Francesc de Carreras-El País
El Ejecutivo ha entrado en la agonía
Este Gobierno ha entrado en la agonía. La verdad es que la parca le ronda desde sus inicios, tantas contradicciones internas y apoyos parlamentarios frágiles… Pero un buen final a estos duros tiempos de estado de alarma le hubiera podido salvar: las dificultades han sido muchas y mal que bien estamos saliendo de esta… Sin embargo, los dos grandes tropiezos de los últimos días le sitúan en fase letal. Esta es al menos mi impresión. Veamos.
Primero, aunque ya se sabía que antes del día 9 de marzo, cuando se empezó a reaccionar ante el coronavirus, el Gobierno tenía noticias fiables sobre la gravedad de la situación y el ministro de Sanidad había informado en Consejo de Ministros; pero lo que no había trascendido era que algunos actos se habían cancelado por esta razón —por ejemplo, la reunión de la Iglesia Evangelista— y otros, de dimensiones mucho mayores, se permitieron, como la manifestación del Día de la Mujer, el 8 de marzo. Las mismas razones servían para prohibir y para autorizar. Incongruencia y discriminación. ¿Cuántas vidas, perjuicios y gastos nos habríamos ahorrado?
Además, esto tiene una coletilla importante. La directora de la Guardia Civil María Gámez destituye al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de dicho cuerpo en la Comunidad de Madrid, por negarse a comunicar el contenido del informe elaborado por un subordinado suyo cuando este actuaba como policía judicial y, por tanto, funcionalmente dependía de la juez de instrucción. Si el coronel Pérez de los Cobos hubiera remitido el informe habría vulnerado, entre otros, el artículo 126 de la Constitución. Razón del cese: pérdida de confianza. ¿Confianza, para qué? ¿Para que se preste a saltarse la ley? El mismo día el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, promete a la Guardia Civil el aumento de un 20% del sueldo: un insulto a su dignidad.
Segundo, hace ya una semana, tras revalidar el estado de alarma en el Congreso, la extraña abstención de Bildu se justifica por la promesa de Pedro Sánchez, vía Adriana Lastra, y sin conocimiento de la vicepresidenta de Economía Nadia Calviño, de derogar íntegramente la ley de reforma laboral. Nadia Calviño amenaza con dimitir y Sánchez desmiente el acuerdo que, sin embargo, estaba escrito y firmado. No he leído a ningún economista serio que no reconociera tal acuerdo como un error fatal, inconveniente desde todos los puntos de vista, pero la mano del vicepresidente Pablo Iglesias tras el pacto con Bildu es más que evidente. Deslealtad.
Las medidas antipandemia se decidieron tarde a sabiendas, desde el Ministerio del Interior se toman decisiones contrarias a las garantías judiciales reconocidas en la Constitución, la economía española, hoy tan frágil, se pone en peligro por intereses partidistas. Solo Nadia Calviño inspira confianza, ¿por qué no puede ser presidenta apoyada por una nueva mayoría parlamentaria?