José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL, 23/7/12
Según fuentes del Banco de España, a lo largo del mes de agosto, el Gobierno rescatará e intervendrá a la mayoría de las comunidades autónomas en los términos previstos en el Real Decreto Ley 21/2012 de 13 de julio de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero. A las solicitudes de Valencia y de Murcia, ambas ya anunciadas aunque pendientes de formalización según las previsiones de esta disposición, podrían añadirse en breve las de Castilla-La Mancha y las dos grandes –al margen de Madrid-: Andalucía y, sobre todo, Cataluña. El rescate debe ser solicitado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma necesitada y aprobado, después de determinados trámites y fiscalizaciones, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Si la autonomía peticionaria cumple los requisitos que le sean impuestos de acuerdo con el Decreto Ley de 13 de julio, dispondrá de una parte de los 18.000 millones de euros de que está dotado el Fondo de Liquidez que será gestionado por el ICO y que estará engrosado en parte por un préstamo ad hoc del Organismo y de Apuestas y Loterías del Estado (6.000 millones).
La intervención de las autonomías a través de este mecanismo –que es temporal, hasta tanto se agote su dotación— implicaría que el Gobierno, a través de Hacienda, impone unas condiciones (descritas en el capítulo segundo de Decreto Ley) tanto financieras como fiscales, así como de información y seguimiento por Hacienda que, de hecho, neutralizan las facultades de orden económico financiero de la autonomía intervenida.La ley que regula el Fondo de Liquidez Autonómico se remite a los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria en los que se contempla el incumplimiento de las condiciones y, como consecuencia, la suspensión de la autonomía por acuerdo de la mayoría absoluta del Senado según el artículo 155 de la Constitución. La suspensión es la máxima medida coercitiva contra una Comunidad Autónoma prevista en nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, las autonomías si se adhieren al Fondo de Liquidez saben que están intervenidas; que si no cumplen las condiciones del préstamo, pueden ser suspendidas y que si, aun no disponiendo de recursos, se resisten a adherirse a este sistema de liquidez, incurrirían en default con consecuencias impredecibles. En todo caso, entrar en esta vía excepcional de pagos de los vencimientos de deuda comporta un plan de ajuste, otro de tesorería, un sistema de aprobación de cualquier acuerdo autonómico de gasto no corriente y el control in situ de los hombres de negro de Hacienda.
A nadie se le escapa que la generalización del rescate de las autonomías constituye, de hecho, una desactivación de las facultades esenciales de las comunidades y, en consecuencia, una suspensión temporal pero efectiva del funcionamiento del modelo de Estado que viene inspirando una enorme desconfianza a los mercados, recibe constantes advertencias de la troika y plantea graves problemas de coherencia al Gobierno en el manejo de la crisis como se pudo comprobar en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera durante el cual Andalucía, Canarias, Asturias y Cataluña votaron en contra de la fijación del déficit autonómico para 2012 y sucesivos, y se abstuvieron Castilla y León y Extremadura –ambas regidas por el PP–, en tanto que Galicia emitía un sí crítico a la previsión de Cristóbal Montoro. Esta actitud –que fue alentada la semana pasada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, llamando a un plante autonómico— ha desatado todas las alarmas en el Ejecutivo porque se considera que es un pésimo mensaje a los potenciales financiadores de la deuda soberana española que ya la han situado en 612 puntos básicos y a un interés superior al 7% para los bonos a 10 años.
Cataluña, pese a los esfuerzos del presidente Mas, no parece pueda librarse de adherirse al Fondo de Liquidez. El Gobierno catalán –también el andaluz— ha tenido que recurrir a créditos puente para pagar la nómina de julio a los empleados públicos autonómicos y ha suspendido los pagos a determinados proveedores este mes por falta de liquidez que atribuye a retrasos en las transferencias desde la Administración del Estado que ésta niega. Cataluña, además, es la comunidad autónoma más endeudada: de los 11.000 millones de euros en vencimientos en los próximos meses, Cataluña es la principal deudora. El presidente Mas, cuya federación, CiU, no ha apoyado el ajuste gubernamental la pasada semana, se plantea seriamente convocar elecciones anticipadas si, finalmente, debe pasar por someterse a las condiciones que impone la disposición de recursos del Fondo de Liquidez Autonómico. En rigor, las únicas autonomías que no estarían en el trance de default serían Madrid y las forales: el País Vasco y Navarra. Pero “ninguna otra”, subrayan fuentes del Banco de España. De ahí que el vicepresidente de la Junta andaluza, Diego Valderas, considere que entrar en el mecanismo de FLA implique “dar un paso atrás de 32 años”. Javier Fernández, presidente asturiano, ha aducido que antes que pedir fondos a Montoro prefiere “solicitarlos a la banca”. En estas declaraciones late la certeza de que la intervención es, en cierto modo, el estallido de la burbuja autonómica y, seguramente, el inicio de un camino que, antes o después, llevará a la reformulación del modelo de Estado.
Sin embargo, ni cuando se aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria ni cuando se convalidó el real Decreto Ley que establecía el Fondo de Liquidez Autonómica, los partidos hicieron hincapié en que estaban habilitando al Gobierno central con facultades muy poderosas para provocar un cortocircuito en el modelo de Estado. Y aunque desde los aledaños de la Moncloa no se quiera hacer esa formulación, lo cierto es que a propósito de la crisis, el sistema autonómico va a quedar desarbolado. Está por ver que esta medida de rescate autonómico generalizado y una posible crisis de gobierno –especialmente en el área económica— sea medida apreciada por los mercados para aflojar su acoso, luego que el BCE ya ha dicho que no va a intervenir en solucionar nuestra crisis de deuda soberana. El Ejecutivo no se plantea nuevos recortes ni ajustes –salvo los de la redimensión de las administraciones públicas, especialmente autonómicas y de sus empresas y fundaciones— ante la dura respuesta de la calle que atribuye a las autonomías buena parte de la responsabilidad en los desequilibrios financieros generales, desconociendo, quizá, que el sistema en sí mismo fallaba de base porque unos gastaban con escasos controles (las Comunidades Autónomas) y otro recaudaba y transfería (la Administración General del Estado). El sistema, ahora, ha colapsado.
José Antonio Zarzalejos, EL CONFIDENCIAL, 23/7/12