Las reacciones del Gobierno y del PSOE a la sentencia que inhabilita al hermano del presidente, y a la decisión de que sea un juzgado popular el que dictamine la inocencia o culpabilidad de Begoña Gómez, han sido las esperadas: otra vez el lawfare, otra vez la conspiración mediático-judicial, otra vez el relato del poder legítimo acosado por fuerzas oscuras que quieren derribarlo. La coreografía ya la conocemos. Lo que no esperábamos es que, sobre todo en el caso de David Sánchez, uno de los argumentos más utilizado por sus defensores haya sido que “esto pasa en todas partes”, lo que no deja de ser en gran medida cierto, a la vez que explica por qué el hermano y la esposa se atrevieron a hacer lo que hicieron. Como Urdangarin, sin ir más lejos.

Y es que esa sospecha, casi certeza, lejos de exculpar a nadie es precisamente el síntoma más claro de la enfermedad que corroe a España en las últimas décadas. Porque sí, lo ocurrido en Badajoz le recordará a más de uno episodios similares en otros lugares. El nepotismo y el enchufismo están a la orden del día. No hace falta que finjamos. Basta con mirar a las universidades, donde la endogamia se ha convertido en un sistema de reproducción interna que expulsa a la meritocracia como si esta fuera un virus. Basta con observar las plantillas infladas de las administraciones locales y regionales; o la creciente desprofesionalización/politización de los niveles medios y altos de la Administración General del Estado.

El país está lleno de Evaristos y de Carreros, de subordinados que llaman hermanísimo, cuñadísismo o hijísimo al recién llegado y de amigos que lo celebran como si fuera un ascenso natural en la cadena alimenticia del poder. Por eso, cuando algunos se preguntan -como hace el abogado defensor (sic) Javier Pérez Royo– si David Sánchez habría sido procesado y condenado de no ser hermano del presidente, la respuesta es sencilla: probablemente no. Pero no porque no haya habido abuso, sino porque no nos habríamos enterado. La Justicia, probablemente, no se habría enterado.

La ‘mala suerte’ de David Sánchez

El enchufe se habría producido igual, la plaza se habría adjudicado igual, el perjuicio para terceros habría sido idéntico. Solo que nadie lo habría denunciado y el asunto esgtaría enterrado entre la rutina administrativa y la omertà política. Como tantos otros. La verdadera anomalía no es el enchufe: es que esta vez les han pillado. Y ahí está el problema: vivimos en un sistema que ha descontado un cierto grado de putrefacción. Un país donde la frase “esto pasa en todas partes” se utiliza no para denunciar, sino para justificar; donde la resignación se ha convertido en una forma de cinismo social; donde incluso quienes critican con dureza a Sánchez -y del abuso que hace de un descarado nepotismo- acaban utilizando el argumento como atenuante.

La sentencia de Badajoz, con sus aciertos y sus debilidades técnicas, nos ha puesto ante un incómodo espejo. Es cierto que la condena en el caso de David Sánchez, por cooperación necesaria en un delito de prevaricación, es técnicamente controvertida. Penalistas prestigiosos, y nada sospechosos de sanchismo como Gonzalo Quintero, han defendido que la prevaricación es un delito especial, propio, reservado a funcionarios, de modo que extender la responsabilidad penal al beneficiario exige una cierta pirueta argumental. Pero más allá de la calificación jurídica, los que no admiten discusión son los hechos probados. La plaza fue creada ad hoc, sin necesidad administrativa, con funciones adaptadas al beneficiado, modificando la norma posteriormente para adaptarla a la legalidad, y con la participación directa del presidente de la Diputación. El abuso existió. La desviación de poder existió. El perjuicio para terceros existió.

Y esos terceros -los candidatos desplazados, los opositores que nunca tuvieron una oportunidad, los profesionales que ven cómo se cierran puertas antes siquiera de saber dónde están- son los que siempre pierden. Son ellos, no David Sánchez, quienes han tenido peor suerte. Porque cada vez que se adjudica a alguien una plaza en un ayuntamiento, en una consejería o en un ministerio, por razones de cercanía política o personal, hay alguien que se queda fuera, en la perplejidad de un frustrado silencio, y sin que a su caso se le preste la mínima atención en los medios.

Lo que revela este episodio nada tiene que ver con una inexistente conspiración contra el hermano del presidente, sino con la imposibilidad de consolidar en España un sistema de promoción realmente imparcial. Un país equitativo y justo no se construye sobre la resignación ni sobre la idea de que “todos lo hacen”. Se construye sobre instituciones que funcionan, sobre procedimientos que se respetan, sobre la convicción de que el mérito importa más que la proximidad al poder. Sí, ciertamente David Sánchez ha tenido mala suerte por ser quien es. Pero parecida o peor suerte han corrido aquellos a los que el nepotismo ha estrangulado sus expectativas profesionales; los que siguen sin entender por qué ni siquiera se les dio la oportunidad de demostrar su valía.

Dos apuntes sobre Begoña y la sentencia del TJUE

Cosa distinta es el ‘caso Begoña Gómez’. Aquí ya no cabe el argumento de que “esto pasa en todas partes”. Nada tiene de normal que la mujer de Pedro Sánchez acabe sentada en el banquillo por ejercer en su beneficio una “presión moral” como esposa del presidente del Gobierno. Este no es un caso de mero enchufe, ni un favor administrativo, ni una plaza diseñada a medida. Tampoco es normal. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que será juzgada por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Son acusaciones muy graves, con jurisprudencia asentada, como aquella sentencia ratificada por el Supremo por la que se condenó por malversación a un alcalde que utilizó una cuadrilla del ayuntamiento para pintar su casa.

Begoña ha sido el segundo capítulo de una nueva semana negra. Y van… Hasta que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía la tiñó de gris. El Gobierno recibió la noticia como si fuera una absolución universal, un certificado de buena conducta, un aval moral. Pero la sentencia dice lo que dice: que la amnistía no perjudicó los intereses financieros de la UE ni vulneró sus normas sobre terrorismo. Nada menos, pero nada más. El TJUE fija criterio en relación a lo que afecta a los intereses europeos, no a los estrictamente españoles. Y aquí todavía no se ha escrito el último renglón del pulso que mantienen el Constitucional y el Supremo.

La novedad en esta ocasión es la sorpresa que escondía la decisión del TJUE: escurre el bulto y no entra a valorar el fraude político, el daño causado a la convivencia y al Estado de Derecho, pero se permite la licencia de afirmar que el objeto de la ley era “reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación”. Y es esto lo que no vimos venir: que el TJUE hiciera de abogado de parte, perpetrando una interpretación política parcialísima de los hechos, y se prestara a alterar el orden de los factores que desembocaron en una ley arbitraria al situar por encima del verdadero objetivo de la norma -la permanencia de Sánchez en el poder- el subsidiario de una incierta y costosa reconciliación.

Una postdata muy personal: El TJUE está presidido por un belga, un nacional del país que, a poco que nos descuidemos, es capaz ahora de nombrar a Puigdemont hijo predilecto. Bélgica, nuestra peor pesadilla en lo que atañe a la solidaridad judicial; un agujero negro de ineficacia policial. El mejor socio posible para desfigurar la verdad. Acabáramos.