del partido. Y que es en las sentencias por venir en donde anida el escalofrío de una banda delictiva que ve aproximarse la apisonadora judicial sobre sus fechorías.

Pero, de lo escuchado en las dos últimas jornadas ante el Supremo, emerge ya una constancia. No, no es, esta vez, el modo de actuar de esos convencionales delitos políticos, a los que estamos acostumbrados desde 1978: a uno como a otro lado del espectro. La lengua es el soporte de la subjetividad. Una gente que habla de la licuefacción de una vicepresidente y camarada de partido en los vomitivos términos en los que Aldama transcribe las palabras de Koldo acerca de Ábalos y Montero, es, sencillamente, una gente podrida: hasta el último resquicio de eso a lo cual, en su caso, da vergüenza llamar alma.

Ábalos, Koldo, Aldama hozaban en una porqueriza. Les gustaba: están en su derecho. Pero esa porqueriza no podía ser propiedad suya. No lo era. Todos y cada uno de los favores en los que se refocilaban podían sólo ser pagados desde el palacio de la Moncloa. Y ni Koldo ni Ábalos, ni por supuesto Aldama, tienen salvación alguna. Sus delitos no buscaron siquiera disimularse: se ejercieron con la arrogancia tabernaria en la cual viven, por principio y experiencia, todos cuantos se nutren de la política en España. Todos. Pero ninguno de esos tres tenía el poder suficiente para ser vértice financiero de este sombrío juego. Apenas si eran venales malandrines de callejón y faca. El jefe estaba demasiado arriba. Aldama, sin cuya traición a la banda no hubiera sido posible atisbar la pestilencia de las pocilgas del Estado, lo acuña en una fórmula muy de novela negra. «Yo, obviamente estoy en la banda organizada criminal. El señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaba en el escalafón 1; el señor Ábalos, en el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba; el señor Koldo García en el 3; y yo en el 4». Vulgar historia de mafioso, sin duda. Que denuncia a sus jefes. Sin exculparse. Y nunca gratis, desde luego.

Los detalles narrativos oscilan siempre entre lo repugnante y lo pasmoso. La «mochila Montblanc» en la que viajan fajos de billetes –en entregas de hasta 250.000 euros, puntualiza–, desde la caja fuerte de los empresarios corruptores hasta el despacho o el domicilio del número dos de Sánchez; el sustancioso negocio de Aldama, fastidiado por un curioso antojo de la esposa de Sánchez; el desaforado movimiento de billetes bancarios, inmunes a cualquier control de Hacienda, que habrían acabado en la sede del partido –por no mencionar el deslucido oficio de palanganero al servicio hormonal del ministro–… no mueven ya ni a risa. Son el síntoma de que todo se ha podrido. Todo. Sin excepciones. Y que el ciclo que debe cerrarse ahora no es el del sanchismo: ése lo cerrará la puerta del presidio cuando el momento judicial acabe.

No, no es sólo Sánchez. No podría serlo un hombre solo. La inmundicia se ha tragado todo. Y, si los jueces pueden depurar los rincones más pestilentes de ese remedo de las cuadras en las que acumulaba el mítico Augías decenios de estiércol, sobre la ciudadanía recae ahora la responsabilidad más alta. La que reclame una reforma constitucional completa. Para acabar con esta repugnante gangrena que ya ni amputación siquiera admite. El Estado español está muerto y agusanado. Ante nosotros se abre la exigencia de poner en pie un sistema de garantías que proteja a los ciudadanos: también –y quizá antes que nada–, de sus dirigentes políticos. Pero construir la democracia exige, antes, salir de la pocilga. O ser por ella asfixiados.