Antonio Basagoiti, LA RAZÓN, 23/7/12
La reforma de la Ley Electoral en la que trabaja el Gobierno de Rajoy es un acto de justicia, con el que todas las fuerzas políticas democráticas deberían sentirse comprometidas y participar de forma activa, porque su objetivo fundamental es reforzar el marco de derechos y libertades que durante años el terrorismo ha estado negando a buena parte de la sociedad vasca.
No estamos ante un capricho político de un Ejecutivo. Esa es una interpretación falsa y torticera. Esta iniciativa demuestra el compromiso que el Gobierno de la nación tiene con la libertad en el País Vasco. Evidencia responsabilidad institucional para rehacer unos derechos que han sido atacados por la acción de una banda terrorista. Tenemos la obligación ética y moral de abrir las puertas que durante muchos años ETA ha ido cerrado a golpe de pistola. Da igual que sea uno, sean mil o doscientos mil los vascos que se hayan visto obligados a dejar su tierra por culpa del terrorismo. Nuestro deber es abrirles la puerta por la que salieron y darles la oportunidad de recuperar algo de lo que entonces les privaron.
No estamos pensando en números. Estamos pensando en derechos, justicia, y estamos pensando en personas. En el reconocimiento democrático que se merecen los ciudadanos vascos que tuvieron que irse de esta parte de España por plantarse ante ETA, por negarse al chantaje terrorista. Vascos que fueron señalados por mostrar su rechazo a la violencia y a la imposición de la independencia.
No podemos quedarnos de brazos cruzados y pasar por alto los atropellos que ha cometido el terrorismo durante tantos años. No podemos pasar por alto a las víctimas del acoso terrorista, porque también son víctimas, y las consecuencias que esa realidad ha provocado en sus vidas y en la de sus familias. No podemos ser ajenos a esa anormalidad democrática. Lo sustancial de la iniciativa en la que trabaja el Gobierno no está en sus consecuencias electorales. Esa es una mala interpretación a la que se han lanzado determinados ámbitos políticos en el País Vasco con clara intención de desacreditarla. Que son casualmente los mismos que no decían nada mientras ETA depuraba el censo y se recogían nueces. E insisto, tendríamos la misma obligación fueran uno o cien mil los vascos obligados por la fuerza a dejar su pueblo o su barrio. Su naturaleza es claramente democrática. Se trata de darles a estas personas la posibilidad de recuperar parte de los derechos que el terrorismo les arrebató expulsándoles de su tierra. Reconocer, en definitiva, su condición de ciudadanos vascos y el protagonismo que les corresponde en un momento en el que algunos quieren obtener el precio de la secesión. La democracia en la comunidad autónoma vasca no puede construirse sobre el olvido. Esa es una trampa que no podemos permitir. No puede hacerse tabla rasa y pasar por alto los numerosos atropellos que ETA ha ido acumulando en sus años de historia. La libertad en el País Vasco necesita recuperar los espacios que la banda terrorista trató de dominar y de someter mediante el miedo. Es una iniciativa que sana las heridas que los totalitarios han causado unilateralmente, que rehace un terreno en provecho de la democracia que ETA tuvo pisoteado durante años. Tenemos la obligación de recuperar el País Vasco democrático, el País Vasco que ETA intentó liquidar, el País Vasco que ETA intentó silenciar sacándoles de su entorno y del censo. Es verdad que después de años la realidad de estas personas será bien distinta a la que tenían cuando ETA les obligó a salir. Espero que hayan superado las dificultades que seguro conllevó el desarraigo forzoso al que fueron condenadas. Deseo que hayan conseguido todas ellas normalizar y estabilizar sus vidas después de tan amargo trago. Pero, con todo eso, la democracia en esta parte de España tiene una deuda con ellas que esta reforma quiere saldar. Los demócratas hemos ganado al terrorismo, y darles a estas personas la posibilidad de recuperar un derecho que ETA les arrebató, sin duda, contribuye a reforzar esa victoria y a marcar una dirección basada en la justicia y en la razón democrática. Esta reforma reconoce una realidad incontestable y habilita los mecanismos legales que permitan a estas personas recuperar sus derechos como ciudadanos vascos. La libertad necesita apoyarse en hechos y también en gestos. La iniciativa del Gobierno es fruto de su responsabilidad política y de su compromiso con la derrota de ETA. Es un hecho y también un gesto que refuerza una apuesta por vivir en paz y en libertad, reconociendo primero los derechos que tienen los vascos que ETA expulsó de su tierra, y en segundo término y como consecuencia de ello, dándoles la oportunidad de recuperar su sitio en nuestra sociedad. ETA quiso imponer unas líneas rojas al conjunto de la sociedad vasca, y quien se atrevió a cuestionarlas y denunciarlas fue hostigado y perseguido hasta sacarlo de su casa. La democracia en el País Vasco tiene la obligación de restituir los derechos que el terrorismo arrebató a estas personas. Darles la oportunidad de recuperar el sitio del que salieron por la fuerza.
Sea uno o sean cien mil los vascos que decidan hacerlo. El número no es lo importante. Lo importante es que con esta reforma la democracia recupera pulso.
Antonio Basagoiti, LA RAZÓN, 23/7/12