La sucesión de sobresaltos derivados de las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE alcanza tal frenesí que ayer coincidieron las revelaciones de un nuevo informe patrimonial sobre Santos Cerdán, la declaración como imputada por el ‘caso cloacas’ de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la comparecencia en el Senado del número dos de esta, Manuel Llamas, investigado en el mismo procedimiento. La conjunción de indagaciones certifica hasta qué punto las supuestas corruptelas anidadas en la secretaría de Organización socialista han podido inocular su veneno en instituciones como la Guardia Civil, cuyos agentes encuadrados en la UCO nutren a los jueces de los indicios que cercan a los señalados. Resultan intolerables las insidias que Llamas, aún en su cargo como director adjunto operativo de la Guardia Civil, dirigió contra el equipo de la UCO, que es el suyo. El DAO -que, con el amparo del Ejecutivo, sigue en su puesto como su jefa pese a la imputación que pesa sobre ambos- dijo que la unidad de élite actúa con «vanidad» y una «proactividad tóxica»; acusaciones que señalan a los agentes a sus órdenes y ponen en entredicho el criterio de los magistrados concernidos.