KEPA AULESTIA, EL CORREO 21/09/13
· La discusión sobre el futuro del autogobierno vasco no puede convertirse en un largo rodeo procedimental que desemboque en la ‘vía catalana’.
El lehendakari Urkullu ha propuesto a los grupos políticos que sean ellos quienes, a través de la correspondiente ponencia parlamentaria, acuerden la actualización del autogobierno vasco con el objetivo de lograr un nuevo estatus político para Euskadi. Es de suponer, a tenor de su discurso del pasado jueves, que el lehendakari considera necesario corregir al alza el Estatuto mientras se van superando las apreturas económicas de 2013 y 2014. Como debe ser plenamente consciente de que la discusión sobre las futuras relaciones entre Euskadi y el resto de España solapará los otros dos ‘ejes’ de su mandato: salir de la crisis y afianzar la paz. Lo que de entrada induciría cambios en la política de alianzas respecto al pacto de estabilidad suscrito entre PNV y PSE-EE.
La primera duda surge con el procedimiento prescrito por el lehendakari, que elude avanzar una propuesta concreta no tanto para preservar su papel institucional sino, según sus palabras, para evitar que genere división y enfrentamiento. Ello abonaría la hipótesis de que Iñigo Urkullu y el partido que presidió hasta hace diez meses escasos –el PNV– albergan una visión sobre el porvenir político del País Vasco poco propicio al consenso.
Pero volvamos al método. Ninguna decisión política obedece a una única razón. En este caso resulta cuando menos extraño que Urkullu –como ya apuntara en su investidura– invite a los partidos a consensuar eso que se presenta al mismo tiempo como actualización, reforma y nuevo estatus, eludiendo arriesgar un proyecto propio, mientras que no ha dudado en condicionar la ponencia preexistente de paz y convivencia con su propio plan. Si lo que intenta es preservar la acción de gobierno evitando que el debate sobre la revisión autonómica acapare su actuación pública, el método propuesto sería el idóneo. Pero tal actitud no se compadece con sus apelaciones a la pluralidad, al rigor jurídico y a la calidad que debe reunir el debate al respecto. Puesto que a la posición institucional del lehendakari corresponde, antes que a ninguna otra, la salvaguarda de esos criterios. Bastaría con que una eventual propuesta de Urkullu se ciñese al rigor jurídico para preservar su actuación ordinaria de cualquier polémica en relación al futuro del autogobierno.
El espejo catalán nos ha mostrado, en los últimos días, un amplio abanico de iniciativas y pronunciamientos. Van desde una declaración por el derecho a decidir que omite la consulta para así lograr más adeptos, hasta la defensa unívocamente independentista de su convocatoria a plazo fijo, pasando por la hipótesis de que Cataluña quede fuera de la UE pero no del euro, mientras persiste con intermitencias la retórica del diálogo que se le requiere al Gobierno Rajoy para explorar soluciones intermedias sin siquiera sugerir cuáles podrían ser éstas. Si de lo que se trata es de tomar distancia respecto a la ‘vía catalana’ mostrándonos más pragmáticos, gracias a la ventaja de que ya contamos con Concierto y Cupo, deberíamos evitar semejantes rodeos e indefiniciones formales.
Las cosas tienen nombre. Una actualización de las previsiones estatutarias invitaría tanto a la justa reclamación de su cumplimiento y su ampliación, como a la revisión de su desarrollo interno. A eso se le llama reforma y tiene que recorrer el itinerario establecido en el Estatuto y la Constitución, incluido el refrendo popular. El rigor jurídico remite a ello inexorablemente. Su alternativa es la que ya plasmara en un plan el lehendakari Ibarretxe, desbordando los cauces del bloque constitucional. O en su caso la vía directa que insinúa sin concreción jurídica alguna EH Bildu.
Es la segunda ocasión en la que el presidente del EBB llega a lehendakari. Mucho antes de Urkullu lo fue Garaikoetxea. Comenzando por él los lehendakaris jeltzales acabaron distanciándose de la línea fijada –de forma ágrafa– por el partido. Garaikoetxea fue despachado porque se había excedido en el ejercicio de su cargo –obviemos los pecados que se le imputaron al final– y vino Ardanza, que se fue porque osó convertir Ajuria Enea en puente de mando de la política vasca –‘informe Zubia’ sobre competencias pendientes mediante–, y le sustituyó Ibarretxe que acabó yéndose tras vencer en las autonómicas de 2009 después de que su partido recelara de su maximalismo. Esta de Urkullu es la primera vez en la que el lehendakari jeltzale opta por limitar su acción a la dirección de la administración autonómica y poco más. Todo lo restante queda en manos del partido, con excepción claro está del monotema de la paz y la convivencia, que el EBB no ha tenido empacho en que Urkullu le encargara a un proveedor externo de nombre Jonan Fernández. Siempre había sido algo que la dirección jeltzale había afrontado por delegación, como cuando encomendó a Juan María Ollora, Joseba Egibar y al difunto Gorka Agirre idear una alternativa propia de paz a mediados de los 90.
Volvamos al método. Ningún procedimiento es inocuo respecto a su resultado final. La fórmula propuesta por el lehendakari Urkullu puede tener sus virtudes a la hora de establecer un cordón sanitario en torno a su acción de gobierno en un momento de urgencias frente a la crisis. Pero casualmente acomoda al PNV en su ideal bicefalia entre gobierno y partido o, por ser más incisivos, en la cohabitación entre sensibilidades internas que están ya a flor de piel a cuenta del pacto económico y fiscal con el PSE-EE. Buena parte de los males que padece la política catalana provienen del día en que a Maragall se le ocurrió convocar poco menos que un concurso de ideas para un nuevo Estatut. Esperemos que los partidos vascos se centren más, y que a ello contribuyan las indicaciones del lehendakari Urkullu.
KEPA AULESTIA, EL CORREO 21/09/13